Los defensores de los militares juzgados en Buenos Aires basan la acci¨®n represora en ¨®rdenes de los peronistas

En la primera vista oral del juicio seguido contra las tres juntas militares argentinas, los abogados de la defensa han intentado demostrar dos cosas: que en Argentina existi¨® un estado de guerra no declarado entre los movimientos guerrilleros y las instituciones de la naci¨®n, y que el Gobierno constitucional peronista orden¨® en 1975 a sus fuerzas armadas combatir al terrorismo "hasta su aniquilamento final", dando al t¨¦rmino aniquilamiento su m¨¢s f¨²nebre acepci¨®n. Rodeada por cuatro controles policiales, la C¨¢mara Federal comenz¨® las sesiones a las tres de la tarde del lunes para interrogar a los testigos. Entre el p¨²blico se hallaban el premio Nobel Adolfo P¨¦rez Esquivel y Heb¨¦ de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo.

Heb¨¦ de Bonafini entr¨® en la sala con su pa?uelo blanco en la cabeza, s¨ªmbolo de las madres que reclaman por sus hijos desaparecidos. El presidente de la C¨¢mara Le¨®n Arslanian, le orden¨® destocarse, al est¨¢ prohibido en la sala el uso de cualquier distintivo.Los nueve triunviros acusados haciendo uso de su derecho, no comparecieron a la audiencia, siendo representados por sus letrados. Esta circunstancia, as¨ª como el hecho de que el fiscal y los abogados defensores presenten previamente sus preguntas al presidente de la sala, que es quien las formula -la fiscal¨ªa y las defensas pueden, no obstante, repreguntar-, resta contenido teatral y carpinter¨ªa dram¨¢tica a la vista oral.

?nfasis procesales

La justicia argentina, salvo excepciones como la presente, no es proclive a los juicios orales y p¨²blicos y prefiere poner ¨¦nfasis en las pr¨¢cticas procesales celebradas entre las partes en la intimidad del despacho del juez. Entre el p¨²blico asistente se encontraba Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano. La C¨¢mara federal rechaz¨®, por considerar que existen pruebas de su culpabilidad, la petici¨®n para la excarcelaci¨®n de Videla y Viola formulada por sus defensores. Citados por las defensas comparecieron como testigos ?talo Argentino L¨²der, que como presidente del Senado en 1975 ocup¨® provisionalmente la presidencia de la Rep¨²blica durante una breve enfermedad nerviosa de Isabelita Per¨®n, y los ex ministros peronistas de aquel Gobierno, Cacciero, Rocamora, Ruckauf, Ben¨ªtez y G¨®mez Morales.Al ser formuladas las preguntas de una y otra parte por el presidente de la C¨¢mara, ¨¦stas adquieren un tono neutro que priva los interrogatorios de causticidad verbal s¨®lo posible en las repreguntas. Pero qued¨® en negro sobre blanco la intenci¨®n de los abogados de fensores de arrojar sobre el ¨²ltimo Gobierno peronista la responsabilidad de las atrocidadas en la lucha contrainsurgente.

En efecto, ?talo Argentino L¨²der, como presidente provisional de la Rep¨²blica, firm¨® en 1975 un decreto encargando a las fuerzas armadas el aniquilamiento de la subversi¨®n ante el auge de las guerrillas rurales del trotskista Ej¨¦rcito Revolucionario del Pueblo en la provincia norte?a y subtropical de Tucum¨¢n. El primer escal¨®n de defensa de las juntas pretende establecer que los militares argentinos entendieron el verbo aniquilar en su sentido m¨¢s lato, con lo que no dejan de reconocer indirectamente que sus defendidos patrocinaron el exterminio de personas.

?talo Argentino L¨²der, candidato derrotado del peronismo frente a Alfons¨ªn y ya cad¨¢ver pol¨ªtico tras este juicio, explic¨®, con su habla regular, moderada y ordenada, que cuando el Gobierno constitucional de un Estado de derecho ordena a sus instituciones aniquilar un brote subversivo para restaurar la paz p¨²blica, lo hace siempre dentro de las normas jur¨ªdicas vigentes,y que en modo alguno puede ordenar, aun queriendo hacerlo -y menos p¨²blicamente-, el secuestro, la tortura y el asesinato.

Organizador de matanzas

Se insisti¨®, no obstante, en la pregunta para fijar en las mentes de todos aquel decreto de redacci¨®n desafortunada, como en las pr¨®ximas sesiones se insistir¨¢ en la existencia de un ministro peronista como Jos¨¦ L¨®pez Rega, que desde el Ministerio de Bienestar Social (!) organizaba la matanza de izquierdistas por cuenta de la Alianza Anticomunista Argentina, la llamada Triple A. El resto de los ex ministros y el propio L¨²der fueron interrogados sobre lo que parece ser el segundo escal¨®n b¨¢sico defensivo: la existencia o no de un virtual estado de guerra en Argentina en la mitad de la d¨¦cada de los a?os setenta.Es una l¨ªnea de defensa no menos grosera que la anterior y que encuentra sus mejores exponentes en el general Ram¨®n Camps, ex jefe de la polic¨ªa bonaerense, y en el contralmirante Mayorzga, defensor del contralmirante Chamorro, ex jefe de la terror¨ªfica Escuela de Mec¨¢nica de la Armada, eje de los centros de tortura del pa¨ªs. Ram¨®n Camps y Chamorro se encuentran enjuiciados por el poder ejecutivo en otra causa.

Para el general Ram¨®n Camps, el error de las juntas consisti¨® en no haber declarado el estado de guerra interno, fusilando tras consejos de guerra sumar¨ªsimos.