Un fiscal irreductible

Julio C¨¦sar Strassera, de 52 a?os, casado y con dos hijos adolescentes, nacido en Comodoro Rivadavia -al sur del pa¨ªs, literalmente en el fin del mundo-, de mediana estatura, poblados bigotes negros y una vaga mirada enso?adora, parece un hombre expeditivo y en¨¦rgico y sin ninguna duda moral sobre su inmediato y peligroso papel: fiscal en el juicio seguido contra las tres primeras juntas militares argentinas por presunta detenci¨®n ilegal, aplicaci¨®n de tormentos, desaparici¨®n, muerte y robo de efectos a los ciudadanos.En el Palacio de Justicia de Buenos Aires, los jueces y trabajadores judiciales, hambreados por salarios que una inflaci¨®n de m¨¢s del 800% anual devora d¨ªa a d¨ªa, han decretado una huelga a la japonesa: trabajan a ritmo acelerado. Manifestantes de las centrales sindicales deambulan por las galer¨ªas del palacio haciendo resonar los ecos de sus bombos contra las b¨®vedas; en un corredor lateral, un solo polic¨ªa federal ceba su mate y calienta agua en la pava met¨¢lica sobre un infiernillo el¨¦ctrico: es la ¨²nica custodia del fiscal Strassera, con quien trabaja un equipo joven de 14 personas, apelotonadas en tres despachitos mal alumbrados, inc¨®modos y poco funcionales.

"Ni me han amenazado todav¨ªa", dice Strassera, "ni tengo temor. Mi mayor garant¨ªa reside en que quienes quisieran impedir este proceso saben muy bien que no podr¨¢n detenerlo atentando contra mi persona; cualquier intento intimidatorio en este sentido no servir¨¢ absolutamente para nada".

Hace pocos meses, un comando armado, con m¨¦todos y maneras de alta profesionalidad militar, tom¨® por asalto los tribunales de Rosario -al norte de la provincia de Buenos Aires, segunda capital del pa¨ªs- y rob¨® toda la documentaci¨®n y pruebas acumuladas por la Comisi¨®n Nacional sobre Desaparici¨®n de Personas (Conadep) acerca de la guerra sucia contra la subversi¨®n en la provincia. Strassera mira sus pobres despachitos y sus archivadores de madera y sonr¨ªe. "Por supuesto que mi documentaci¨®n y mis pruebas est¨¢n guardadas en un lugar seguro; no tenga usted temor".

Julio C¨¦sar Strassera, de origen genov¨¦s y austriaco, ha desarrollado una carrera de 24 a?os en el poder judicial desde secretario de juzgado hasta fiscal de apelaciones; en la universidad de Buenos Aires fue disc¨ªpulo de Luis Jim¨¦nez de Az¨²a, y en su calidad de profesor adjunto de Derecho mantuvo relaci¨®n universitaria con Claudio S¨¢nchez Albornoz.

"Yo creo que los integrantes de las tres primeras juntas militares son culpables de los delitos que se les imputan y ser¨¢n condenados".

Pregunta. Le van a aducir que los cad¨¢veres NN (ning¨²n nombre) fueron muertos en enfrentamientos armados con las tropas.

Respuesta. Mire usted, le voy a citar tan s¨®lo dos casos que tengo de cad¨¢veres NN, posteriormente identificados y dados Por las fuerzas armadas como muertos en enfreintamientos armados: uno tiene p¨®lvora en la lengua, y el otro, con las costillas seriamente da?adas por torturas, presenta un solo. disparo en el coraz¨®n. Ya me dir¨¢ usted en qu¨¦ tipo de enfrentamiento armado una de las partes enfrentadas muere con las costillas machacadas o con un tiro en la boca, efectuado con el ca?¨®n del arma metido entre los dientes.

P. Pero se le replicar¨¢ que no existe una relaci¨®n directa entre la comisi¨®n de atrocidades por parte de algunos elementos de las fuerzas armadas y los miembros de las juntas militares que dirigie ron el pa¨ªs.

R. Mire, vamos a, probar la existencia de campos de detenci¨®n clandestinos, instalados y dirigidos por las tres armas, en los que se detuvo ilegalmente, se aplicaron tormentos a los presos y de los que desaparecieron ciudadanos. ?Es que un teniente o un capit¨¢n se entreten¨ªa organizando por su cuenta y riesgo, y sin conocimiento de sus superiores, campos de detenci¨®n clandestinos? ?Tenemos que creer que el responsable supremo de cada arma desconoc¨ªa lo que estaban haciendo sus fuerzas? Tenga en cuenta que como testigos presentar¨¦ a militares en actividad durante aquellos penosos sucesos y a desaparecidos que regresaron de su cautiverio y que han reconocido sus lugares de detenci¨®n y, en algunos casos, hasta a sus interrogadores por sus voces (los desaparecidos viv¨ªan permanentemente encapuchados).

P. Primero se baraj¨® la cifra de 30.000 desaparecidos; posteriormente, la Conadep logr¨® investigar poco m¨¢s de 8.000 desapariciones Ahora usted anna su alegato fiscal sobre 709 casos. A usted y al Gobierno se les acusa de que a medida que pasa el tiempo los horrores de la dictadura militar se les desinflan entre las manos.

R. ?sa es otra argumentaci¨®n banal destinada a influir en la opini¨®n p¨²blica extranjera, porque los argentinos saben que por nuestro Derecho Penal las penas no son acumulativas. Para condenar a las juntas militares a 25 a?os de c¨¢rcel o a cadena perpetua tengo que desmontar un solo defito; no podemos condenarlas a 30.000 penas de 25 a?os, aunque prob¨¢ramos 30.000 desapariciones. Y es de sentido com¨²n suponer que no vamos a plantear ni siquiera los 8.000 casos investigados por la Conadep, por la sencilla raz¨®n de que entonces el juicio durar¨ªa varios a?os. Yo he seleccionado los 709 casos que me parecen ilustrativos y ejemplares, a trav¨¦s de los cuales se podr¨¢ conocer judicialmente lo que ocurri¨® durante aquellos a?os en la naci¨®n. Estos casos bastar¨¢n para hacer justicia, y al menos, aunque s¨®lo sea simb¨®licamente, algunas familias tendr¨¢n al fin conocimiento de lo que ocurri¨® con sus deudos desaparecidos, cu¨¢l fue su suerte y cu¨¢les fueron los responsables de su drama. Y, pese a esta selecci¨®n obligada, tendremos juicio para cuatro o cinco meses.

P. Si me permite seguir ejerciendo de abogado del diablo, le dir¨ªa que los militares argentinos se limitaron a poner en pr¨¢ctica una orden del Gobierno peronista constitucional presidido por Isabelita Per¨®n en la que se requiere de las fuerzas armadas combatir la subversi¨®n hasta su aniquilamiento total.

R. S¨ª, eso se va a plantear en el juicio, y tambi¨¦n, como en el caso de ustedes durante el juicio por el golpe de Estado de 1981, aducir¨¢n el estado de necesidad. Militarmente, aniquilar al enemigo no consiste en exterminarle fi?sicamente, sino en hacer desaparecer su resistencia y su voluntad de luchar. Un militar, aunque se vea obligado a matar, no es un matarife, no procura la extensi¨®n de la muerte. Y aqu¨ª han desaparecido ancianos, ni?os de corta edad o reci¨¦n nacidos, amigos y familiares que s¨®lo ten¨ªan una relaci¨®n casual con las v¨ªctimas principales. Eso no tiene nada que ver con los usos de la guerra. Adem¨¢s, nos encontramos con decretos como el 604, firmado por el presidente Roberto Viola, que ordenan la eliminaci¨®n de los agitadores marxistas "( ... ) y la bibliograf¨ªa".

Eso me recuerda a m¨ª la quema de libros por los nazis.

P. Algunos acusados, como el teniente general Jorge Videla, rechazan este juicio y reclaman su juez natural: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, m¨¢ximo tribunal castrense.

R. Los ¨²nicos jueces naturales de las personas son los jueces constitucionales, y la C¨¢mara Federal es un juzgado constitucional. Pero es que adem¨¢s, seg¨²n las ordenanzas de Carlos III, en las que nuestras fuerzas armadas han seguido muy bien el ejemplo espa?ol, la justicia militar es un tribunal de casta, de clase; un tribunal de privilegio, del que se excluye a quien se supone indigno de la justicia militar por ser sospechoso de la comisi¨®n de delitos comunes. Y ¨¦ste es el caso de los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares, a quienes se va a juzga no por supuestos delitos castrenses , sino por la sospecha fundada de que se cometieron delitos comunes, indignos del fuero militar como la detenci¨®n ilegal de personas, la aplicaci¨®n de tormentos o el robo a los ciudadanos.

Justicia para la paz

Se?or fiscal: le acusan de haber lo un fiscal bajo la dictadura militar antes de serlo bajo la democracia.

R. Es como si me acusaran deberle plata al almacenero de la quina. En 24 a?os no he sido otra cosa que un buen funcionario de la justicia de mi pa¨ªs en todos sus avatares. Pero ya se sabe que cuando faltan argumentos ad causam aparecen los argumentos ad hominem. Lo ¨²nico importante es que prevalezca la justicia y que se esclarezca el drama de estos ¨²ltimos a?os. Porque tenga usted la seguridad de que sin justicia jam¨¢s podr¨¢ haber paz en este pa¨ªs.

Strassera, en¨¦rgico, un punto apasionado, siempre muy correcto, queda entre sus legajos y caretas y sus j¨®venes ayudantes en sus arrumbados despachos. No a dispuesto ni de un ordenador para elaborar su trabajo. Rechaza despectivo el calificativo de Nuemberg criollo aplicado a este juicio en sus v¨ªsperas y lo aproxima intelectual y pol¨ªticamente al juicio que, tras su ca¨ªda, conden¨® a muerte a los coroneles griegos. Ha estudiado toda la bibliograf¨ªa sobre casos que pudieran constituir precedente, incluido el juicio por el 23-F espa?ol. A su puerta, un modesto polic¨ªa federal sigue calentando su pava y sorbiendo su mate como un s¨ªmbolo de la tranquilidad deliberada de una democracia, a¨²n muy fr¨¢gil.