Fechas para un refer¨¦ndum

LA LEY establece que los referendos no podr¨¢n celebrarse -salvo en los supuestos de reforma constitucional durante el per¨ªodo comprendido "entre los 90 d¨ªas anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebraci¨®n, en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro refer¨¦ndum". La medida es tan estricta que la eventual convocatoria, durante esos 180 d¨ªas, de unos comicios imprevistos -por la disoluci¨®n anticipada de Ias Cortes Generales o de los Parlamentos auton¨®micos cuyos presidentes dispusieran de tal facultad- dar¨ªa lugar a la suspensi¨®n autom¨¢tica de un refer¨¦ndum ya convocado. Esta cuesti¨®n se ha cargado de insospechadas significaciones pol¨ªticas como consecuencia de la proximidad temporal entre las elecciones a los Parlamentos gallego y andaluz y las fechas inicialmente apuntadas por el Gobierno -febrero de 1986- para el refer¨¦ndum sobre la OTAN. La circunstancia de que el procedimiento de refer¨¦ndum est¨¢ sometido -en lo que no se refiere a las disposiciones de su ley org¨¢nica espec¨ªfica- al r¨¦gimen electoral general puede complicar todav¨ªa m¨¢s la situaci¨®n si el proyecto de nueva ley electoral fuera aprobado r¨¢pidamente e incidiera sobre ese hacinamiento de convocatorias.Las dudas sobre las fechas de renovaci¨®n de la Asamblea de Galicia, cuyas primeras elecciones tuvieron lugar el 20 de octubre de 1981, iniciaron la pol¨¦mica.. La celebraci¨®n de los nuevos comicios podr¨ªa demorarse incluso hasta el 20 de diciembre de este a?o si los plazos para la campa?a electoral fuesen aprovechados al m¨¢ximo. En tal supuesto, el refer¨¦ndum sobre la OTAN no podr¨ªa celebrarse antes del 20 de marzo. La otra garra de la tenaza son los comicios para la renovaci¨®n del Parlamento andaluz, elegido por vez primera el 23 de mayo de 1982. Sin embargo, la cuenta atr¨¢s de estas elecciones deja espacio para la celebraci¨®n del refer¨¦ndum. Si se apura hasta el extremo -en simetr¨ªa con Galicia- el plazo para la convocatoria andaluza, la fecha l¨ªmite: del 23 de julio fijar¨ªa el tope para la consulta sobre la OTAN en el 23 de abril. Esa banda, situada entre el 20 de marzo y el 23 de abril, asegura la viabilidad del refer¨¦ndum pero no agota las posibilidades de su convocatoria. No parece por lo dem¨¢s que el 20 de diciembre, en v¨ªsperas de Navidades y con una meteorolog¨ªa inclemente, sea la fecha ideal para las elecciones gallegas, ni tampoco que el 23 de julio, en pleno veraneo y con calores sofocantes, resulte el mejor momento para los comicios andaluces. Si el buen sentido se impone, el espacio libre para el refer¨¦ndum podr¨ªa ser adelantado a finales de febrero o comienzos de marzo.

Esos problemas de calendario han engendrado una de esas serpientes del lago Ness a las que tan aficionados son algunos pol¨ªticos y comentaristas espa?oles. El globo de mayor volumen ha sido la supuesta existencia de un pacto secreto entre Felipe Gonz¨¢lez y Manuel Fraga para estrangular, con un cordel procesal, el refer¨¦ndum sobre la OTAN. Seg¨²n esa interpretaci¨®n, el presidente del Gobierno y el l¨ªder de Alianza Popular habr¨ªan alcanzado un acuerdo para demorar al m¨¢ximo las elecciones gallegas y para acortar al m¨ªnimo las elecciones andaluzas, de forma tal que se impidiera la consulta. en torno a la Alianza Atl¨¢ntica, emparedada entre los 90 d¨ªas posteriores a los comicios de Galicia -que se fijar¨ªan el 20 de diciembre- y los 90 d¨ªas anteriores a las elecciones andaluzas -que ser¨ªan convocadas antes del 20 de junio. Para que tal hip¨®tesis, m¨¢s bien descabellada, funcionase ser¨ªa preciso que el PSOE, mayoritario en Andaluc¨ªa, entrase en la oculta maniobra y pusiese de manifiesto, al abreviar los plazos de sus elecciones auton¨®micas, que el Gobierno socialista no s¨®lo estaba dispuesto a incumplir sus compromisos, sino que, adem¨¢s, tomaba a los espa?oles por tontos. Por lo dem¨¢s, es harto dudoso, de acuerdo con el estatuto, que las elecciones andaluzas puedan ser adelantadas. El desmentido de Felipe Gonz¨¢lez a ese rocambolesco pacto secreto era casi innecesario: bastaba el sentido com¨²n para pinchar el bulo.

El inmerecido ¨¦xito inicial del rumor puede explicarse por el deseo de algunos de que el refer¨¦ndum no se celebre o por el temor de otros a que la realidad desmienta sus predicciones de que esa consulta nunca tendr¨¢ lugar. El. viraje dado por el Gobierno socialista ha limitado las implicaciones del refer¨¦ndum sobre la Alianza Atl¨¢ntica.. El presidente del Gobierno parece dispuesto a someter a la voluntad popular tan s¨®lo dos de las opciones te¨®ricamente posibles: de un lado, salida de la OTAN, mantenimiento del acuerdo con Estados Unidos y conservaci¨®n de las bases militares ya instaladas; de otro, permanencia en la Alianza Atl¨¢ntica en la situaci¨®n actual sin avanzar en la integraci¨®n militar. Ahora bien, hay, cuando menos, otras dos opciones con defensores en. la sociedad espa?ola: la primera, respaldada por sectores de la izquierda socialista, pretende la salida de la OTAN, la denuncia del tratado con EE UU y el neutralismo armado; la segunda, apoyada por Coalici¨®n Popular, las minor¨ªas nacionalistas y la derecha del PSOE, propugna la plena integraci¨®n en la Alianza Atl¨¢ntica.

Tambi¨¦n es cierto que el refer¨¦ndum har¨¢ pagar al Gobierno un elevado precio pol¨ªtico y aumentar¨¢ considerablemente las tensiones de nuestra vida p¨²blica. Pero los costes para el sistema constitucional ser¨ªan mayores si el presidente incumpliera sus reiteradas promesas de "convocar un refer¨¦ndum para que sea el pueblo espa?ol el que decida acerca de nuestra pertenencia a la OTAN". La estabilidad de un r¨¦gimen democr¨¢tico de pende de la credibilidad que merecen a los representa dos sus representantes. Los Gobiernos tienen derecho a cambiar de opini¨®n y a intentar que la sociedad W siga en su viraje. Pero el respeto hacia el programa electoral en aquellas cuestiones que dependen exclusivamente de una decisi¨®n pol¨ªtica (caso del refer¨¦ndum) y no de variables independientes (caso de la creaci¨®n de 800.000 puestos de trabajo) constituye una obligaci¨®n casi insoslayable en un sistema democr¨¢tico.

La derecha conservadora y las minor¨ªas nacionalistas argumentan que el refer¨¦ndum se har¨ªa innecesario si el Gobierno y la oposici¨®n alcanzasen un acuerdo abrumadoramente mayoritario respaldado por el Congreso de los Diputados. Pero las ca?as del consenso se tornar¨ªan posiblemente lanzas en la campa?a electoral si Felipe Gonz¨¢lez compareciese ante las urnas sin haber cumplido una promesa cuya realizaci¨®n le exigen los militantes de su partido, la mayor¨ªa de los ciudadanos y su propio programa electoral.