Nuestra salud

EL PROYECTO de la ley general de Sanidad (LGS), que super¨® la enmienda a la totalidad en un reciente Pleno del Congreso, se fue alejando progresivamente de los presupuestos electorales del PSOE en materia de salud a medida que se suced¨ªan los borradores de su texto. Rechazado desde el primer momento por Alianza Popular y por las organizaciones m¨¦dicas de sesgo corporativista, las concesiones hechas por el ministro de Sanidad a los intereses conservadores apenas han mitigado la virulencia de esas cr¨ªticas iniciales. Y si las modificaciones introducidas en su articulado para complacer a la derecha han merecido s¨®lo su desprecio, esa rectificaci¨®n a la baja ha irritado a las centrales sindicales y grupos profesionales que hab¨ªan acogido favorablemente el primitivo proyecto. El resultado es que Comisiones Obreras (CCOO), la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica (FADSP), el Sindicato Galego de Sanidad y la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT) han retirado su respaldo a un proyecto de ley que ha ingresado en el Parlamento sin mas apoyo que el prestado por el Gobierno y la direcci¨®n del PSOE.Una de las estrategias de la oposici¨®n durante esta legislatura ha sido invocar la legitimidad constitucional, los intereses creados o de la necesidad del consenso para denunciar los proyectos de ley que se propusieran dar cumplimiento a los compromisos electorales del PSOE. Ignorando quiz¨¢ que el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez hab¨ªa recibido en las urnas el respaldo de 10 millones de votos para aplicar un plan de reformas, la oposici¨®n conservadora ha intentado convencer a la opini¨®n p¨²blica de que los socialistas deber¨ªan legislar, no seg¨²n sus criterios, sino de acuerdo con las instrucciones de la derecha. El Gobierno, sensibilizado ante la presi¨®n de los grupos de inter¨¦s organizados de los que Alianza Popular se convirti¨® en portavoz parlamentario, ha recortado en ocasiones sus ambiciones iniciales, y ha tratado de negociar una retirada honorable. Pero, tal y como ha sucedido ahora con la ley de Sanidad, las concesiones hechas por el Gobierno han resultado insuficientes para sus adversarios y le han sustra¨ªdo, al tiempo, el apoyo de sus bases electorales.

Aunque se sostenga que la regulaci¨®n de la sanidad deba ser objeto de una "ley de Estado", pactada entre los distintos intereses en juego, resulta muy dudoso que un aut¨¦ntico cambio en ese terreno pueda abrirse paso con los aplausos de todos y cada uno de los grupos afectados. Por lo dem¨¢s, no es cierto que la creaci¨®n de un servicio nacional de salud resulte lesiva para todos los profesionales del sector. Al menos un tercio de los m¨¦dicos espa?oles estaba a favor de una reforma seg¨²n las l¨ªneas esbozadas en el programa electoral del PSOE. Y otros muchos m¨¦dicos, dispuestos a seguir una carrera profesional en el sector p¨²blico, hubieran aceptado ese modelo si el Gobierno hubiera explicado suficientemente el alcance y el prop¨®sito de sus planes. Resulta dudosa la afirmaci¨®n del ministro Lluch de que el proyecto ha sido suavizado para no lesionar a los m¨¦dicos; s¨®lo una minor¨ªa, con fuertes intereses en el sector privado, se hubieran visto perjudicados por un proyecto p¨²blico ambicioso.

Pero sucede tambi¨¦n que las prioridades del Gobierno en materia de inversiones econ¨®micas no van por el sector de la salud, ya que, de otra manera, ser¨ªa dif¨ªcil explicar el modelo de financiaci¨®n adoptado. La decisi¨®n de descargar sobre la Seguridad Social el grueso del soporte econ¨®mico de la reforma sanitaria parece abocarla al fracaso. La LGS pierde adem¨¢s su sentido solidario al distinguir entre los niveles de renta de los ciudadanos con derecho al acceso al sistema. De esta forma, el anunciado cambio se convierte en una ficci¨®n, que respeta las l¨ªneas fundamentales recibidas del pasado: un sistema mutualista, costeado por fondos del salario diferido y, en bastante menor medida, con el aporte ben¨¦fico de las instituciones p¨²blicas. Y, sin embargo, una ley de Sanidad beneficiosa para la mayor¨ªa de los ciudadanos hubiera compensado pol¨ªtica y socialmente el esfuerzo econ¨®mico necesario para llevarla adelante.

Junto a la aportaci¨®n econ¨®mica de la Seguridad Social -el montante m¨¢s sustancial- y la contribuci¨®n del Estado, la ley abre tambi¨¦n la posibilidad -totalmente nueva respecto al proyecto inicial- de "tasas por la prestaci¨®n de determinados servicios". Queda as¨ª despejado el camino para el cobro de cualesquiera tipos de prestaciones en el desarrollo posterior de la ley. La financiaci¨®n de los servicios sanitarios por medio de tasas implica que algunos enfermos se ver¨¢n obligados a mayores aportaciones econ¨®micas o a prescindir -si carecen de los recursos suficientes- de determinadas prestaciones. El resultado ser¨¢ la discriminaci¨®n econ¨®mica en el acceso a las atenciones sanitarias. De aprobarse el proyecto de ley en estos t¨¦rminos, el principio de la universalidad de la atenci¨®n m¨¦dica se ver¨ªa seriamente lesionado.