Favorable acogida en medios feministas al eventual pago de los abortos por el Insalud

La afirmaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Rivera, subdirector general de Medicina Primaria y Laboral del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), de que la Seguridad Social atender¨¢ las demandas de aborto en el caso de que el Tribunal Constitucional apruebe la ley han sido favorablemente acogidas en medios feministas.

MadridPara Victoria Abril, asesora t¨¦cnica en materia de sanidad del Instituto de la Mujer, la afirmaci¨®n de Rivera supone "el reconocimiento de un derecho elemental de las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo y se encuentren en alguna de las situaciones que contempla la ley, ya que, en el supuesto de que se despenalizara en los mismos t¨¦rminos que sali¨® del Parlamento, dos de las intervenciones -riesgo para la vida de la madre y malformaciones fetales- est¨¢n consideradas de alto riesgo cl¨ªnico y, por lo tanto, deben ser atendidas en la sanidad p¨²blica, que tiene los medios para ello. De lo contrario, se dar¨ªa una situaci¨®n de injusticia con respecto a las mujeres que tengan menos posibilidades econ¨®micas y no puedan acudir a una cl¨ªnica privada".Para Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer, la pol¨¦mica que las declaraciones del doctor Rivera puede provocar desv¨ªa la atenci¨®n del principal problema. "Nadie puede separar el aborto de la planificaci¨®n familiar porque surge precisamente cuando fracasa esta planificaci¨®n y en Espa?a, aunque llevamos ocho a?os de democracia, a¨²n no se ha resuelto el problema de la planificaci¨®n, que aborda varios campos, aparte el sanitario. Es en muchos sentidos un problema de educaci¨®n y calidad de vida. Las clases m¨¢s favorecidas tienen acceso a la medicina privada y las mujeres en peores condiciones econ¨®micas desconocen los m¨¦todos de planificaci¨®n o, en caso de que los conozcan, no tienen acceso a ellos".

La planificaci¨®n

"Hace falta", contin¨²a Carlota Bustelo, "que el aborto se regularice cuanto antes, pero hay algo m¨¢s urgente: conseguir que la planificaci¨®n est¨¦ al alcance de todos. Ahora se est¨¢n dando listas de espera de m¨¢s de un a?o en algunos centros. Como directora del Instituto de la Mujer, tengo que conseguir que estas prestaciones est¨¦n dentro de la Seguridad Social. La red de asistencia p¨²blica tiene capacidad para ello, pero es una batalla muy dura".Seg¨²n un estudio que est¨¢ a punto de concluirse, financiado por el Instituto de la Mujer, con los datos proporcionados por cl¨ªnicas del Reino Unido, Holanda, Portugal y Francia, se producir¨ªa un m¨ªnimo de 100.000 abortos anuales de espa?olas. En el debate celebrado en el Congreso de Planificaci¨®n Familiar de La Coru?a un grupo de mujeres de Santiago de Compostela reconoci¨® que en los ¨²ltimos cinco meses hab¨ªan ayudado a 188 mujeres a abortar en el extranjero y esto supuso un coste superior a los cuatro millones de pesetas.

Para Carlota Bustelo, ha sido importante el hecho mismo de que se pueda celebrar este congreso de La Coru?a, pero se ha puesto de manifiesto "que todos somos menos eficaces de lo que deber¨ªamos. Avanzamos muy lentamente. Ser¨ªa conveniente para esto que hubiera un movimiento organizado y con mayor incidencia".

En las conclusiones elaboradas por la comisi¨®n gestora se sit¨²a como punto prioritario que las prestaciones de planificaci¨®n familiar se adec¨²en a la demanda de la poblaci¨®n, incluy¨¦ndose los actuales equipos dentro de la red del Insalud, para evitar redes paralelas que ofrecen un mismo servicio.

Las dificultades para esta integraci¨®n estar¨ªan en los profesionales de otros sectores, como asistentes sociales y psic¨®logos, ya que no hay una regulaci¨®n jur¨ªdica que lo facilite.

Carta de Rivera

Jose Mar¨ªa Rivera, en carta dirigida a este peri¨®dico sobre sus declaraciones en La Coru?a (ver EL PAIS de 19 de marzo), puntualiza que el Insalud, dado que el aborto no est¨¢ actualmente legalizado en Espa?a, no ha planificado una prestaci¨®n no reconocida en el ordenamiento jur¨ªdico y que, en caso de ser legalizado, en ning¨²n caso se obligar¨¢ a los profesionales a actuaciones sanitarias que vayan en contra de su propia conciencia.Su declaraci¨®n, a?ade Rivera, "estaba enmarcada en un contexto m¨¢s amplio y no se limit¨® s¨®lo al tema de la anticoncepci¨®n".