Dos a?os de discusiones y 14 borradores

J. F. B. El anteproyecto de ley general de Sanidad que ayer aprob¨® el Consejo de Ministros ha necesitado para llegar hasta este punto casi dos a?os de discusi¨®n previa en el seno del partido socialista, del Gobierno y de las fuerzas profesionales y sindicales. A pesar de las sucesivas fases y retoques que ha experimentado -se han redactado 14 borradores sucesivos-, este texto no ha logrado, en opini¨®n de algunas organizaciones m¨¦dicas, el consenso deseable para una ley de la importancia y consecuencias sociales como la de Sanidad.

El proyecto de reforma sanitaria del ministro Lluch, que pretende superar una situaci¨®n marcada por la legislaci¨®n de bases sanitarias de 1944, se present¨® en p¨²blico en junio de 1983, en unas jornadas internacionales convocadas por el Ministerio de Sanidad exclusivamente para analizar los puntos b¨¢sicos que deber¨ªa incluir la nueva configuraci¨®n sanitaria de un pa¨ªs que pretend¨ªa estar a la altura de los restantes pa¨ªses de Europa.

El texto inicial fue elaborado por una comisi¨®n formada por miembros destacados del Ministerio de Sanidad, un catedr¨¢tico de Derecho Administrativo, los consejeros de Sanidad de los Gobiernos de Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco y Madrid y dos representantes de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios. En el texto inicial muchos creyeron ver la influencia del entonces subsecretario de Sanidad, Pedro Sabando, en la conexi¨®n del texto con los supuestos del programa electoral del PSOE. Otro de los art¨ªfices m¨¢s destacados de esta ley ha sido Pedro Pablo Mansilla, asesor ejecutivo del ministro de Sanidad.

Tras una primera requisitoria a los agentes institucionales (comunidades aut¨®nomas y municipios), sociales (empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios) y profesionales (colegios y asociaciones m¨¦dicas y sanitarias), el ministerio recogi¨® sugerencias y alternativas al texto que llenaron en su momento cerca de 2.500 folios.

Pacto con Rivera

A esta primera fase de consulta, que no era obligatoria por tratarse s¨®lo del borrador de un proyecto de ley, sigui¨® otra caracterizada por las discusiones regladas y permanentes con estos mismos sectores sociales. Las mayores dificultades en estas conversaciones surgieron con el presidente del Consejo General de Colegios M¨¦dicos, Ramiro Rivera, al comienzo del pasado oto?o. Las negociaciones con el presidente de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial retrasaron la entrada del texto en el Consejo de Ministros, prevista en principio para el comienzo del oto?o de 1984.

En este texto ya se encontraban recogidos algunos criterios que hab¨ªan sido pactados por Ernest Lluch con Ramiro Rivera, especialmente en lo referente a la libre elecci¨®n de m¨¦dico, a la subsistencia del sector privado y al tratamiento que deber¨ªa dar la Administraci¨®n a los distintos reg¨ªmenes de la Seguridad Social. Como consecuencia de este proceso negociador, el anteproyecto sufri¨® algunas transformaciones de acuerdo con nuevos criterios liberalizadores adoptados por el ministro para disminuir las tensiones con el corporativismo m¨¦dico representado por el doctor Rivera.

Los resultados de esta estrategia dialogante de Lluch fueron duramente criticados, sin embargo, por los sindicatos de izquierda y por los colectivos m¨¦dicos que se oponen al corporativismo, entre los que se encuentran UGT, CC OO y la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica. Estos ¨²ltimos grupos han mantenido una postura cr¨ªtica hasta el ¨²ltimo momento frente a las concesiones hechas a Rivera.

En medio de estas cr¨ªticas y contracr¨ªticas sobrevino el cese (seg¨²n el ministro) o la dimisi¨®n (de acuerdo con la expresi¨®n del propio interesado) del subsecretario de Sanidad, Pedro Sabando, en los primeros d¨ªas de febrero de este a?o. Diferencias en la concepci¨®n de la sanidad -Sabando es m¨¦dico, y Lluch, economista-, y especialmente en la manera en que el ministro pretend¨ªa ejecutar la reforma hospitalaria, produjeron la salida de Sabando -identificado con el ala m¨¢s progresista del PSOE y de la UGT- del ministerio.

La financiaci¨®n de la ley

Paralelamente a esta discusi¨®n entre las fuerzas sociales, el anteproyecto de ley ha tenido que superar en los m¨¢s altos niveles del Gobierno el tema de la financiaci¨®n. Los redactores iniciales de la ley dejaron, conscientemente, difusos los mecanismos de financiaci¨®n de la misma, previendo la tormenta que podr¨ªa avecinarse. Era el tema m¨¢s controvertido en el seno del Gobierno.

El objetivo inicial era que la asistencia sanitaria fuera financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero los ministros de Hacienda y Seguridad Social prefirieron ajustar el tema y hacer cuentas, puesto que se trataba de hacer efectivos unos derechos subjetivos y de garantizar la asistencia sanitaria a toda la poblaci¨®n, extender su contenido a otras prestaciones (como la psiqui¨¢trica, medicina laboral, etc¨¦tera) y profundizar en la libertad de elecci¨®n de los beneficiarios. Mientras se discut¨ªa el tema financiero, Alianza Popular presentaba p¨²blicamente un texto alternativo.

Finalmente, y tras la reuni¨®n de los titulares de los tres ministerios citados con el presidente del Gobierno, se lleg¨® al acuerdo de que la financiaci¨®n se haga con un mecanismo mixto que incluye las cotizaciones a la Seguridad Social (beneficiarios de la Seguridad Social), los presupuestos del Estado (poblaci¨®n marginal y carente de recursos) y las tasas sanitarias para la poblaci¨®n con recursos.

Este sistema mixto de financiaci¨®n no ha convencido a sectorees progresistas de la sanidad como UGT o la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica, que ven en el mismo una desvirtuaci¨®n y hasta una conculcaci¨®n del principio de universalizaci¨®n en la asistencia sanitaria. Por estas y otras razones, UGT estimaba que en su redacci¨®n final el anteproyecto quebraba el modelo sanitario socialista.