El fracaso de la pol¨ªtica policial

LOS GRAVES incidentes ocurridos en la 3? Compa?¨ªa, de Polic¨ªa Nacional de Le¨®n, concluidos con la renuncia (y simult¨¢neo reingreso en el Ej¨¦rcito de Tierra) del capit¨¢n que ostentaba su jefatura, muestran la urgencia, de que el Ministerio del Interior se enfrente con los problemas que la indefinida naturaleza de las fuerzas de seguridad -a medio camino entre la Administraci¨®n militar y la civil- plantea a quienes las integran. En Le¨®n, y tambi¨¦n en otros lugares, el empe?o de algunos mandos en tratar como reclutas a unos polic¨ªas profesionales, ha dado origen a unos conflictos cuyas potencialidades desestabilizadoras a nadie se le escapan.Pero la responsabilidad ¨²ltima de ese deterioro de las relaciones jer¨¢rquicas dentro de la Polic¨ªa Nacional corresponde al Ministerio del Interior, que ha dejado pudrir la situaci¨®n con su pol¨ªtica de espera, metiendo en un caj¨®n la anunciada ley org¨¢nica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aplazando la legalizaci¨®n de los sindicatos de la Polic¨ªa Nacional y manteniendo intactas las estructuras recibidas del pasado. A finales del ¨²ltimo mes de octubre el director de la Seguridad del Estado anunci¨® el prop¨®sito de llevar a cabo la paulatina integraci¨®n del Cuerpo Superior de Polic¨ªa y de la Polic¨ªa Nacional y la creaci¨®n de una polic¨ªa civil unificada, pero los meses transcurridos desmienten esa declaraci¨®n.

,La Constituci¨®n distingue n¨ªtidamente entre la estructura y el papel de las Fuerzas Armadas (regulados por el art¨ªculo 8) y las caracter¨ªsticas y las misiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad (definidas por el art¨ªculo 104). Ese principio diferenciador, de alcance general, deber¨ªa servir de criterio de orientaci¨®n al poder legislativo a la hora de dar cumplimiento al mandato constitucional seg¨²n el cual corresponde a una ley org¨¢nica la determinaci¨®n de "las funciones, principios b¨¢sicos de actuaci¨®n y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad". Mientras esa norma no se promulgue, sin embargo, seguir¨¢ vigente la ley de la Polic¨ªa de 4 de diciembre de 1978, cuyo articulado se inspira todav¨ªa en un modelo militarizado.

Pero, m¨¢s all¨¢ de los aspectos jur¨ªdicos, existe un amplio consenso pol¨ªtico y doctrinal a la hora de afirmar que la militarizaci¨®n de la administraci¨®n policial es incongruente con el dise?o de un Estado democr¨¢tico basado en la soberan¨ªa popular y en el ejercicio de las libertades. Si bien la jerarqu¨ªa y la disciplina resultan imprescindibles en la estructura de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la copia para este fin de las pautas militares resulta incongruente en una organizaci¨®n de car¨¢cter civil que reconoce el derecho a la libre sindicaci¨®n. El problema no es tanto de personas como de reglas. Para la futura desmilitarizaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional, el hecho de que los actuales mandos procedentes del Ej¨¦rcito se vean obligados a elegir entre el reingreso en las Fuerzas Armadas o la definitiva incorporaci¨®n a las fuerzas de seguridad es un aspecto meramente coyuntural. El dato decisivo ser¨¢n las reformas jur¨ªdico-administrativas que permitan la unificaci¨®n de los cuerpos de seguridad, aseguren su car¨¢cter civil y delimiten las competencias y las atribuciones de sus mandos.

La modernizaci¨®n de la administraci¨®n policial es una de las metas de cambio que el Gobierno no puede dejar para otra eventual legislatura. Seg¨²n el programa electoral del las causas que explicaban el escaso rendimiento de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un polic¨ªa por cada 240 habitantes), eran la infrautilizaci¨®n de la polic¨ªa, la dispersi¨®n de sus medios y la desorganizaci¨®n. Entre las reformas propuestas por los socialistas figuraban la racionalizaci¨®n de las estructuras policiales, mediante la subordinaci¨®n de los intereses particulares de los cuerpos al inter¨¦s general de la sociedad; la especializaci¨®n de las diferentes polic¨ªas (reservando la investigaci¨®n a los polic¨ªas de paisano y la prevenci¨®n y la presencia en la calle a los polic¨ªas uniformados); el reforzamiento de la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior y el estudio de su reforma para adecuarla a las realidades espaciales; la coordinaci¨®n de la polic¨ªa del Estado y de la Guardia Civil con las polic¨ªas auton¨®micas y municipales; nuevos sistemas de selecci¨®n y formaci¨®n del personal; el amparo del derecho de sindicaci¨®n; la potenciaci¨®n de las polic¨ªas municipales y locales.

Hasta el momento, ninguno de esos objetivos ha sido realizado. No se puede decir, en verdad, que el Ministerio del Interior haya sido fiel a las promesas que se hicieron a los votantes socialistas. El resultado es aleccionador: los polic¨ªas antidisturbios se dedican a provocarlos y el jefe de la lucha antiterrorista es un conocido ex fabricante de terror entre los sindicalistas de izquierda.