Sanguinetti: "Reconquistamos el Estado democr¨¢tico de forma plena y total"

Cuentan en Montevideo una an¨¦cdota cierta, la de un di¨¢logo entre Julio Mar¨ªa Sanguinetti y Wilson Ferreira Aldunate, l¨ªder del Partido Nacional o Blanco y jefe de la primera minor¨ªa parlamentaria, en el que el primero dice al segundo: "Tendr¨¢s que colaborar con mi Gobierno; si hay otro golpe militar, a lo mejor yo puedo llevarme mis cuadros, pero desde luego t¨² no te vas a poder llevar tus tierras". Pocas colaboraciones ha encontrado Sanguinetti, y su gesti¨®n, apenas comenzada, no ha tenido un solo d¨ªa de gracia. Al lunes siguiente de su toma de posesi¨®n como presidente constitucional de la Rep¨²blica Oriental del Uruguay (tres millones de habitantes, 6.000 millones de d¨®lares de deuda externa, 52% de inflaci¨®n anual, 70.000 profesionales sobre las armas, 55 d¨®lares mensuales de salario m¨ªnimo), tras 11 a?os de dictadura militar, el aeropuerto internacional de Carrasco interrumpi¨® sus actividades por una huelga pol¨ªtica que dej¨® incomunicado por aire al paisito.

Fueron a la huelga los trabajadores telef¨®nicos y los empleados del canal estatal de televisi¨®n, que tuvo que suspender sus emisiones. En el Parlamento, la oposici¨®n unida -Partido Nacional o Blanco y Frente Amplio- plante¨® la derrota parlamentaria del Gobierno a cuenta de la amnist¨ªa para los presos pol¨ªticos.Julio Mar¨ªa Sanguinetti, de 49 a?os, de ascendencia genovesa, abogado y periodista, casado con la tambi¨¦n periodista e historiadora Marta Canessa, mujer de criterio y pol¨ªticamente activa, con dos hijos, muy culto y notable entendido en artes pl¨¢sticas, duelista a sable de valor y pericia acreditados -se bati¨® por ¨²ltima vez en 1971-, es el hombre decidido a entregar dentro de cinco a?os el poder a otro presidente electo, recuperando las tradiciones uruguayas de estabilidad democr¨¢tica.

Otra an¨¦cdota, tambi¨¦n cierta, completa la primera. Una vieja tendencia adscribe a los uruguayos de origen espa?ol al Partido Nacional o Blanco, y a los de ascendencia italiana, al Partido Colorado. Wilson Ferreira se quejaba amargamente a Sanguinetti por la traici¨®n de los pactos del Club Naval de Montevideo entre colorados, frenteamplistas y la Uni¨®n C¨ªvica con los militares, que propiciaron la salida de la dictadura, pero dejaron fuera del juego electoral a Ferreira (y al propio general L¨ªber Seregni): "Lo del Club Naval, fue como una reuni¨®n de la mafia napolitana...: Sanguinetti, Seregni, Crottogini...". "Quiz¨¢", le replic¨® Sanguinetti, "pero los que ten¨ªamos en frente ten¨ªan todos apellidos espa?oles y los mandaba el general Hugo Medina".

Pregunta. Se?or presidente, ?c¨®mo enjuicia la ola de huelgas con que inicia su mandato?

Respuesta. Las huelgas, la ola que sign¨® el final de la dictadura y que de alg¨²n modo caracteriza tambi¨¦n el comienzo del proceso democr¨¢tico, son una secuela de los 11 a?os de dictadura. Por un lado, hay una especie de tumultuoso renacer de la vida sindical; por otro lado, uno advierte enormes expresiones de inmadurez en la direcci¨®n sindical. F¨ªjese que una huelga de la compa?¨ªa de aviaci¨®n nuestra, cuando a¨²n no se han retirado las delegaciones extranjeras, cuando a¨²n no se ha puesto la nueva direcci¨®n de esa empresa del Estado, porque no se aceptan ¨®rdenes de ning¨²n comandante militar, es una demostraci¨®n de suprema inmadurez, de suprema desubicaci¨®n de lo que son los sentimientos del pa¨ªs. La herencia de la dictadura es una situaci¨®n sindical mal dirigida, mal madurada y mal controlada.

Ley de Amnist¨ªa

P. ?Y el intento de la oposici¨®n de derrotarlo parlamentariamente por diferencias de la ley de Amnist¨ªa?R. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para lograr que haya un Gobierno de unidad nacional, hemos ofrecido puestos en el Gabinete, hemos ofrecido puestos en los entes aut¨®nomos, hemos ofrecido a todos los partidos de la oposici¨®n, de un modo generoso y casi in¨¦dito en la historia del pa¨ªs, la posibilidad de integrarse en el Gobierno. No he tenido la respuesta que esperaba, pero tampoco me siento defraudado.

El Parlamento se ha iniciado manejando precipitadamente el tema de la amnist¨ªa, tratando de hacer de ello una bandera pol¨ªtica, que como tal est¨¢ profundamente equivocada. En el Uruguay los presos pol¨ªticos en un 95% fueron todos presos por luchar contra la democracia, y no por luchar contra la dictadura, por tanto, son todos presos anteriores a 19 73, anteriores al golpe de Estado. Pese a lo cual, creemos que el pa¨ªs debe en este momento hacer una amnist¨ªa generosa que abra una nueva etapa [La ley fue promulgada por el presidente uruguayo el s¨¢bado pasado, horas despu¨¦s de conceder esta entrevista]. Desgraciadamente el sector mayoritario del Partido Nacional y el Frente arremeten con una amnist¨ªa total e irrestricta que conforme al resultado electoral es impopular y minoritaria en el pa¨ªs, porque si uno suma los grupos que defienden la amnist¨ªa irrestricta, advierte eso. Y no es la respuesta a una actitud intransigente del Gobierno, sino que, peor que eso, es una arrogancia parlamentaria frente a un Gobierno que ha buscado la conciliaci¨®n.

Nosotros no dijimos nunca que no salieran los presos; lo ¨²nico que estamos diciendo es que aquellos presos que cometieron homicidios deben salir en otro momento, en poco tiempo, pero en otro momento, y adem¨¢s por otro procedimiento que no sea la amnist¨ªa, que supone la eliminaci¨®n total del delito. Debe entenderse que si alguien contribuy¨® de un modo decisivo a la irrupci¨®n de los militares en la vida pol¨ªtica fueron en su momento quienes creyeron en el cambio violento. Y es un error el enfrentamiento, porque a un Gobierno democr¨¢tico que nace con todas las hipotecas tras 11 a?os de dictadura es evidente que no hay que enfrentarlo, y a¨²n menos debilitarlo, con temas tan sensibles.

El modelo uruguayo

P. ?C¨®mo definir¨ªa el modelo uruguayo de salida de una dictadura militar, tan distinto del argentino o el brasile?o?R. Uruguay ha tenido un proceso de salida que hemos venido desarrollando a partir de 1980, en el plebiscito que rechaz¨® la reforma militar de la Constituci¨®n. Es muy claro que hube una estrategia que apunt¨® desde 1980 a lograr una politizaci¨®n progresiva del pa¨ªs, la reafirmaci¨®n de los partidos y luego la negociaci¨®n con los militares apoyada por la movilizaci¨®n popular. ?sta fue la l¨ªnea t¨¢ctica paralela a una l¨ªnea estrat¨¦gica que siempre consider¨® que no habr¨ªa salida democr¨¢tica en el Uruguay, sino a trav¨¦s de un acuerdo con los militares que permitiera una soluci¨®n negociada. ?sta pudo venir antes que en 1984, pero el Gobierno habr¨ªa nacido con condicionamientos absolutamente inaceptables.

La negociaci¨®n se llev¨® y se estir¨® hasta la soluci¨®n definitiva que encontramos en el Club Naval, porque all¨ª encontramos ya una situaci¨®n en la que ni el poder legislativo ten¨ªa ning¨²n condicionamiento sobre sus funciones, ni el poder ejecutivo sobre sus facultades, ni el poder judicial sobre su independencia. Esto es objetivo: nadie puede demostrar que en el pacto del Club Naval surgi¨® ninguna limitaci¨®n. El hecho de que se previera, por ejeinplo, la aceptaci¨®n de la sobrevivencia de la figura de un estado de insurrecci¨®n, que es igual a la que existe en la Constituci¨®n espa?ola, palabra m¨¢s, palabra menos, podr¨¢ ser discutido como instituto jur¨ªdico o facultad del Ejecutivo, pero en todo caso no es ian atributo militar, por cuanto esa facultad se le da al poder ejecutivo, y el Parlamento ser¨¢ el encargado de sancionarla o levantarla.

Del Club Naval no eman¨® nada que limitara las facultades del Gobierno o el Parlannento. Eso para nosotros era funclamental, se trataba de hacer un tr¨¢nsito logrando lo esencial: que un ej¨¦rcito que estaba pol¨ªticamente cercado, pero que no se sent¨ªa moralmente derrotado como lo estuvo el argentino despu¨¦s de la guerra de las Malvinas, realmente entregara el poder. Y eso nos ha permitido una reconquista del Estado democr¨¢tico en forma plena y total.

Estamos a tres d¨ªas h¨¢biles de instalado el Gobierno y en ellos se han levantado todas las modalidades de censura que pod¨ªan existir, se han levantado todas las restricciones que exist¨ªan en la salida o entrada del pa¨ªs de todos los ciudadanos, se ha legalizado al Partido Comunista y a todas las organizaciones que estaban prohibidas, se ha enviado al Congreso un proyecto de ley de pacificaci¨®n nacional que incluye una amnist¨ªa y contiene tambi¨¦n la ratificaci¨®n de una convenci¨®n internacional de derechos humanos como es la de San Jos¨¦, que incluso acepta la jurisdicci¨®n internacional de cualquier corte en materia de derechos humanos. Hemos enviado un proyecto de ley estableciendo el recurso de amparo, otro estableciendo el derecho a la defensa legal desde el momento de la detenci¨®n administrativa; el pa¨ªs est¨¢ gozando en forma total de su libertad.

P. No se pact¨® en el Club Naval la permanencia en sus cargos por un a?o de los tres comandantes de las fuerzas armadas.

R. Eso nunca existi¨® y en el Uruguay esa versi¨®n nunca circul¨® mayormente. Ha circulado en el exterior. Y ni aun los impugnadores del Club Naval han usado esa versi¨®n en la campa?a electoral. Es notorio y p¨²blico que los comandantes dijeron que sus cargos estaban a disposici¨®n, y yo los he ratificado por muchas circunstancias, la primera de las cuales es que si con estos tres comandantes logramos pactar las condiciones de salida no hay otros generales mejores que ellos para asegurarla en este instante. Sobre todo porque el alejamiento de estos comandantes s¨®lo implicar¨ªa su sustituci¨®n por otros generales tan del r¨¦gimen anterior como ellos. No existe la posibilidad de inventar un general o un coronel, hay que tomarlos de las filas profesionales en las que se han formado. Lo importante no son las personas, sino su conducta. Lo que importa es que esos generales que fueron del viejo r¨¦gimen ahora act¨²en dentro de la subordinaci¨®n que han aceptado.

Personalmente creo que el acuerdo del Club Naval fue, aparte de muy bueno para la salida, muy bueno desde este ¨¢ngulo: que el Ej¨¦rcito uruguayo acept¨® su subordinaci¨®n al poder civil mediante un acuerdo y luego de una discusi¨®n previa cara a cara entre los pol¨ªticos y los militares. No es una situaci¨®n en la que una parte se considera victoriosa y en la que otra, derrotada, se retira a incubar con esp¨ªritu de revancha el momento en que pueda volver a actuar. La subordinaci¨®n militar fue aceptada p¨²blica y expresamente.

P. ?Su Gobierno, como el argentino, promover¨¢ procesamientos contra presuntos responsables de los cr¨ªmenes de la dictadura?

R. En estas cosas, tomar ejemplos extranjeros no es bueno. En Per¨², Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Espa?a no hubo un proceso de juzgamiento de los militares que anteriormente ocuparon el poder. Argentina es un caso excepcional y responde a la excepcionalidad de aquella dictadura. Aqu¨ª podemos decir que no va a haber una revisi¨®n con esp¨ªritu de revancha. Eso no quiere decir que cualquier crimen cometido m¨¢s all¨¢ de lo que pudieran ser circunstancias b¨¦licas no pueda ser tratado por la justicia.