La corporaci¨®n municipal de La Granja quiere dimitir por falta de territorio

S¨®lo hay un miembro de la corporaci¨®n que no est¨¢ dispuesto a dimitir, aunque s¨ª apoya a sus compa?eros en las reivindicaciones; se trata de la concejala de Alianza Popular Pilar Matesanz.Al ser el 95% del t¨¦rmino municipal de titularidad estatal, la corporaci¨®n considera fundamental que se produzcan las cesiones de suelo, muebles e inmuebles necesarios para llevar a cabo lo que la propia Constituci¨®n vigente exige a los Ayuntamientos para sus quehaceres cotidianos.

Actualmente, existe un Plan General de Ordenaci¨®n Urbana aprobado, que es el instrumento adecuado para que las cesiones fueran viables, pero siguen sin materializarse.

"Ahora mismo, el municipio", se?ala Claver¨ªa, "est¨¢ dividido en tres organismos del Estado: el Patrimonio Nacional, el propio Patrimonio del Estado y el Instituto para la Conservaci¨®n de la Naturaleza (Icona). Entre los tres no ha existido una coordinaci¨®n adecuada. Es una situaci¨®n de se?or¨ªo feudal, donde no s¨®lo hay un se?or feudal, sino que, adem¨¢s, no saben lo que les pertenece a cada uno y no se sientan en una mesa para coordinar las acciones necesarias y, encima, nosotros, los plebeyos sufridores, tenemos que cumplir con una serie de obligaciones que no podemos por no saber a qui¨¦n hay que pedir autorizaci¨®n".

En una reuni¨®n especial del Consejo de Administraci¨®n del Patrimonio Nacional celebrada en el palacio real de La Granja el pasado a?o, el gerente de esta instituci¨®n, Ram¨®n Andrada Pfeiffer, se?al¨® que exist¨ªa una actitud muy positiva para resolver los problemas de este real sitio, pero, seg¨²n el alcalde, a¨²n no se han cumplido las promesas, y la nueva ley reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada ya hace casi tres a?os, no se ha reglamentado todav¨ªa. "El problema b¨¢sico de esta ley es que no se consult¨® a los Ayuntamientos de los reales sitios, que son los que tienen una problem¨¢tica importante".

La corporaci¨®n piensa que de nada servir¨ªan las cesiones de suelo e inmuebles si no existen recursos para rehabilitarlos, dado el abandono en el que est¨¢n "por la desidia, y apat¨ªa de muchos a?os".

Creen que las exenciones de impuestos que hace el Estado en favor del Patrimonio Nacional perjudican a la poblaci¨®n, por lo que plantearon un recurso contencioso-administrativo que ha pasado al Tribunal Supremo y est¨¢n pendientes de la sentencia, que posiblemente se resuelva en mayo.

"Nos parece bien", afirma el alcalde, "que el Estado exima de impuestos al Patrimonio, pero el Estado no es qui¨¦n para perjudicar a un municipio. Si de alguna forma est¨¢ establecida la exenci¨®n de impuestos al Patrimonio Nacional, l¨®gicamente es el Estado el que debe asumirlos y revertirlos al municipio. El contribuyente de San Ildefonso es de tercera porque, adem¨¢s de pagar los impuestos generales, tiene que llevar la carga de que el Estado no paga el 95% de los impuestos de contribuciones r¨²stica y urbana. Es una situaci¨®n anticonstitucional".