Un proyecto detestable

LAS PROPUESTAS sobre reforma de la Seguridad Social que el Gobierno ha entregado hace unos d¨ªas de manera oficial al sindicato UGT y a la patronal CEOE no pueden ser m¨¢s desafortunadas: tienen como eje y principal objetivo el recorte de las actuales prestaciones, as¨ª como el endurecimiento de los requisitos para tener derecho a las mismas. Mientras tanto, faltan todav¨ªa los proyectos de reforma de aspectos tan importantes como la sanidad p¨²blica y la financiaci¨®n de la Seguridad Social. Y no deja de ser parad¨®jico que sea un Gobierno socialista el encargado de aplicar unas medidas que se plantean, aun con todas las cautelas iniciales, como p¨¦rdida de muchos de los beneficios que han venido disfrutando los trabajadores en los ¨²ltimos a?os.La necesidad de sanear financieramente la Seguridad Social, amenazada de quiebra, exige medidas duras de ajuste; pero va a resultar dificil al Gobierno convencer de la bondad de unas exigencias que, para asegurar la supervivencia del sistema, perjudican en muchos casos los derechos adquiridos de los m¨¢s d¨¦biles. M¨¢xime cuando, como en este caso, las medidas que se plantean ponen en peligro el derecho a una vejez asegurada en lo econ¨®mico a miles de trabajadores. La ampliaci¨®n a 15 a?os de la cotizaci¨®n, frente a los 10 actuales, y sobre todo la obligatoriedad de que al menos tres a?os de cotizaci¨®n est¨¦n comprendidos entre los ¨²ltimos 10 a?os de vida laboral, puede hacer perder a miles de trabajadores unos derechos por los que han venido contribuyendo. Hay casos dram¨¢ticos: quienes volvieron del exilio al calor de la democracia y han venido cotizando durante los casi dos lustros que han transcurrido desde el fin de la dictadura no van a poder jubilarse ahora con pensi¨®n.

De ninguna manera podemos creer que un Gobierno de izquierdas sea incapaz de resolver el problema de la Seguridad Social si no es da?ando a los m¨¢s indefensos. De ninguna manera se puede aceptar que, mientras se aparca la reforma sanitaria por presiones de los grupos de intereses y se despilfarra en burocracias superpuestas y en delirios protocolarios, los jubilados de la Seguridad Social vean despreciados sus derechos. Y no parece que una situaci¨®n de desempleo como la que soporta el pa¨ªs, en la que son precisamente los trabajadores de m¨¢s de 45 a?os los que mayores dificultades tienen para encontrar trabajo, sea la m¨¢s adecuada para implantar medidas como las que comentamos. Argumentar que para estos casos se garantizar¨¢n las pensiones no contributivas -es decir, las de indigencia- es casi ofensivo.

El car¨¢cter restrictivo de las propuestas se acent¨²a en las prestaciones de supervivencia -viudedad y orfandad-, que sufren una reforma en profundidad con el ¨²nico objetivo de reducir en lo posible el n¨²mero de beneficiarios. Es verdad que muchas de las pensiones de viudedad que hoy se vienen satisfaciendo no tienen, bajo un punto de vista social, ninguna defensa. Pero al cortar en todos los casos por el mismo rasero se corre el riesgo de provocar situaciones de mayor injusticia que las que se quieren atajar.

Negar el derecho a la pensi¨®n de viudedad al c¨®nyuge superviviente menor de 45 a?os puede empujar a la miseria a miles de personas, sobre todo cuando, como en el caso concreto de la mujer espa?ola, ¨¦sta, por cultura, por formaci¨®n y por la situaci¨®n de paro, se ha visto contra su voluntad apartada del mundo del trabajo. Cabe preguntarse c¨®mo encontrar¨¢ trabajo una viuda de 42 a?os que no lo encontr¨® ni a los 20 ni a los 30. Por otra parte, establecer la discriminaci¨®n por edad es una vulneraci¨®n obvia de la igualdad de los espa?oles garantizada por la Constituci¨®n. La insistencia del Gobierno en la necesidad de que exista un v¨ªnculo matrimonial entre la pareja para tener derecho a la pensi¨®n de viudedad u orfandad responde a un criterio tan reaccionario como miserable, aparte de que es una medida que aumenta la indefensi¨®n objetiva de las mujeres en nuestra sociedad. El Gobierno ignora con ello, por otra parte, que son ya varias las sentencias judiciales que obligan a la Seguridad Social a pagar la pensi¨®n cuando la convivencia y la dependencia econ¨®mica del asegurado han quedado demostradas, independientemente de que esa situaci¨®n familiar no estuviera legalizada oficialmente.

El sistema de negociaci¨®n que ha impuesto el Ministerio de Trabajo es tan detestable como el proyecto a negociar. Al margen de las razones jur¨ªdicas que avalen la exclusi¨®n de CC OO por no haber firmado el Acuerdo Econ¨®mico y Social (AES), resulta dificil defender que en este punto concreto se trate de ignorar a un sindicato que representa a un alto n¨²mero de trabajadores. El Gobierno parece haberse preocupado m¨¢s de intentar conseguir el consenso con UGT que de establecer unas bases claras de negociaci¨®n con todos los interlocutores sociales. Sin embargo, el propio sindicato socialista ha expresado fuertes reparos sobre las intenciones gubernamentales, criticando lo que, a su juicio, parece un conjunto de medidas parciales dirigidas a recortar las prestaciones sin plantearse una verdadera reforma de la Seguridad Social.