Una crisis todav¨ªa no explicada
EL PRESIDENTE del Gobierno expondr¨¢ el pr¨®ximo jueves, ante la Diputaci¨®n Permanente del Congreso, el significado de la reciente crisis ministerial. La explicaci¨®n de las razones que han llevado a Felipe Gonz¨¢lez a cambiar a siete miembros de su anterior Gabinete es algo m¨¢s que un gesto de cortes¨ªa hacia el Parlamento. Aunque el mecanismo constitucional de las relaciones entre el legislativo y el Ejecutivo no exija la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno para informar de los nombramientos o los ceses de sus colaboradores, fueron los socialistas quienes propusieron, cuando acampaban en la oposici¨®n, que las explicaciones sobre las crisis ministeriales quedaran incorporadas a los usos parlamentarios. La tendencia de los inquilinos de la Moncloa a acentuar los rasgos presidencialistas de nuestro sistema pol¨ªtico debe ser corregida mediante la participaci¨®n de las C¨¢maras -a las que nuestra norma fundamental conf¨ªa la tarea de controlar la acci¨®n del Gobierno- en el an¨¢lisis y valoraci¨®n de las decisiones adoptadas por el jefe del Ejecutivo.Si el cese de Mor¨¢n y la dimisi¨®n de Boyer reclamaron la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica y monopolizaron las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa del presidente, no es posible, por lo dem¨¢s, silenciar-o no atender suficientemente al significado de los cambios en las restantes carteras. Resulta de inter¨¦s conocer los motivos por los que un t¨¦cnico como Juli¨¢n Campo, con una pobre pol¨ªtica en carreteras pero cuyo proyecto de ley de Aguas figurar¨¢ entre las realizaciones notables de la actual legislatura, ha sido sustituido por un antiguo abogado laboralista totalmente ayuno en materia de Obras P¨²blicas -seg¨²n propia confesi¨®n- y conocido tan s¨®lo por sus nada brillantes cualidades como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Tampoco ser¨ªa ocioso averiguar si los cambios en los ministerios de Transportes y de Administraci¨®n Territorial se deben a una gesti¨®n defectuosa de sus antiguos titulares, a un giro en la pol¨ªtica de esos departamentos que exigir¨ªa nuevos gestores o a razones de otra ¨ªndole. Y merece una explicaci¨®n la decisi¨®n de designar portavoz del Gobierno a un ministro que deber¨¢ simultanear sus nuevas funciones con la cartera de Cultura, f¨®rmula que obliga a ¨¦ste a simultanear dos despachos y que puede suscitar en Solana los problemas de identidad derivados de confiar a una misma persona la propaganda pol¨ªtica y la administraci¨®n de los bienes culturales.
En cualquier caso, Fernando Mor¨¢n y Miguel Boyer seguir¨¢n ocupando el centro de la fotograf¨ªa de la crisis. Y al margen de lo ya dicho respecto a ambos casos, el presidente deber¨ªa explicar sus motivos reales para designar un nuevo ministro de Exteriores de significado tan distinto al que se va, y c¨®mo afecta eso a los proyectos sobre la OTAN y al refer¨¦ndum. Tambi¨¦n debe aclarar las atribuciones de cansancio que hizo a Boyer como justificaci¨®n de su dimisi¨®n. Tanto el presidente como el ministro dimitido deben ser conscientes de que nadie cree esa explicaci¨®n oficial, mientras se abre paso -da?ando la imagen de sinceridad que Felipe Gonz¨¢lez quiso ofrecer en su lamentable conferencia de prensa- la tesis de una dimisi¨®n relacionada de una u otra forma con la creaci¨®n de una segunda vicepresidencia. No es una cuesti¨®n balad¨ª: los ciudadanos tienen derecho a saber lo sucedido, y es ante las Cortes ante quien debe darse esa informaci¨®n. La conspiraci¨®n para proteger bajo el secreto la historia de esta crisis y la obcecaci¨®n de unos y de otros para suministrar falsas o parciales explicaciones sobre su desenlace constituyen un acto de desprecio hacia los ciudadanos.
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