Cuando el poder esp¨ªa

LAS NOTICIAS sobre el espionaje policial en torno a actividades de diversos grupos pol¨ªticos, incluido el principal partido de la oposici¨®n, no pueden ser m¨¢s preocupantes. La solidez del sistema democr¨¢tico no se mide s¨®lo por la peri¨®dica celebraci¨®n de elecciones libres, sino tambi¨¦n por el respeto de los gobernantes hacia las reglas de juego y por su coherencia a la hora de cumplirlas. Cuando los titulares del poder sacrifican los fundamentos del ordenamiento democr¨¢tico a la satisfacci¨®n de sus propios intereses, el r¨¦gimen de libertades se ve seriamente amenazado. La tendencia a burlar esas normas democr¨¢ticas no se manifiesta ¨²nicamente en las violaciones de los derechos humanos, vanamente justificadas en nombre de la raz¨®n de Estado, sino tambi¨¦n en la conculcaci¨®n de las leyes ordinarias y en el desprecio hacia los usos pol¨ªticos establecidos de limpieza en el juego. El que una brigada del Ministerio del Interior haya realizado labores de investigaci¨®n -pagadas con fondos presupuestarios- para espiar las actividades del principal partido de la oposici¨®n, de otros grupos pol¨ªticos legalizados y de las organizaciones mas¨®nicas no es una an¨¦cdota: es la prueba del desprecio al sistema de libertades por parte de determinados detentadores del poder. Supone un desprecio culpable a las minor¨ªas pol¨ªticas y justifica sobradamente la querella interpuesta por Alianza Popular. En cualquier pa¨ªs democr¨¢tico un hecho as¨ª ser¨ªa el motivo de una crisis pol¨ªtica de primer orden, y, de hecho, de parecida manera, aunque no financi¨¢ndose con fondos p¨²blicos, como aqu¨ª, comenz¨® el Watergate que acab¨® con Nixon. No es diferente la actitud moral que amparaba a los fontaneros antiguos, miembros de la CIA, de la que pretende ahora amparar a los fontaneros del jefe de la lucha antiterrorista. En Espa?a, sin embargo, los medios oficiales han mostrado inicialmente una notable insensibilidad ante la noticia. La circunstancia de que ese eventual espionaje estatal tenga un posible y hasta probable aprovechamiento gubernamental, y sea susceptible de utilizaci¨®n por el partido que controla el Gobierno y administra el Estado para fines electorales, transforma el esc¨¢ndalo en una violaci¨®n de las convenciones sobre las que descansa un sistema democr¨¢tico.

La explicaci¨®n de que las informaciones allegadas por esa labor de espionaje mor¨ªan en los cajones profesionales de la brigada y no llegaban a manos de los cargos pol¨ªticos es tan tonta que resulta incre¨ªble, salvo en el caso de que se confiese paladinamente que el Gobierno no controla su polic¨ªa. ?C¨®mo entonces los superiores de esos funcionarios policiales les han permitido dilapidar sus horas de trabajo en la tarea de acarrear datos y documentos que a nadie interesaban? La ingenuidad de algunos cargos socialistas, que se han jactado en p¨²blico de conocer documentos secretos y decisiones internas de otros partidos, convierte en desesperada la empresa de sostener que la Brigada de Informaci¨®n coleccionaba para su propia distracci¨®n los datos sobre Alianza Popular. Y las insistentes denuncias -nunca probadas pero siempre reiteradas- sobre escuchas telef¨®nicas cobran nuevo significado en el contexto de esas actividad es de espionaje.

Alianza Popular ha interpuesto una querella criminal contra los eventuales responsables de esas actividades y contra quienes, conoci¨¦ndolas, no las hubiesen impedido. Los querellados son acusados de haber cometido "un grav¨ªsimo atentado contra el sistema de partidos vigente en Espa?a por mandato constitucional" y de haber incurrido en hechos tipificados como delitos por el art¨ªculo 172 (que ampara el leg¨ªtimo ejercicio de la libertad de asociaci¨®n), el art¨ªculo 191 (que castiga al funcionario p¨²blico que registre ilegalmente los papeles o los efectos de un s¨²bdito espa?ol) y el art¨ªculo 497 del C¨®digo Penal (que sanciona a quienes se apoderen de papeles y cartas para descubrir secretos de otros). En la querella, Alianza Popular se?ala que "desde hace algunos meses ten¨ªa razones fundadas para sospechar la existencia de alg¨²n tipo de espionaje sobre las actividades del partido y tiene constancia, desde luego, de que determinados documentos altamente confidenciales han llegado a poder de terceras personas distintas de sus destinatarios". Entre las diligencias solicitadas figura la petici¨®n de que se reciba declaraci¨®n a Alfonso Guerra (vicepresidente del Gobierno), Jos¨¦ Barrionuevo (ministro del Interior), Eduardo Mart¨ªn Toval (segundo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista), Juli¨¢n San Crist¨®bal (director de la Seguridad del Estado), Jes¨²s Mart¨ªnez Torres (comisario general de Informaci¨®n) y Alberto El¨ªas (comisario de la Brigada de Informaci¨®n). Pero los aspectos estrictamente penales del asunto, con toda su indiscutible gravedad, ceden incluso en importancia ante las dimensiones pol¨ªticas de lo que parece uno de los grandes abusos de poder cometidos en la Espa?a democr¨¢tica.