El PSOE ofrece a las minor¨ªas una negociaci¨®n global sobre la ley del Poder Judicial

El Pleno del Congreso, en sus dos primeros d¨ªas de debates sobre el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), dedicados en su mayor parte a la regulaci¨®n y organizaci¨®n de los juzgados y tribunales, cont¨® con la oposici¨®n de las minor¨ªas nacionalistas, que consideraron la ley atentatoria contra sus respectivos estatutos de autonom¨ªa. Los socialistas defendieron "un solo modelo de justicia para todos los espa?oles", pero prometieron reestudiar algunos temas en el Senado. Esta oferta est¨¢ condicionada al consenso global sobre la ley.

El Senado, como C¨¢mara de representaci¨®n territorial, es considerada por la mayor¨ªa socialista como marco adecuado para una reconsideraci¨®n de algunos aspectos auton¨®micos de la LOPJ. En realidad, seg¨²n fuentes parlamentarias socialistas, el PSOE desea ganar tiempo hasta conocer la actitud final adoptada por las minor¨ªas en torno a los puntos m¨¢s espinosos de la ley, en especial el de la elecci¨®n parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un amplio consenso del arco parlamentario, que permitiera aislar al Grupo Popular en su papel de abanderado pol¨ªtico de la mayor¨ªa conservadora de la carrera judicial, ser¨ªa un precio pol¨ªtico suficiente para que los socialistas modificaran su actitud en los aspectos auton¨®micos de la ley.Las dificultades para que estos cambios puedan producirse son m¨ªnimas, ya que el endurecimiento auton¨®mico se ha producido en la Comisi¨®n de Justicia e Interior, que modific¨®, a instancia socialista, el inicial proyecto de ley. Hasta tal punto es as¨ª que la oposici¨®n nacionalista ha mantenido en el Pleno del Congreso, en relaci¨®n con varios art¨ªculos, como "mal menor", el propio proyecto del Gobierno, por entender que se ajustaba m¨¢s que el nuevo texto a lo establecido en los estatutos de autonom¨ªa.

El portavoz de la Minor¨ªa Catalana, Josep Maria Trias de Bes, explic¨® que algunos estatutos de autonom¨ªa resultar¨¢n vulnerados por la futura ley, ya que concede al Estado la competencia en la determinaci¨®n de las demarcaciones judiciales, contra lo establecido en estatutos, como el catal¨¢n, que confieren a la comunidad aut¨®noma la regulaci¨®n de esta materia. Igualmente denunci¨® el recorte de las atribuciones estatutarias de los Tribunales Superiores de Justicia, de los que la mayor¨ªa socialista ha suprimido la Sala de Recursos.

'LOAPA' judicial

En opini¨®n de Trias de Bes, estos y otros datos hacen a la LOPJ merecedora de la consideraci¨®n de "LOAPA del poder judicial". El diputado socialista Carlos L¨®pez Ria?o contest¨® que, desde una perspectiva progresista, "queremos un solo modelo de justicia para todos los espa?oles". Reconoci¨® las ventajas del modelo auton¨®mico de Estado, pero a?adi¨® que, tras m¨¢s de cinco a?os de funcionamiento del mismo, "es conveniente que no hagamos con nuestra justicia algo que despu¨¦s no funcione o se contradiga".

En cuanto a la soluci¨®n alternativa brindada por el Grupo Popular, seg¨²n la cual las m¨¢ximas competencias en la materia deben atribuirse al CGPJ, L¨®pez Ria?o advirti¨® que "ser¨ªa perjudicial para los autonomistas". El portavoz socialista pidi¨® a todos la m¨¢xima colaboraci¨®n para regular los problemas de la justicia en el marco del Parlamento de la naci¨®n.

Trias de Bes insisti¨® en que actuaba como "representante del pueblo espa?ol y en defensa del bloque de constitucionalidad, integrado por la Constituci¨®n y los estatutos". "Actitud que no debe confundirse", dijo, "con la defensa de particularismos". Reproch¨® al PSOE que vulnere y minusvalorelos estatutos de autonom¨ªa, actitud que har¨¢ muy dificil, seg¨²n dijo, alcanzar el consenso sobre la ley. Con menor insistencia, el diputado del PNV Joseba Zub¨ªa mantuvo tesis y enmiendas similares.

La mayor parte de los 109 art¨ªculos aprobados por el Pleno del Congreso, que proseguir¨¢ sus debates sobre la LOPJ el martes pr¨®ximo, se refieren a la organizaci¨®n de los juzgados y tribunales y a la extensi¨®n y l¨ªmites de su jurisdicci¨®n. Junto a la supresi¨®n, ya citada, de las audiencias territoriales, y la atribuci¨®n de competencias, en materia civil, a las audiencias provinciales, otra de las novedades destacables es el establecimiento de los principios a los que se ajustar¨¢ la ley de Jurado que el. Gobierno deber¨¢ remitir a las Cortes en el plazo de un a?o.

Segun el texto aprobado, la ley del Poder Judicial no se pronuncia sobre si el modelo de jurado ser¨¢ el puro o el mixto, ya que se limita a establecer que la funci¨®n de jurado ser¨¢ obligatoria y remunerada, as¨ª como que "la intervenci¨®n del ciudadano en el Jurado deber¨¢ satisfacer plenamente su derecho a participar en la administraci¨®n de Justicia, reconocido en el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n".

La futura ley determinar¨¢ la jurisdicci¨®n del Jurado con car¨¢cter obligatorio para delitos perseguibles de oficio y voluntario para los perseguibles a instancia de parte y establecer¨¢ la competencia para conocer de los asuntos penales sujetos a su jurisdicci¨®n, "en funci¨®n de la naturaleza de los delitos y la cuant¨ªa de las penas se?aladas en el C¨®digo Penal a los mismos".

Por otra parte, entre las escasas enmiendas aceptadas a la oposici¨®n, destaca la propuesta por el aliancista Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, seg¨²n la cual "no surtir¨¢n efecto, en ninguna clase de procesos, los medios de prueba obtenidos, directa o indirectamente, de modo contrario a la ¨¦tica o al Derecho".