Falta por interpretar la Constituci¨®n en lo econ¨®mico, seg¨²n el C¨ªrculo de Empresarios

El C¨ªrculo de Empresarios se ha sumado a la pol¨¦mica sobre el Tribunal Constitucional con la publicaci¨®n de un libro que resume su doctrina econ¨®mica y con la convocatoria de un debate entre expertos. Organizado el acto bajo la idea de que la ambig¨¹edad de la Constituci¨®n requiere una interpretaci¨®n imparcial y pol¨ªticamente neutral, los juristas y fiscalistas invitados coincidieron en que la ley fundamental ha generado escasa doctrina en lo econ¨®mico.

Menos acuerdo hubo en si el alto tribunal, autodeclarado poder constituyente, debe pasar de la clase pol¨ªtica a la jur¨ªdica.Para Jos¨¦ Ram¨®n Recuero Alcaide, a quien el citado grupo de varios centenares de empresarios de elite ha confiado la recopilaci¨®n de la jurisprudencia econ¨®mico-social y financiera del Tribunal Constitucional, ¨¦ste se ha confirmado como un suprapoder. Por su trascendencia, acentuada ante la sentencia de la LOAPA (donde se declaraba constituyente, al afirmar que las Cortes no pueden interpretar la Constituci¨®n y reservarse para ¨¦l mismo esta funci¨®n), el alto tribunal debe ser apol¨ªtico (como se sabe, la mayor parte de los magistrados son designados por consenso parlamentario) y de alto nivel t¨¦cnico.

Seg¨²n Recuero, cuya intervenci¨®n fue elogiada por los restantes ponentes, el contenido esencial de un concepto como el de la libertad de empresa est¨¢ por determinar, aunque la jurisprudencia ha reconocido que lo tiene. En otros asuntos (sindicatos, huelgas, fiscalidad), los magistrados han aclarado algo, no mucho. Pero en el relativo a la libre empresa hubo una oportunidad no ejercida en la primera sentencia de Rumasa, cuando qued¨® claro que se puede expropiar por decreto-ley, si bien los temas de fondo surgir¨¢n ahora con la segunda sentencia.

Evitar lo econ¨®mico

C¨¦sar Albi?ana, presidente del Instituto de Estudios Fiscales, rese?¨® las principales sentencias en esta materia y dijo que el tribunal no ha reflexionado bastante la doctrina que establec¨ªa.A su juicio, al infortunio del art¨ªculo 134.7 de la Constituci¨®n hay que a?adir la poca fortuna de su interpretaci¨®n. Adem¨¢s de recomendar prudencia al Gobierno en sus propuestas y al legislativo en sus decisiones, Albi?ana afirm¨® que el recargo en el impuesto sobre la renta "bien puede ser inconstitucional".

La opini¨®n de que el Tribunal Constitucional ha evitado pronunciarse sobre temas econ¨®micos, quiz¨¢ por la propia ambig¨¹edad con que est¨¢n regulados por la Carta Magna, fue compartida y desarrollada por los catedr¨¢ticos de Derecho Administrativo Tom¨¢s Ram¨®n Fern¨¢ndez y Juan Alfonso Santa Mar¨ªa.

Para el primero, aunque desde las primeras sentencias ha quedado asegurada la unidad de mercado, "en materia econ¨®mica las espadas est¨¢n en alto" por la falta de oportunidad para pronunciarse o por los intentos de evitar los aspectos de fondo.

Santa Mar¨ªa, que discrep¨® de la atribuci¨®n de un suprapoder a los int¨¦rpretes de la Constituci¨®n y de que esta funci¨®n quede entre la clase pol¨ªtica y la jur¨ªdica, el tribunal ha mostrado "cierto s¨ªndrome de resistencia al reproche, progresista, y cierta complacencia ante el statu quo".

Por ¨²ltimo, Manuel Alonso Olea justific¨® la ambig¨¹edad de la Constituci¨®n en los imperativos de su elaboraci¨®n ("sin ella, quiz¨¢ no tendr¨ªamos Constituci¨®n") y Jos¨¦ Suay subray¨® la necesidad aplicar las leyes.