La batalla en torno al aborto

EN UNA una charla informal con un grupo de periodistas, el vicepresidente del Gobierno se ha expresado de manera reticente sobre el Tribunal Constitucional y ha vertido cr¨ªticas contra una eventual sentencia que pudiera dar la raz¨®n, en todo o en parte, al recurso previo de inconstitucionalidad interpuesto por Alianza Popular contra el proyecto de ley de despenalizaci¨®n parcial del aborto. Ya tuvimos ocasi¨®n de se?alar las negativas consecuencias que tienen para la transparencia de nuestra vida p¨²blica esos encuentros gastron¨®micos entre pol¨ªticos y periodistas que no se ajustan a los requisitos de las conferencias de prensa pero que tampoco se acogen a las cl¨¢usulas de confidencialidad del off the record. Como qued¨® demostrado con las auditor¨ªas de infarto de Felipe Gonz¨¢lez y los planes de Manuel Fraga para comerse crudos a quienes se atrevieran a discutir su liderazgo, el principal resultado de esas charlas suele ser una abundante cosecha de frases m¨¢s o menos ingeniosas, indiscreciones irreflexivas y chistes malos.Alfonso Guerra ha contrapuesto a los 350 diputados (?y por qu¨¦ no a los senadores?) elegidos por sufragio universal con los 12 miembros del Tribunal Constitucional, ocho de los cuales son designados por las Cortes generales, mediante el argumento de que los magistrados no son elegidos en las urnas directamente por los ciudadanos. En el terreno de la legitimaci¨®n democr¨¢tica, sin embargo, no existen razones para establecer semejante barrera discriminatoria. Por lo dem¨¢s, Guerra ha expresado sus recelos sobre el contenido de la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la despenalizaci¨®n parcial del aborto y ha descalificado de antemano cualquier veredicto que no convalidara plenamente el proyecto de ley. Aunque la intromisi¨®n del vicepresidente del Gobierno parezca una respuesta a la presi¨®n de los medios conservadores para impedir una sentencia favorable a la mayor¨ªa parlamentaria, no deja de ser tan desafortunada como ¨¦sta. Las tentativas de condicionar la voluntad del Tribunal Constitucional, sean cuales sean sus or¨ªgenes y su sentido, muestran una falta de respeto hacia el sistema democr¨¢tico y revelan una incapacidad para comprender el papel que le corresponde a la jurisdicci¨®n constitucional.

Al alto tribunal se le pide que determine si una ley desborda o no el marco de nuestra norma fundamental, tal y como fue promulgada en 1978. La Constituci¨®n podr¨ªa haber equiparado al embri¨®n o al feto con la persona humana o haber reservado, en cambio, esa condici¨®n a los seres ya nacidos, recogiendo la tradicional definici¨®n del C¨®digo Civil. Sin embargo, no hizo ni una cosa ni otra; y la ambig¨¹edad del art¨ªculo 15 -fruto de un pacto- dej¨® abierta la interpretaci¨®n. Cada cual es libre de pronunciarse a favor o en contra de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en funci¨®n de los argumentos morales o cient¨ªficos que estime m¨¢s convincentes. Pero nuestro ordenamiento conf¨ªa s¨®lo al Tribunal Constitucional la interpretaci¨®n jur¨ªdica de la norma fundamental y la decisi¨®n sobre la eventual inadecuaci¨®n de las leyes a sus mandatos.

Si el Tribunal Constitucional interpretara que el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n prohibe cualquier forma de aborto, resultar¨ªa que los socialistas se pasaron de listos al jugar con la ambig¨¹edad de su texto. Si los magistrados resolvieran que el proyecto de ley debe ser completado con mecanismos que garanticen la seguridad jur¨ªdica, tal decisi¨®n tendr¨ªa que ser interpretada a la luz de las discusiones t¨¦cnico-jur¨ªdicas, aunque es de advertir lo irritante que ser¨ªa que el Tribunal Constitucional evitara pronunciarse sobre lo sustantivo del problema (el derecho al aborto) aduciendo cuestiones de otro g¨¦nero.

Y es sobre el fondo de la cuesti¨®n, al margen de la inoportunidad de las palabras de Guerra, sobre el que conviene decir alguna cosa m¨¢s. El tribunal ha venido retrasando durante a?o y medio su pronunciamiento sobre esta ley, prometida en la campa?a socialista y votada por los espa?oles. No se le pide un juicio moral sobre el aborto, sino una decisi¨®n respecto a si es o no constitucional que exista en nuestro ordenamiento jur¨ªdico. Tampoco se le pide una opci¨®n pol¨ªtica, porque est¨¢ claro que los espa?oles han votado a favor del derecho al aborto cuando lo hicieron por los socialistas y que la representaci¨®n soberana de los ciudadanos as¨ª lo ha hecho valer. Un repaso de la actitud de la oposici¨®n parlamentaria y de la derecha reaccionaria de este pa¨ªs en los ¨²ltimos tiempos muestra a las claras su decisi¨®n no oculta de impedir la realizaci¨®n del cambio votado en las urnas mediante el sutil traslado al Tribunal Constitucional de decisiones pol¨ªticas que no le competen, tratando de convertirlo en una especie de tercera C¨¢mara.

Hay demasiados signos que indican que nos encontramos ante una voluntad pol¨ªtica decidida de provocar un conflicto institucional de primer orden, situando al Tribunal Constitucional en primera l¨ªnea de fuego. Porque, independientemente de cualquier otra consideraci¨®n, si este pueblo ha votado no hace ni tres a?os tan abrumadoramente la opci¨®n del cambio (en la educaci¨®n, en la sanidad, en la justicia, en el comportamiento social) el cambio no puede ser bloqueado mediante argucias legales, impedimentos burocr¨¢ticos o trucos de abogado. La seguridad jur¨ªdica y el Estado de Derecho es todo lo contrario a eso. Y si tenemos una Constituci¨®n en la que no cabe el derecho al aborto aunque lo voten los espa?oles, la reforma de la escuela aunque la voten los espa?oles, la elecci¨®n de los jueces aunque lo voten los espa?oles, y cabe sin embargo la ley Antiterrorista, habr¨¢ que convenir que algo falla en ella. Quiz¨¢ esto es lo que ha querido decir, con poca fortuna, Guerra. Que la Constituci¨®n, y las decisiones que a su amparo se hacen, no puede servir para bloquear la voluntad de la gran mayor¨ªa de los ciudadanos representada en Cortes. Es un juicio del que ning¨²n buen dem¨®crata puede discrepar. Pero su condici¨®n de vicepresidente de Gobierno le obligaba a mayor prudencia. Y as¨ª lo demuestra su intervenci¨®n parlamentaria de ayer, que puede servir para situar correctamente la defensa de una ley, presentada por un Gobierno del que Alfonso Guerra es su vicepresidente.