El Gobierno mantendr¨¢ el decreto de incompatibilidades, pese al dictamen adverso del Consejo de Estado

El Gobierno piensa mantener el decreto sobre incompatibilidades de funcionarios, aprobado el pasado mi¨¦rcoles en Consejo de Ministros, pese a la oleada de protestas suscitada por este texto legal en los colegios profesionales y pese al dictamen adverso del Consejo de Estado, dijeron ayer fuentes pr¨®ximas al Ministerio de la Presidencia. Estas fuentes recordaron que el dictamen del Consejo de Estado, m¨¢ximo ¨®rgano consultivo del Ejecutivo, no fue un¨¢nime, ya que se registr¨® un voto particular que declar¨® "formal y sustantivamente correcto" el decreto.

Los medios gubernamentales consultados admitieron que una votaci¨®n un¨¢nime de los miembros del Consejo de Estado hubiera hecho "dif¨ªcilmente sostenible" el decreto. Pero, al no haberse registrado unanimidad, existe suficiente fundamentaci¨®n jur¨ªdica, a juicio de los expertos del Ministerio de la Presidencia, para mantener el texto legal con posibilidades de ¨¦xito frente a los recursos anunciados por los colegios profesionales.El voto particular, suscrito por el consejero Antonio S¨¢nchez del Corral, desestima la fundamentaci¨®n jur¨ªdica del dictamen suscrito por sus nueve compa?eros en el Consejo de Estado, y formalmente aducido por el presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol Rius. Esta fundamentaci¨®n alude al art¨ªculo 2, p¨¢rrafo 2, de la Ley de Colegios Profesionales de 13 de febrero de 1974, que prescribe la consulta a los colegios que resulten afectados por una normativa como la presente sobre incompatibilidades de funcionarios.

Sin embargo, S¨¢nchez del Corral alega que la Ley de Colegios Profesionales, promulgada bajo el anterior R¨¦gimen, "es consagraci¨®n de un riguroso corporativismo", y significa una "interferencia en el proceso de elaboraci¨®n de todas las normas generales", por lo que "pugna con el esp¨ªritu de la Constituci¨®n y con el contenido ordenador de sus disposiciones". Siempre seg¨²n el voto particular de S¨¢nchez del Corral, alegado por el Gobierno como motivo para mantener el decreto aprobado el pasado mi¨¦rcoles, "si alg¨²n asunto hay en el que deba reconocerse a la Administraci¨®n competencia exclusiva, dentro del obligado respeto a la ley, para ejercer la potestad reglamentaria sin tener que contar con opiniones ajenas, parece que ha de ser ¨¦ste el de la funci¨®n p¨²blica".

Por su parte, el diputado socialista Justo Zambrana, experto en administraciones p¨²blicas del PSOE, declar¨® ayer, refiri¨¦ndose al dictamen del Consejo de Estado y a la posici¨®n mantenida por algunos colegios profesionales: "Es incre¨ªble la fuerte resistencia corporativa que existe en muchos sectores de nuestra sociedad y el trabajo que cuesta modernizar nuestras estructuras". Zambrana recalc¨® que el Gobierno est¨¢ obligado a someter una serie de decretos a la consideraci¨®n del Consejo de Estado, pero no est¨¢ obligado a acatar sus dict¨¢menes.

Fuentes gubernamentales subrayaron ayer que, tras el dictamen negativo del Consejo de Estado, se encuentran los trabajos jur¨ªdicos elaborados por los letrados de este ¨®rgano consultivo, muchos de ellos afectados por el r¨¦gimen de incompatibilidades entre funciones p¨²blicas y privadas regulado por el decreto. El caballo de batalla que se encuentra en el fondo de la pol¨¦mica suscitada por el decreto de incompatibilidades reside en el p¨¢rrafo 4 del art¨ªculo 10 del texto aprobado por el Consejo de Ministros: "Los jefes de unidades de recursos y los funcionarios que ocupen puestos de trabajo reservados en exclusiva a cuerpos de letrados" ser¨¢n declarados incompatibles con el ejercicio de la abogac¨ªa, lo mismo que "los letrados de la Banca oficial, instituciones financieras, organismos, entes y empresas p¨²blicas, salvo que su puesto de trabajo fuera de dedicaci¨®n a tiempo parcial o de car¨¢cter temporal". El mismo p¨¢rrafo agrega que "en ning¨²n caso podr¨¢n actuar en defensa de intereses privados frente a la Administraci¨®n o en asuntos que se relacionen con las competencias de banco, instituci¨®n, empresa u organismo en que presten sus servicios".

Adversarios de la ley

Los letrados del Consejo han sido citados en diversas ocasiones por fuentes gubernamentales como algunos de los "principales adversarios" del r¨¦gimen de incompatibilidades. Entre los letrados de este cuerpo se encuentran los ex ministros Jos¨¦ Luis Villar Palas¨ª, Ignacio Bay¨®n y Federico Silva Mu?oz; en excedencia figuran, entre otros, Landelino Lavilla -actualmente consejero permanente de Estado- y Miguel Herrero de Mi?¨®n. Juan Antonio Ortega y D¨ªaz Ambrona ha solicitado la excedencia hace varias semanas. Todos ellos resultar¨¢n igualmente afectados con el decreto, de pr¨®xima aprobaci¨®n en el Consejo de Ministros, mediante el cual se unificar¨¢n los cuerpos de letrados al servicio del Estado (abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, letrados del Ministerio de Justicia, y letrados de la Direcci¨®n General de Registros y del Notariado).La incompatibilidad prevista en el art¨ªculo 10, p¨¢rrafo 4, para el ejercicio de la abogac¨ªa privada en determinados casos constituye la principal fuente de ataques procedentes del Consejo General de la Abogac¨ªa: "?Qu¨¦ justificaci¨®n puede encontrarse para prohibir, por ejemplo, al abogado de una empresa estatal que, fuera de su jornada laboral, se ocupe de resolver asuntos matrimoniales o asesore a clientes particulares sobre arrendamientos urbanos?", dice la nota oficial emitida el mi¨¦rcoles por Antonio Pedrol, poco despu¨¦s de conocerse la aprobaci¨®n del decreto por el Consejo de Ministros. Paralelamente, la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial, que preside el doctor Ramiro Rivera, emiti¨® ayer un comunicado en el que "declina toda responsabilidad en la falta de asistencia que se pueda derivar del desarrollo del decreto de incompatibilidades". La OMC anuncia su intenci¨®n de recurrir el decreto "con expectativas de que se pueda entender como un caso de nulidad de acto por vicio de forma".

Aunque se mantiene, con car¨¢cter general, la fecha de ayer, 24 de abril de 1985, como plazo l¨ªmite para ejercer el derecho de opci¨®n para aquellas personas que desempe?an dos actividades p¨²blicas, el decreto aprobado el pasado mi¨¦rcoles por el Gobierno establece algunas modificaciones en lo que respecta a otros colectivos. As¨ª, para todos aquellos funcionarios afectados por el nuevo sistema de retribuci¨®n que se?ala la Ley de Presupuestos Generales, se designa un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley. En el caso del personal docente, deber¨¢n ejercer el derecho de opci¨®n antes del 30 de junio, si bien sus empleos son compatibles hasta el 30 de septiembre. En el caso del personal sanitario, deber¨¢n optar entre el 1 de octubre y el 1 de enero de 1986, s¨®lo si uno o los dos puestos de trabajo son a jornada completa.