La ley de Ciencia, una ley necesaria

y ALBERTO S. INS?ASin embargo, la importancia del tema es evidente. En un marco socioecon¨®mico caracterizado por el incremento del paro, la reconversi¨®n industrial y la integraci¨®n en las Comunida del Europeas, la racionalizaci¨®n y coordinaci¨®n del sector p¨²blico de investigaci¨®n -previo a incremento del gasto en I+D-, aparte de dar satisfacci¨®n a las promesas program¨¢ticas socialistas: presupuesto unificado, incremento de la inversi¨®n y creaci¨®n de una "instancia de gobierno para la ciencia y la tecnolog¨ªa", suponen la ¨²nica salida aceptable si de verdad se desea aproximarnos a un modelo de desarrollo industrial capaz de generar una tecnolog¨ªa propia, disminuyendo el grado de dependencia exterior. La otra alternativa, el modelo liberal que conllevar¨ªa abandonar la investigaci¨®n cient¨ªfica y tecnol¨®gica en manos de un renuente sector privado con una aportaci¨®n m¨¢s que hipot¨¦tica del 20%. al I+D, ni los m¨¢s decididos defensores de la din¨¢mica de las leyes de mercado osar¨ªan plantearlo.Situados, pues, en la tesitura de una pol¨ªtica cient¨ªfica centrada en el sector p¨²blico, el borrador del proyecto de ley que hemos podido conocer no colma precisamente nuestras esperanzas ni justifica la lentitud de su elaboraci¨®n. Resumiendo mucho, cabe decir que, a. nuestro juicio, el proyecto es incompleto y conservador.

Fomentar, una bella palabra

Incompleto, en la medida en que no contempla un incremento programado del gasto, ni la financiaci¨®n de la reforma que se pretende, ni puede hablarse del esperado presupuesto unificado, estando poco claro el origen de los fondos, surgidos de diferentes departamentos ministeriales y, por ende, recortables ante prioridades de ¨²ltima hora. Fomentas la investigaci¨®n es, sin duda, una bella palabra, pero concretar c¨®mo va a pasarse y en qu¨¦ tiempo del 0,45% del PIB al 1%-2,5% de los pa¨ªses occidentales habr¨ªa sido mucho m¨¢s concreto. O se?alar c¨®mo va a llevarse a cabo la formaci¨®n e incorporaci¨®n a puestos de trabajo estables de las decenas de miles de j¨®venes investigadores necesarios para alcanzar un volumen cr¨ªtico que posibilite el. salto cualitativo de pasar. de una investigaci¨®n atomizada a generar unos conocimientos susceptibles de posterior desarrollo.

Por otra parte, la instrumentaci¨®n de la investigaci¨®n en 'planes' quinquenales es, sin duda, un buen planteamiento, pero adolece, como ya apunt¨¢bamos, de una concreci¨®n presupuestar¨ªa clara, con una separaci¨®n bien definida entre lo que son gastos corrientes de los diferentes organismos p¨²blicos de investigaci¨®n (OPIS) y, la financiaci¨®n de los planes. Tampoco se define claramente el origen de los fondos de este ¨²ltimo e important¨ªsimo cap¨ªtulo.

Pero si la falta de precisi¨®n. econ¨®mica es preocupante a¨²n lo es m¨¢s la cortedad de los departamentos ministeriales implicados en el tema: Educaci¨®n y Ciencia e Industria y Energ¨ªa. EL resto: Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n, Obras P¨²blicas, Sanidad, Transportes, Defensa, etc¨¦tera, brilla por su ausencia, aunque dentro del esquema de programas nacionales hay un buen n¨²mero que les afectan. Para agravar a¨²n m¨¢s las cosas, ni Educaci¨®n y Ciencia ni Industria y Energ¨ªa participan con todos sus efectivos. El MEC aporta el Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC), mientras que las universidades -aunque se las cita- quedan discretamente al margen. El caso de Industria es m¨¢s dr¨¢stico, con los ¨²nicos soportes de la Junta de Energ¨ªa Nuclear -que cambia de nombre- y el Instituto Geol¨®gico y Minero. Al INI, posible receptor de tecnolog¨ªa, ni se le nombra.

En lo referente a la pir¨¢mide estructural del organigrama del, planificaci¨®n, gesti¨®n, coordinaci¨®n y seguimiento, el proyecto de ley es conservador y emzcla de forma sorprendente instancias de poder pol¨ªtico, representaci¨®n institucional y socioecon¨®mica con asesor¨ªas t¨¦cnicas. La comisi¨®n interministerial situada en su c¨²spide recuerda demasiado a la fantasmal comisi¨®n delegada del Gobierno en pol¨ªtica cient¨ªfica creada en 1963 y de inexistente actividad. Pero a¨²n es el caj¨®n de sastre del escal¨®n asesor inmediatamente inferior, en el que combinan los caracteres de consejo econ¨®mico y social ?-sindicatos y patronal- con la presencia de expertos procedentes de las reales academias. ?stos y otros expertos se repiten machaconamente a la hora de articular un ¨®rgano de coordinaci¨®n auton¨®mico-estatal de obligada. y constitucional, inclusi¨®n. Parece haberse olvidado por los autores del proyecto un principio ajeno a la ideolog¨ªa, pero plet¨®rico de buen sentido: que no conviene mezclar los temas, y que la guerra (l¨¦ase investigaci¨®n) es demasiado importante para dej¨¢rsela a los militares (l¨¦ase cient¨ªficos).

Participaci¨®n sindical

Este dualismo: representaci¨®n social-representaci¨®n cient¨ªficos de prestigio se plantea de nuevo en el proyecto al nivel de direcci¨®n colegiada de los OPIS. En este sentido, queremos dejar muy claro, en nuestro papel de representantes de los trabajadores los errores que, a nuestro juicio, existen tanto en el contenido, del proyecto como en el procedimiento de consulta, o informaci¨®n del mismo.

No resulta coherente que una ley que instrumenta una pol¨ªtica cient¨ªfica que trasciende al actual Gobierno y se inserta en una pol¨ªtica de Estado de amplia repercusi¨®n social: industrial, cultural, calidad de vida, etc¨¦tera, valore en el mismo plano a instituciones que vertebran el Estado: los sindicatos, frente a agrupaciones corporativas o personas aisladas que s¨®lo se representan a s¨ª mismas. Porque, en definitiva, la representaci¨®n de una central sindical en un organismo trasciende la de los trabajadores al servicio de la instituci¨®n y abarca al conjunto del mundo del trabajo, profundamente interesado en una pol¨ªtica cient¨ªfica y tecnol¨®gica que tan alta incidencia puede tener en la futura configuraci¨®n del sistema productivo y en su plasmaci¨®n en puestos y condiciones de trabajo.

Por eso reclamamos la participaci¨®n sindical tanto en el proceso de elaboraci¨®n e informaci¨®n del proyecto de ley como en su desarrollo reglamentario futuro. En este aspecto, quiz¨¢ el m¨¢s positivo del proyecto, la ley debe significar una puerta abierta para estructurar de una vez por todas unos reglamentos org¨¢nicos y de funcionamiento que, junto al necesario estatuto de personal de los OPIS, reconozcan la especificidad de la funci¨®n investigadora, posibiliten una carrera cient¨ªfico-administrativa de estos trabajadores y establezcan aut¨¦nticas formas democr¨¢ticas de participaci¨®n en la gesti¨®n, rompiendo con el actual modelo corporativo y seudodemocr¨¢tico existente en alguno de ellos, basado en comisiones estamentales de tipo consultivo.

La democracia exige que los funcionarios pasen a ser servidores p¨²blicos en lugar de copropietarios de la funci¨®n que desempe?an, forma habitual en las dictaduras y caracter¨ªstica de subdesarrollo pol¨ªtico y social. Hora es de que se acabe el secuestro que de la soberan¨ªa popular ejercen determinados cuerpos funcionariales de elite de forma m¨¢s o menos subrepticia.

Un proyecto de ley como el de Ciencia debe encontrar apoyos all¨ª donde cabe esperarlos: entre el grueso de los trabajadores de los OPIS y en el conjunto de la sociedad espa?ola. Los sindicatos, y no es descubrir nada nuevo, son pieza fundamental en un proceso consensual en el marco de una sociedad como la nuestra, que orienta su futuro en la direcci¨®n del pacto social.