La orden de investigar a los servicios secretos de informaci¨®n provoco la alarma del Gobierno
La orden judicial de investigar a los servicios de informaci¨®n y espionaje, civiles y mil¨ªtares, en relaci¨®n con el asesinato del dirigente de la coalici¨®n abertzale Herri Batasuna Santiago Brouard. provoc¨® la alarma del Gobierno. Los dos oficios enviados por el juez del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Bilbao el 13 de diciembre de 1984 al ministro de Defensa, Narc¨ªs Serra, y al titular de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, Jes¨²s Mart¨ªnez, que llegaron posteriormente al ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, fueron entregados al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, 15 d¨ªas despu¨¦s de ser remitidos por la autoridad judicial.Fernando Ledesma los traslad¨®, ante la preocupaci¨®n del Gobierno, al fiscal general del Estado en funciones, C¨¢ndido CondePumpido, quien encauz¨® hacia el fiscal jefe de Bilbao, Ferm¨ªn Hern¨¢ndez, el problema plknteado que culmin¨® con la exclusi¨®n del caso del fiscal Emilio Valerio. Conde-Pumpido se opuso a apartar al mencionado fiscal, que dirig¨ªa las investigaciones desde el mismo d¨ªa del asesinato de Brou.ard, y mantuvo la postura de que las diligencias judiciales fue ran cumplimentadas, dado su ca r¨¢cter irreversible y pese a las resistencias producidas.
Las investigaciones policiales dirigidas por el polic¨ªa Antonio Rosinos, se centran en la extrema derecha y descartan absolutamente la participaci¨®n de ETA en el atentado.
Tambi¨¦n la polic¨ªa desestima la hip¨®tesis de que pudiera tratarse de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL), y no toma inter¨¦s en seguir esta pista, aduciendo que la reivindicaci¨®n y posterior ment¨ªs del atentado no responde a los m¨¦todos habituales de este grupo.
Por otra parte, el portavoz del Ministerio del Interior respondi¨® a un formulario de cinco preguntas solicitado por EL PA?S se?alando que el departamento no respond¨ªa a ninguna cuesti¨®n relacionada con el caso "a fin de no interferir las actuaciones judiciales".
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