El juicio del fin del mundo

EL GOBIERNO argentino del presidente Ra¨²l Alfons¨ªn siempre ha tenido, en sus cerca de dos a?os de mandato, una decidida intenci¨®n de institucionalizar los usos y costumbres democr¨¢ticos en una sociedad profundamente descre¨ªda y harto acostumbrada al intervencionismo militar y a sus excesos. As¨ª, reform¨® el C¨®digo de Justicia Militar haciendo apelables las sentencias castrenses ante la jurisdicci¨®n ordinaria, equipar¨® la tortura al asesinato cualificado y estableci¨® la exenci¨®n penal de quien se rebela contra el rebelde a la Constituci¨®n, amparando jur¨ªdicamente la resistencia a hipot¨¦ticos y futuros golpes militares.La ley de Pacificaci¨®n Nacional -una autoamnist¨ªa- dictada por la ¨²ltima Junta Militar, que presidi¨® el general Bignone, fue derogada, y por orden directa de Alfons¨ªn, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se proces¨® a los nueve primeros triunviros de aquel proceso de reorganizaci¨®n nacional, entre ellos los ex presidentes tenientes generales Videla, Viola y Galtieri, y, en otra causa, a represores destacados por su ferocidad, como el general Camps, el contralmirante Chamorro, el capit¨¢n de corbeta Acosta o el teniente de nav¨ªo Alfredo Astiz.

Entre otras cosas, ¨¦sta es la carga que hay que colocar en la balanza positiva de Ra¨²l Alfons¨ªn cuando, sin faltar a la verdad, se acusa a su Gobierno de haber permanecido indeciso, contradictorio e ineficaz en la lucha contra el desmoronamiento econ¨®mico -m¨¢s de un 2% de inflaci¨®n diaria- que roe a la naci¨®n: el esfuerzo ¨¦tico y moral por recuperar la decencia nacional perdida tras siete a?os de barbarie militar. Desde hace cerca de dos a?os en Argentina no existen presos pol¨ªticos, no desaparecen las personas, no se tortura a los detenidos, no se conculcan las leyes desde el poder ni puede descubrirse la menor violaci¨®n de los derechos del hombre consentida o amparada por las autoridades.

Los propios procesados en la principal causa que ahora se est¨¢ viendo oralmente en Buenos Aires han disfrutado de todas las garant¨ªas legales, hasta el punto de que el Gobierno democr¨¢tico se vio desfavorecido por el retraso que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas imprimi¨® a la instrucci¨®n del sumario y se ha visto obligado a pasar la causa a la C¨¢mara Federal de Apelaciones, en la jurisdicci¨®n civil.

El Gobierno se neg¨® a un juicio pol¨ªtico de las juntas llevado a cabo por el Congreso de la naci¨®n y ha sufrido la presi¨®n de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos reclamando juicios civiles, por el C¨®digo Penal y no el castrense, r¨¢pidos e individualizados. Alfons¨ªn se inclin¨® desde el comienzo por un cuidadoso respeto a las garant¨ªas jur¨ªdicas de los encausados, aun a riesgo de soportar el desgaste pol¨ªtico de un juicio de estas caracter¨ªsticas, cuya vista oral ha comenzado tard¨ªamente y cuya duraci¨®n y peligrosidad institucional son impredecibles. En el envite jur¨ªdico va la supervivencia de la propia presidencia de la Rep¨²blica: si los nueve triunviros resultaran absueltos o sentenciados a penas peque?as y simb¨®licas, el hombre que firm¨® su procesamiento no durar¨ªa una semana en su despacho de la Casa Rosada.

Por lo dem¨¢s, el proceso est¨¢ sentenciado moralmente de antemano. Ni la mayor¨ªa de los argentinos ni cualquiera que haya seguido con alguna atenci¨®n los ¨²ltimos avatares de este castigado pa¨ªs tiene duda alguna de que la dictadura militar argentina organiz¨® y desarroll¨® una represi¨®n antiterrorista homicida, indiscriminada y salvaje, basada en el terror sistematizado, la tortura a los detenidos y la desaparici¨®n de las personas. Tanto da si en el proceso se prueba un crimen o 30.000, por cuanto en el ¨¢nimo de todos est¨¢ el convencimiento moral, m¨¢s all¨¢ de toda duda, de la comisi¨®n de incontables atrocidades por la dictadura militar. El juicio de Buenos Aires, err¨®nea e interesadamente calificado de Nuremberg criollo, carece de otro precedente que el proceso a los coroneles griegos despu¨¦s de la ocupaci¨®n turca de Chipre. Con la diferencia de lo especialmente abominable de la represi¨®n argentina y de que por primera vez en la historia se juzga penalmente a tres ex presidentes consecutivos de una naci¨®n y a tres c¨²pulas completas de sus Fuerzas Armadas. El reto es enorme, y todo tipo de asechanzas aguardan al Gobierno constitucional.

El juicio es, en definitiva, un gran proceso en el fin del mundo contra la prepotencia del poder -civil o militar- y en reclamo del derecho como ¨²nica muralla contra el extrav¨ªo de la raz¨®n. Deber¨ªa ser amparado por todos los ciudadanos libres del mundo. Sin embargo, en las bancadas de la C¨¢mara Federal de Apelaciones de Buenos Aires s¨®lo toman asiento dos solitarios observadores internacionales: representan a la Asociaci¨®n Espa?ola de Defensa de los Derechos Humanos y a Amnist¨ªa Internacional.