Portugal vive la pol¨¦mica de la reprivatizaci¨®n 10 a?os despues de las nacionalizaciones

Hace 10 a?os, una tumultuosa reuni¨®n de la Asamblea del Movimiento de las Fuerzas Armadas, convocada despu¨¦s del fracaso del intento de golpe de Estado del general Antonio de Sp¨ªnola, creaba el Consejo de la Revoluci¨®n portuguesa. La nacionalizaci¨®n de la banca, de los seguros y de otros sectores de la econom¨ªa portuguesa fue, a partir del 13 de marzo de 1974, la imagen de marca del nuevo poder que emerg¨ªa en Portugal. La disputa sobre el futuro de las empresas p¨²blicas y de la revisi¨®n de la Constituci¨®n en sus materias econ¨®micas es el tel¨®n de fondo de las crecientes dificultades de la coalici¨®n de socialistas y socialdem¨®cratas que apoya el Gobierno de Mario Soares.

LisboaEl mundo entero juzg¨® inminente la colectivizaci¨®n completa de la econom¨ªa lusa y la ca¨ªda de Portugal en la ¨®rbita sovi¨¦tica, pero pocas voces se levantaron entonces en el interior del pa¨ªs para contestar las nacionalizaciones. Ninguno de los cuatro grandes partidos se opuso, ni siquiera el CDS (Centro Democr¨¢tico Social), que defend¨ªa entonces un "socialismo personalista" en la l¨ªnea de la doctrina social de la Iglesia.La Constituci¨®n, promulgada en mayo de 1976, despu¨¦s de las primeras elecciones y del contragolpe de noviembre de 1975 -que alej¨®, seg¨²n la terminolog¨ªa de la ¨¦poca, el peligro de asalto comunista al poder-, consagr¨® la "irreversibilidad de las nacionalizaciones de 1975". M¨¢s a¨²n, la revisi¨®n constitucional de 1982 mantuvo, por voluntad expresa del Partido Socialista de Portugal (PSP), el principio de irreversibilidad de las nacionalizaciones y el modelo de econom¨ªa mixta.

Como mucho, el PSP admite una alteraci¨®n de la legislaci¨®n sobre los l¨ªmites de los sectores p¨²blico, privado y cooperativo de la econom¨ªa, y, desaparecido el Consejo de la Revoluci¨®n, hizo aprobar ya medidas concretas destinadas a abrir a la iniciativa privada sectores hasta entonces monopolio del Estado, como el de la banca, o a permitir la participaci¨®n de capitales privados en empresas estatales o la venta de participaciones estatales en empresas mayor?tariamente privadas.

En sus m¨¢s recientes declaraciones p¨²blicas, Mario Soares tuvo oportunidad de definirse como un liberal en materia pol¨ªtica, pero no tanto en materia econ¨®mica", y el pensamiento de los actuales responsables socialistas de la econom¨ªa portuguesa es que una liberalizaci¨®n excesiva, con el desmantelamiento del sector p¨²blico y la reprivatizaci¨®n de la mayor parte de las empresas estatales, provocar¨ªa un caos y efectos negativos "conio m¨ªnimo tan graves como las nacionalizaciones salvajes del 13 de marzo de 1975".

"Acabar con el Gobierno"

Agravada por el ambiente preelectoral que se vive ya en Portugal, la pol¨¦mica sobre el futuro de las empresas p¨²blicas y la revisi¨®n de la Constituci¨®n puede, en las pr¨®ximas semanas, provocar convulsiones en el interior del Gobierno y hacer inevitable la ruptura de la coalici¨®n y la convocatoria de elecciones anticipadas.En el ¨²ltimo consejo nacional del partido socialdem¨®crata, el ministro de Agricultura, ?lvaro Barreto, asumi¨® el compromiso formal de dimitir en mayo si hasta aquella fecha no fuese concluida la aprobaci¨®n de la nueva legislaci¨®n agraria, a la que los comunistas y los sindicatos que controlan califican de "contrarreforma agraria".

Con el doble objetivo de "acabar con la anarqu¨ªa que se instal¨® en la zona de reforma agraria" y ingresar unos miles de millones de escudos en las arcas del Estado, el ministro socialdem¨®crata de Agricultura no se propone ¨²nicamente devolver a sus propietarios los dos tercios de las 1.200.000 hect¨¢reas expropiadas u ocupadas desde 1975, sino tambi¨¦n transformar las unidades colectivas sobrevivientes en empresas capitalistas cl¨¢sicas arrendatarias de tierras del Estado.

Para el l¨ªder comunista, ?lvaro Cunhal, que se ha llegado a un mo mento crucial y que "el movimiento popular debe acabar en las pr¨® ximas semanas con este Gobierno o este Gobierno acabar¨¢ con las conquistas de la revoluci¨®n de abril de l974".

La confederaci¨®n sindical CGTP-Intersindical, mayoritariamente comunista, realiz¨® ayer una jornada de lucha, con manifesta ciones en Lisboa y en las restantes capitales de provincia, cuyo lema principal fue "la defensa de las nacionalizaciones".

Recordando el inicio del proceso pol¨ªtico que en pocos meses llev¨® a la apropiaci¨®n por el Estado de 16 bancos e instituciones financieras, 40 compa?¨ªas de seguros, 59 empresas industriales, varias decenas de empresas de transportes y siete empresas de comunicaci¨®n social, el presidente de la poderosa patronal CIP, Pedro Ferraz da Costa, asume el car¨¢cter pol¨ªtico de la iniciativa ahora tomada de denunciar, junto al Defensor del Pueblo, "los atentados contra los derechos de la persona humana" perpetrados ininterrumpidamente por el Estado portugu¨¦s en los ¨²ltimos 10 a?os, solicitando la declaraci¨®n de inconstitucionalidad de "todas las disposiciones legales hasta ahora publicadas y nunca cumplidas en materia de nacionalizaciones" y amenazando con demandar el Estado portugu¨¦s ante la Comisi¨®n de los Derechos Humanos del Consejo de Europa por violaci¨®n de las convenciones europeas ratificadas por Portugal y de la propia Constituci¨®n lusa.

Indemnizaciones

Ferraz da Costa record¨® el pasado 11 de marzo que "cerca de medio mill¨®n de portugueses afectados por las nacionalizaciones de 1975 a¨²n no fueron indemnizados y que la ley del 26 de octubre de 1977, que promet¨ªa el c¨¢lculo, en el plazo de 90 d¨ªas, del montante de las indemnizaciones debidas qued¨® sin efecto pr¨¢ctico. Otra ley, de 1980, que preve¨ªa la entrega de t¨ªtulos provisionales de iridemnizaci¨®n, cre¨® nuevas injusticias, violando el principio de igualdad ante la ley.Ferraz da Costa admite que el problema es de tales proporciones que su soluci¨®n no puede ser "r¨¢pida, f¨¢cil, ni t¨¦cnicamente perfecta", pero considera que tampoco se puede transigir con la decisi¨®n del Gobierno de "no hacer nada", patente, seg¨²n ¨¦l, en los Presupuestos del Estado para 1985.