El Supremo falla en contra del Estado en el caso del hundimiento del 'Urquiola'
El Tribunal Supremo ha fallado en contra de la Administraci¨®n del Estado en el caso del incendio y posterior hundimiento del buque tanque Monte Urquiola, siniestro acaecido el 12 de mayo de 1976, en el que perdi¨® la vida el capit¨¢n del petrolero. Las compa?¨ªas aseguradoras, que debieron abonar 1.600 millones de pesetas a los propietarios del buque, la Naviera Artola, pleitearon hasta llegar al Supremo, de cuyo fallo tuvieron conocimiento el pasado 8 de mayo.
Decenas de veces, el capit¨¢n Francisco Eduardo Rodr¨ªguez hab¨ªa pilotado sin novedad su buque por el canal de entrada Seixo Blanco de acceso al puerto de La Coru?a. A primeras horas de la ma?ana del aciago 12 de mayo de 1976, cuando su supertanque enfilaba el puerto coru?¨¦s cargado con 118.000 toneladas de crudo, por valor de 750 millones de pesetas, embarranc¨® en unos bajos no se?alizados en las cartas n¨¢uticas.El capit¨¢n recibi¨® orden de la Comandancia de Marina de virar en redondo y dirigirse a alta mar, con el fin de evitar la cat¨¢strofe ecol¨®gica, maniobra en la que toc¨® fondo por segunda vez. A partir de las diez de la ma?ana, pr¨¢ctico y capit¨¢n quedaron solos en la nave siniestrada. A las 13,53, por efecto de la acumulaci¨®n de gases, se produjo la primera explosi¨®n a bordo del Urquiola. Ambos marinos se arrojaron al agua entre las llamas, pero el capit¨¢n Rodr¨ªguez no llegar¨ªa nunca a tierra.
Desde el primer momento, las compa?¨ªas Seguros Bilbao, SA, y Cervantes, SA, como titulares de las p¨®lizas que cubr¨ªan los riesgos del buque y su carga, respectivamente, sostuvieron que la causa del siniestro era debida a la existencia de una aguja no se?alizada en las cartas de navegaci¨®n, opini¨®n corroborada posteriormente por el Servicio Hidrogr¨¢fico de la Marina.
La Administraci¨®n, que investigaba el siniestro en la correspondiente causa, mantuvo que existi¨® imprudencia en la actuaci¨®n del capit¨¢n del Urquiola, argumento que sirvi¨® para rechazar por v¨ªa administrativa la reclamaci¨®n de las compa?¨ªas aseguradoras. ?stas, sin embargo, plantearon pleito contencioso-administrativo contra la Administraci¨®n del Estado, que fue rechazado en sentencia de la Audiencia Nacional del 22 de enero de 1982. Las aseguradoras apelaron ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha considerado sus argumentos.
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