UGT, contra el Gobierno

LA PROPUESTA del Gobierno de reformar el sistema de pensiones, endureciendo los requisitos para obtenerlas y recortando la cuant¨ªa de las futuras prestaciones, ha colocado a UGT en una dram¨¢tica tesitura. Aceptar la propuesta tal como se plantea supone para el sindicato socialista enfrentarse con amplias capas de la sociedad -incluidas sus propias bases-, que no pueden comprender que la reforma socialista de la Seguridad Social se base exclusiva o primordialmente en recortar a¨²n m¨¢s los derechos de los trabajadores. La central sindical, l¨®gicamente, no quiere pasar a la historia como aquella que admiti¨® una reforma tan regresiva. Pero si UGT no acaba pasando por el aro o el Gobierno se mantiene compacto en sus intenciones, eso puede llevar a una confrontaci¨®n que har¨ªa peligrar el Acuerdo Econ¨®mico y Social (AES) -el pacto social para el resto de la legislatura- y que se extender¨ªa probablemente a otros terrenos de tensi¨®n como puede ser el refer¨¦ndum sobre la OTAN o la mayor flexibilizaci¨®n del mercado de trabajo.Las intenciones gubernamentales de aprobar un decreto-ley sobre pensiones de jubilaci¨®n e invalidez han sido contestadas, de momento, por UGT con la convocatoria de movilizaciones y manifestaciones, aunque ¨¦sta todav¨ªa no se haya plasmado en nada concreto. Que el sindicato socialista apruebe en su m¨¢ximo ¨®rgano de decisi¨®n (en el que conviven un gran n¨²mero de destacados militantes del PSOE, as¨ª como diputados y senadores del grupo parlamentario socialista) una medida de presi¨®n de esta gravedad puede hacer reflexionar al Ejecutivo hasta qu¨¦ punto las razones que se esgrimen contra la reforma proyectada de la Seguridad Social son algo m¨¢s que simple "tozudez de sus dirigentes".

El m¨¦todo de negociaci¨®n que ha impuesto el Gobierno tiene, cuando menos, muy poco de inteligente. Pretender convencer a la sociedad que la reforma de la totalidad del sistema es beneficiosa, presentando en primer lugar los aspectos m¨¢s duros de la misma, los que perjudican a las clases trabajadoras y a los votantes del PSOE, y dejando para posteriores negociaciones las reformas que afectar¨ªan a los sectores poderosos, incluida la propia Administraci¨®n del Estado, parece un chiste de mal gusto o una burla a quienes depositaron su confianza en Felipe Gonz¨¢lez. Posiblemente, dentro de una reforma general de un sistema como el de la Seguridad Social espa?ola, que, seg¨²n el Gobierno, est¨¢ en. completa quiebra, haya que terminar aceptando una diferente redistribuci¨®n de los recursos, recortando el gasto all¨¢ donde menos justificado est¨¦, y eso afecte tambi¨¦n a determinadas pensiones. No obstante, los sindicatos de clase podr¨ªan aprobar medidas de ese g¨¦nero en un marco m¨¢s completo de reformas. Pero empezar cortando por los m¨¢s d¨¦biles en un pa¨ªs en el que las medidas del Welfare State son muy inferiores, en cantidad y calidad, a las del resto de los pa¨ªses de nuestro entorno, dice muy poco en favor de la capacidad de gobierno de un equipo que recibi¨® 10 millones de votos y la mayor¨ªa en ambas C¨¢maras para que fuera capaz de resistir las presiones contra el cambio de esta sociedad.

Por otra parte, resulta dif¨ªcil entender c¨®mo un terna tan importante como el de Seguridad Social ha merecido tan escasa negociaci¨®n con los interlocutores sociales. No parece l¨®gico que el hurac¨¢n del debate est¨¦ centrado exclusivamente entre el Gobierno y UGT y s¨®lo haya habido t¨ªmidos intentos de acercarse a los empresarios de la CEOE y ninguno a Comisiones Obreras por la parte sindical.

Pero, adem¨¢s, el Gobierno ha llevado paralelamente al Congreso una ley de vital importancia en la financiaci¨®n de la Seguridad Social como la de Sanidad. El proyecto, aunque posiblemente conocido por empresarios y sindicatos, no fue presentado ni una sola vez en la comisi¨®n de reforma del AES, lo que provoc¨® quejas por parte de la CEOE y UGT, que lo requirieron. en varias ocasiones.

El tr¨¢mite parlamentario que ha de pasar esta ley puede dar lugar a introducir enmiendas que concedan alguna de las cosas exigidas por la UGT. Pero la ley de Sanidad en su conjunto significa un paso atr¨¢s en las promesas electorales del PSOE y una claudicaci¨®n frente a las presiones corporativistas de la clase m¨¦dica. Cabe preguntarse a la vista de todo ello si no hubiera sido lo l¨®gico emprender un plan global de reforma de la Seguridad Social que buscara equilibrios m¨¢s acordes con el car¨¢cter socialista del partido en el Gobierno y con los intereses que te¨®ricamente representa.