El juez estima que hay "indicios o sospechas" sobre Guerra y Barrionuevo por el espionaje policial a Alianza Popular

El juez Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia, instructor de la causa 1.7421/1985, relativa al espionaje policial realizado sobre Alianza Popular (AP), estima que hay indicios o sospechas" de que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, entre otros, est¨¢n implicados. Por tratarse de personas aforadas -no sujetas a la jurisdicci¨®n ordinaria-, V¨¢zquez Honrubia remiti¨® una copia del sumario al Tribunal Supremo, por si ¨¦ste juzga conveniente reclamar su competencia sobre la causa, abierta por la querella presentada en mayo pasado por AP.

V¨¢zquez Honrubia, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 prefiri¨® no revelar los nombres de las personas que, en su opini¨®n, pueden ser procesadas en esta causa, ya que, seg¨²n precis¨®, "se trata de un asunto enormemente delicado". Fuentes jur¨ªdicas se?alaron que, entre esas personas figuran, adem¨¢s de Guerra y Barrionuevo, el diputado socialista Eduardo Mart¨ªn Toval; el director general de la Polic¨ªa, Rafael del R¨ªo; el comisario general de Informaci¨®n, Jes¨²s Mart¨ªnez Torres; el jefe de la Brigada de Interior, Alberto El¨ªas, y varios funcionarios del Cuerpo Superior adscritos a la citada brigada.No obstante, es ahora el Tribunal Supremo quien debe decidir si inicia o no los tr¨¢mites correspondientes para procesar a dichas personas o a alguna de ellas. Igualmente, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo decidir¨¢ si en la misma causa procesa a varias de las personas que actuaron como topos dentro de AP.

En la providencia de V¨¢zquez Honrubia, se dice textualmente: "A la vista de todo lo actuado, el¨¦vese atenta exposici¨®n a la sala segunda del Tribunal Supremo, a la que se acompa?ar¨¢ testimonio de las diligencias practicadas, de conformidad con el art¨ªculo 21.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por aparecer presuntamente implicadas personas que gozan de fuero en dicha sala, a tenor de los art¨ªculos 102.1, 71.2 y 3 de la Constituci¨®n; art¨ªculo 45 de la ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de la Administraci¨®n del Estado; 281 y 284 de la ley Org¨¢nica del Poder Judicial y dem¨¢s concordantes".

El art¨ªculo 102.1 de la Constituci¨®n dice que "la responsabilidad criminal del presidente y los dem¨¢s miembros del Gobierno ser¨¢ exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". El art¨ªculo 71 de la Constituci¨®n se?ala que los diputados y senadores "no podr¨¢n ser inculpados ni procesados sin la previa autorizaci¨®n de la c¨¢mara respectiva". El art¨ªculo 45 de la ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico indica que la responsabilidad criminal de funcionarios con categor¨ªa superior a la de jefe superior de la Administraci¨®n ser¨¢ exigible ante la sala primera del Tribunal Supremo, y la del resto de funcionarios ante la audiencia territorial correspondiente.

Tras esta decisi¨®n del juez V¨¢zquez Honrubia, que ha contado con el "visto y conforme" del fiscal Carlos Ladr¨®n de Cegama, se ha dado un importante paso con respecto a la b¨²squeda de responsabilidades por el espionaje policial sufrido por AP, partido que interpuso la querella hace mes y medio. Tanto el juez como el fiscal comentaron ayer que, a lo largo de la instrucci¨®n del sumario, se hab¨ªa producido "una serie de casualidades", pero a?adieron: "Hemos procurado mantener la indepedencia y la hemos mantenido".

El juez levant¨® ayer. el secre que pesaba sobre el sumario, por lo que su contenido fue exarninado en la ma?ana de ayer por el diputado de AP Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, en nombre de AP, y por el abogado Luis S¨¢nchez Movell¨¢n, en nombre de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa. Este letrado, y no un abogado del Estado -como ser¨ªa m¨¢s l¨®gico, seg¨²n estiman fuentes judiciales-, act¨²a en esta causa desde el pasado 14 de junio.

Seis a?os con 'topos'

Entre las personas que han sido interrogadas por el juez en estas semanas figuran las autoridades antes citadas -Barrionuevo lo hizo por escrito y Guerra en una sesi¨®n "tensa", seg¨²n declar¨® ayer el juez a la cadena SER-, el director de la Seguridad del Estado, los dirigentes de AP Manuel Fraga y Jorge Verstrynge, los polic¨ªas que presuntamente intervinieron como topos en AP y empleados o simpatizantes del partido que suministraron datos a la polic¨ªa.Tambi¨¦n declararon polic¨ªas que en su d¨ªa estuvieron destinados en la Brigada de Interior, como el subcomisario Mariano Bania¨¢dr¨¦s y el inspector F¨¦lix Gallego. ?ste aport¨® datos muy concretos sobre c¨®mo se obten¨ªa informaci¨®n de partidos pol¨ªticos y desvel¨® comentarios antidemocr¨¢ticos que en ocasiones se hac¨ªan en dicha unidad policial.

Seg¨²n personas que conocen el sumario, las declaraciones de Guerra y Verstrynge registran 'Tuertes discrepancias". Guerra se?al¨® al juez que ¨¦l dispuso con antelaci¨®n de documentos de AP porque se los facilitaban los periodistas, pero s¨®lo unos minutos antes de hacerse p¨²blicos dichos documentos. Verstryrige, sin embargo, asegur¨® que el vicepresidente dispon¨ªa de algunos documentos con muchas horas de antelaci¨®n y aport¨® datos muy concretos.

El diputado Mart¨ªn Toval declar¨® al juez que algunos documentos reservados de AP los ten¨ªa en su poder el Gobierno o el PSOE porque les eran remitidos de forma anonima, por correo.

En general, los polic¨ªas que de clararon pusieron de relieve que, en efecto, se investigaban actividades de partidos pol¨ªticos, pero que nunca ha estado claro cu¨¢l es el l¨ªmite de esas investigaciones. Tanto ¨¦stos como Barrionuevo u otro altos cargos negaron que se tratara de un "espionaje".

Sin embargo, en el sumario exis ten datos concretos para asegurar que, desde hace seis a?os, AP ten¨ªa varios topos que sacaban del partido valiosa informaci¨®n sobr sus actividades. Concretamente desde que el partido ten¨ªa su sede en el n¨²mero 23 la calle Silva, de Madrid, donde tambi¨¦n ten¨ªa la sede la Fundaci¨®n C¨¢novas del Castillo. Algunos servicios eran comunes para ambas organizaciones y supon¨ªan un agujero adecuado para la introducci¨®n de topos.

En algunos casos, los topos lograron introducirse por razones de amistad directa con empleados de AP. En otros casos, familiares de polic¨ªas pusieron en contacto a ¨¦s tos con empleados o simpatizan tes del partido conservador. Por ejemplo, las esposas de un inspector de polic¨ªa apellidado Bartolom¨¦ y del anterior jefe de distribu ci¨®n de AP, apellidado Gonz¨¢lez eran amigas y hab¨ªan nacido en la misma localidad. Una de las personas a las que se prohibi¨® la en trada en AP hace varios meses es Antonio Gonz¨¢lez, que, seg¨²n conocedores del sumario, fue confl dente de la polic¨ªa.

Ruiz Gallard¨®n asegur¨® que AP "est¨¢ ahora limpia de topos". Afirm¨® que "hay pruebas" del espionaje y que "los hechos son m¨¢s graves de lo que supon¨ªamos".