Tres ex presidentes y seis jefes, en el banquillo

M. P.El juicio contra los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el pa¨ªs entre 1976 y 1982, procesados por uno de los primeros decretos del presidente Ra¨²l Alfons¨ªn, comenzar¨¢ ma?ana en Buenos Aires.

Simb¨®licamente, se sentar¨¢n en el banquillo de los acusados -no tienen obligaci¨®n de comparecer, salvo en determinadas circunstancias procesales- los tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, ex presidentes de la Rep¨²blica y comandantes en jefe del Ej¨¦rcito de Tierra; los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini e Isaac Anaya, comandantes en jefe de la Armada e integrantes de la juntas militares, y los brigadieres del Aire, comandantes de la Fuerza A¨¦rea y triunviros militares Orlando Ram¨®n Agosti, Omar Graffigna y Basilio Arturo Lami Dozo.

Los nueve se encuentran procesados por detenci¨®n ?legal, desaparici¨®n de personas, aplicaci¨®n de tormentos a los detenidos y robos de bienes a los ciudadanos. S¨®lo el teniente general y ex presidente Videla ha rechazado el proceso, reclamando su juez natural -la justicia militar-, y es defendido de oficio.

El juicio se celebrar¨¢, ante la C¨¢mara Federal de Apelaciones de lo Criminal y Correccional, por el fuero militar, tras que ¨¦sta reclamar¨¢ la causa al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (m¨¢ximo tribunal castrense) por demora injustificable de la instrucci¨®n del juicio. La c¨¢mara est¨¢ integrada por seis jueces civiles y su presidente, y en el juicio intervendr¨¢n 21 abogados defensores. Al menos 2.200 personas comparecer¨¢n como testigos del fiscal y las defensas en las audiencias, que ser¨¢n orales y p¨²blicas. El primer testigo en comparecer ser¨¢ Italo Argentino L¨²der, vicepresidente de la naci¨®n, en su calidad de presidente del Senado con Isabelita Per¨®n y candidato peronista en las ¨²ltimas elecciones presidenciales.

Las medidas de seguridad son excepcionales, y se ha llegado a cortar el tr¨¢fico en los aleda?os del Palacio de Tribunales, situado en pleno centro urbano de la capital. Unos 400 periodistas argentinos y extranjeros habr¨¢n de repartirse por sorteo 80 plazas diarias para seguir directamente el juicio.

La fiscal¨ªa centrar¨¢ su alegato en 709 casos documentados y representativos de todas las provincias del pa¨ªs de desaparici¨®n de personas, detenciones ilegales, internamiento en campos de concentraci¨®n clandestinos, aplicaci¨®n sistem¨¢tica de torturas y robos de bienes llevados a cabo por personal de las tres armas de las fuerzas armadas.

Las defensas plantear¨¢n una l¨ªnea de actuaci¨®n pol¨ªtica basada en el estado de necesidad -conculcaci¨®n de un derecho para alcanzar un bien com¨²n superior-, en la orden impartida a los militares por la presidenta Isabel Per¨®n de exterminar a las guerrillas de izquierdas, en la supuesta injusticia de que el proceso no se vea ante el tribunal militar correspondiente y en la supuesta ausencia de conexi¨®n directa entre los cr¨ªmenes presentados por el fiscal y los nueve encausados.

Se espera todo un cuestionamiento en regla del sistema democr¨¢tico por parte de las defensas y todo tipo de provocaciones desestabilizador¨¢s y extraprocesales por parte de la extrema derecha militar y civil involucionista. Los acusados y sus valedores no acaban de entender por qu¨¦ se les procesa por lo ¨²nico que, a su juicio, han hecho bien: el aniquilamiento de la subversi¨®n, sobre la que indudablemente triunfaron, en contraste con el desastre econ¨®mico de su gesti¨®n administrativa y la derrota en las islas Malvinas frente a las tropas brit¨¢nicas. El contralmirante Mayorga, defensor del general Camps, ex jefe de la polic¨ªa bonaerense y procesado en otra causa, ha sido expl¨ªcito a este respecto: "Ten¨ªamos que haber fusilado en la cancha del River, con coca-cola gratis y televis¨¢ndolo. El error fue hacerlo todo ilegalmente y no haber firmado la declaraci¨®n de guerra interna".