Los recaudadores

Los casos de picaresca en los que la recaudaci¨®n de impuestos municipales y del Estado son patrimonializados en beneficio privado (v¨¦ase EL PAIS del pasado 9 de junio) no pueden ser despachados como meras corrupciones aisladas, sino que remiten a un marco normativo sospechoso de inconstitucionalidad e impropio de un Estado moderno. Sin duda, la inmensa mayor¨ªa de las personas que tienen a su cargo la delicada tarea de recaudar -por cuenta del Tesoro o de los ayuntamientos y bajo la encomienda de las diputaciones provinciales- la contribuci¨®n r¨²stica o urbana, los impuestos de lujo y la tributaci¨®n municipal desempe?an su trabajo con honradez y dedicaci¨®n. Frente al bill¨®n de pesetas recaudado anualmente por esos canales, la cifra de 500 millones supuestamente defraudados en los 11 casos denunciados en los dos ¨²ltimos a?os puede parecer despreciable. Sin embargo, el dato a retener es la insuficiencia de los mecanismos de control establecidos por la legislaci¨®n vigente y la entrega en subarriendo a terceros de la gesti¨®n tributaria.Buena parte de los recaudadores de las administraciones p¨²blicas son funcionarios en ejercicio o en situaci¨®n de supernumerarios, que acceden a ese trabajo mediante un examen o concurso y el dep¨®sito de una fianza. Cinco mil personas, entre los recaudadores y sus empleados, desempe?an hoy d¨ªa oficios tributarios indirectos. Seg¨²n algunos expertos, ese panorama resulta dif¨ªcilmente compatible con el ordenamiento jur¨ªdico definido por la Constituci¨®n de 1978. La cesi¨®n a manos privadas de la funci¨®n tributaria no s¨®lo contradice uno de los rasgos caracter¨ªsticos del Estado moderno, sino que abre tambi¨¦n las puertas a fen¨®menos de clientelismo y nepotismo en las oficinas recaudatorias. Si a los ciudadanos se les ordena contribuir al mantenimiento de las instituciones p¨²blicas con el argumento de que la solidaridad comunitaria as¨ª lo exige,, resulta cuando menos parad¨®jico que algunas exacciones sean encomendadas a organizaciones particulares, que act¨²an de manera delegada en nombre de las administraciones p¨²blicas.

La falta de capacidad de las administraciones p¨²blicas para controlar ese r¨¦gimen de subarriendo de tributos se ha manifestado ocasionalmente en descubrimientos tard¨ªos de fraudes y malversaciones. Seg¨²n algunas informaciones, el proyecto del Gobierno socialista de, modificar la legislaci¨®n vigente sobre esta materia qued¨® paralizado por los intereses creados y las presiones corporativistas que se mueven en el mundo de la recaudaci¨®n de impuestos.

La reforma se propon¨ªa hacer m¨¢s transparentes las relaciones entre la Administraci¨®n y los contribuyentes (evitando, entre otras cosas, las enormes colas ante las oficinas recaudatorias), as¨ª como otorgar a las diputaciones provinciales los medios suficientes para ejecutar y fiscalizar las tareas tributarias. Esos planes t¨¢mbi¨¦n inclu¨ªan el proyecto de homologar a los recaudadores locales con los inspectores de Hacienda, a fin de acabar con esa figura h¨ªbrida de cobrador a porcentaje en el que se confunden los intereses privados con el mandato p¨²blico. Por muy cargado que se halle el programa legislativo del Gobierno socialista, parece indispensable que la legislatura del cambio ponga fin a un r¨¦gimen tributario tan an¨®malo, que, nos hace retroceder a la ¨¦poca anterior a la constituci¨®n del Estado moderno.