...Y un problema pol¨ªtico

PERO VOLVIENDO al comienzo de esta larga historia, la denegaci¨®n de la demanda presentada por Fraga para conseguir que Televisi¨®n Espa?ola proyectara un v¨ªdeo sobre su etapa como ministro de la Gobernaci¨®n agota el aspecto jur¨ªdico, pero no la dimensi¨®n pol¨ªtica del problema creado.La manipulaci¨®n informativa de Televisi¨®n Espa?ola en beneficio del poder no es un invento, ni mucho menos, de los socialistas, sino una constante de nuestra reciente historia pol¨ªtica. Puesto a hacer el v¨ªdeo de Fraga, Televisi¨®n Espa?ola pod¨ªa haber recordado tambi¨¦n que ¨¦ste hered¨® el monopolio de Gabriel Arias Salgado para potenciar la adulaci¨®n al dictador y el linchamiento moral de los discrepantes entre 1962 y 1969. En la Espa?a democr¨¢tica, Televisi¨®n Espa?ola ha estado al servicio de los sucesivos Gobiernos centristas, incluida la etapa en que Carlos Robles Piquer hizo compatible el apoyo al presidente Calvo Sotelo con el fortalecimiento de Alianza Popular, partido en el que hoy ocupa una elevada responsabilidad. Cuando los socialistas -entonces en la oposici¨®n- iniciaron, con motivo de una auditor¨ªa, una querella criminal contra Rafael Ans¨®n y Fernando Arias Salgado, directores de RTVE con Adolfo Su¨¢rez, el trasfondo pol¨ªtico de la acci¨®n penal apenas qued¨® disfrazado. Y si Fernando Castedo fue destituido como director del Ente P¨²blico RTVE por Leopoldo Calvo Sotelo, las claves de esa destituci¨®n tuvieron tambi¨¦n car¨¢cter partidista y electoralista. Sin embargo, que Manuel Fraga haya sido objeto de uno de esos tratamientos a los que nos ten¨ªa acostumbrados Prado del Rey cuando el actual agredido era ministro de Informaci¨®n muestra hasta qu¨¦ punto las antiguas v¨ªctimas pueden interiorizar en sus conciencias los principios y las pautas de conducta de sus antiguos verdugos. Una transici¨®n como la espa?ola, que se ha hecho desde la reconciliaci¨®n, no debe olvidar este car¨¢cter esencial del proceso, y una televisi¨®n que es monopolista y estatal no puede comportarse con semejante prepotencia en una democracia.La pretensi¨®n de Manuel Fraga de poner su v¨ªdeo frente al v¨ªdeo de los otros era inadmisible, y responde a las pulsiones autoritarias de siempre conocidas en ¨¦l. La petici¨®n de destituci¨®n del actual director general de RTVE por el Gobierno, en estricto cumplimiento del Estatuto de Televisi¨®n, es en cambio razonable si se quiere garantizar que estos atropellos pol¨ªticos no vuelvan a repetirse -contra Fraga, o contra el PCE, o contra Pujol, o contra Boyer, o contra Su¨¢rez, o contra quien sea- en la pr¨®xima campa?a electoral. El art¨ªculo 12 de esa norma establece que "el Gobierno podr¨¢ cesar al director general, o¨ªdo el consejo de administraci¨®n, mediante resoluci¨®n motivada" por causa de "incompetencia manifiesta o actuaci¨®n contraria a los criterios, principios u objetivos" definidos en los art¨ªculos 3? y 4? del estatuto. No s¨®lo los socialistas tienen mayor¨ªa absoluta en el Consejo de Administraci¨®n de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, sino que adem¨¢s dos consejeros que militan en el Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE) -Elena V¨¢zquez y Luis Enciso- han estado a punto de ser expulsados de su partido precisamente por ser pioneros de las cr¨ªticas a Calvi?o. En cuanto a las razones que avalar¨ªan la destituci¨®n del actual director general, el estatuto ordena que la actividad de los medios de comunicaci¨®n social del Estado se inspiren en los principios de "objetividad, veracidad e imparcialidad de la informaci¨®n", de "separaci¨®n entre informaciones y opiniones", de "respeto al pluralismo pol¨ªtico" y a "cuantos derechos y libertades reconoce la Constituci¨®n". Tras la lectura de esas l¨ªneas, ?puede afirmar alguien sin que se le caiga la cara de verg¨²enza que el estatuto de RTVE impide o dificulta al Gobierno, previo informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Administraci¨®n de Radiotelevisi¨®n Espa?ola, destituir a Calvi?o?, ?cabe entonces alguna duda de la parcialidad que inspir¨® el reportaje en cuesti¨®n? El justo triunfo de TVE ante los tribunales es un triunfo para todos. Pero es el Gobierno y no los jueces quienes deben poner coto a una situaci¨®n pol¨ªtica que desdice del respeto a las m¨¢s elementales normas y al funcionamiento de la democracia que unos gobernantes elegidos por el pueblo deben guardar.