La democracia policial

EL TRIBUNAL Supremo no ha aceptado su competencia para conocer de las actuaciones promovidas por Alianza Popular y seguidas inicialmente por el juez V¨¢zquez Honrubia en el caso del espionaje policial sobre los partidos. Al concluir que no existen indicios de criminalidad contra ninguna persona con fuero procesal, los magistrados estiman que las diligencias practicadas no revelan la participaci¨®n en el denunciado espionaje del vicepresidente Guerra, del ministro Barrionuevo, del diputado Mart¨ªn Toval y eventualmente (la sola alusi¨®n a los art¨ªculos 71.2 y 103 de la Constituci¨®n deja en el aire las fronteras) de los altos cargos del Ministerio del Interior.Como se?alamos en un comentario previo, la presunci¨®n de inocencia amparaba, desde el comienzo de las actuaciones, a las personas supuestamente implicadas. Parece necesario, en cualquier caso, se?alar que la decisi¨®n del Supremo -que no ha practicado nuevas diligencias, que se sepa- difiere sustancialmente de la apreciaci¨®n del juez V¨¢zquez Honrubia, que instruy¨® personalmente el caso. Por lo dem¨¢s, el hermetismo y la torturada prosa que sirven de veh¨ªculo de dudosa comunicaci¨®n al auto del Tribunal Supremo impiden sacar conclusiones inequ¨ªvocas -fuera de la declaraci¨®n de incompetencia- sobre la opini¨®n de los magistrados acerca del fondo del asunto. La resoluci¨®n se pregunta -pero no est¨¢ demasiado clara su respuesta- "qu¨¦ es lo que someramente se cuestiona" en la querella interpuesta por Alianza Popular para esclarecer "lo que, espectacular e indebidamente, se ha denominado espionaje pol¨ªtico o documental", utilizado como medio "para obstaculizar o impedir el leg¨ªtimo ejercicio de la libertad de asociaci¨®n". Los magistrados parecen circunscribir las eventuales responsabilidades penales del asunto a las actuaciones irregulares de funcionarios que tuviesen a su cargo o tuvieren confiados los documentos ilegalmente revelados. Sin embargo, la Sala Segunda del Supremo indica que esa conclusi¨®n "no ha de ser ¨®bice para que el juzgado practique las diligencias que estime oportunas, si los hechos fuesen susceptibles de m¨¢s amplia informaci¨®n".

Pero parece necesario recapacitar de nuevo sobre el hecho de que la desorbitada judicializaci¨®n a que est¨¢ siendo sometida nuestra vida p¨²blica tiene el riesgo de confundir el ¨¢mbito del derecho con el campo -mucho m¨¢s amplio- de la pol¨ªtica. El auto del Supremo, que cierra el camino a unas acusaciones penales concretas, no agota -ni puede hacerlo- las dimensiones p¨²blicas del asunto, que rebasan las fronteras del c¨®digo y penetran en el terreno de la pol¨ªtica. Por si cupieran dudas al respecto, baste la lecci¨®n magistral de teor¨ªa del Estado dictada por el director de la Polic¨ªa -nombrado para ese cargo por el ministro del Interior de un Gobierno socialista- al juez instructor con el fin de justificar la tarea de vigilancia o de espionaje sobre los partidos realizada por la Brigada de Informaci¨®n (ver EL PA?S de ayer). El socialismo democr¨¢tico ha tenido te¨®ricos del Estado tan excelentes como Hermann Heller; y los socialistas espa?oles contaron en sus filas con profesores tan estimables como Fernando de los R¨ªos, Juli¨¢n Besteiro y Luis Jim¨¦nez de As¨²a. Mucho nos tememos, sin embargo, que esa tradici¨®n tendr¨¢ que ser revisada o vuelta del rev¨¦s para ajustarse, no a los desarrollos te¨®ricos de Jos¨¦ Mar¨ªa Maravall o de Ignacio Sotelo, sino a las revolucionarias, innovaciones que Rafael del R¨ªo, alto cargo de la Administraci¨®n socialista, acaba de exponer para explicar las razones de que los partidos del arco parlamentario sean objeto del estrecho control informativo de la polic¨ªa con la tolerancia o bajo las instrucciones de sus superiores pol¨ªticos.

Esta nueva teor¨ªa policial del Estado, que los socialistas todav¨ªa no han repudiado p¨²blicamente y que algunos osan justificar en privado, parte del supuesto de que el sistema democr¨¢tico de las sociedades avanzadas de Occidente "no es m¨¢s que un r¨¦gimen de opini¨®n p¨²blica". En esos sistemas, nos tranquiliza Del R¨ªo, la funci¨®n informativa policial "no es un instrumento al servicio del poder represivo del Estado", tal y como sucede en los reg¨ªmenes totalitarios, "sino que se transforma en un orientador de la llamada corriente nacional". De esta forma, el "an¨¢lisis permanente de la opini¨®n p¨²blica" llevado a cabo por los aparatos policiales provee "al Gobierno leg¨ªtimamente establecido de los medios informativos que posibiliten la estabilidad pol¨ªtica y la evoluci¨®n sin rupturas". Esa informaci¨®n policiaca sobre la vida nacional, cuyo conocimiento necesita el Ejecutivo para "poder gobernar", versa sobre "partidos pol¨ªticos legalizados o autorizados" y "centrales sindicales". Otro rengl¨®n de ese ambicioso programa de control -"todo cuanto por su actividad p¨²blica pueda abastecer de datos e informaciones susceptibles de hacer gobernable el pa¨ªs"- incluye probablemente a la Prensa entera, a los l¨ªderes sociales e incluso a las estrellas del espect¨¢culo.

El intr¨¦pido Del R¨ªo -conocido por su afici¨®n a amedrentar a jueces y periodistas- prosigue con la ignaciana afirmaci¨®n de que los servicios policiales de informaci¨®n "no pueden tener m¨¢s se?or que las grandes corrientes que se manifiestan en el pa¨ªs". Su deber es informar al Gobierno "sobre su constituci¨®n, sus variantes y sus incidencias en la masa mayoritaria del pa¨ªs", a fin de dar cumplimiento al "concepto moderno de la informaci¨®n en un Estado de derecho, de r¨¦gimen pluralista". La atenci¨®n debida a esa masa mayoritaria y a esa corriente nacional exige que una polic¨ªa funcionalmente pol¨ªtica -como lo era la Brigada Pol¨ªtico-Social de infausta memoria para los dem¨®cratas- tenga "secciones diferentes" para poder "abarcar el largo espacio de la actividad pol¨ªtica". Como en la cita cl¨¢sica, nada humano le es ajeno a la Brigada de Interior: asuntos relacionados con derechos y libertades p¨²blicas, involuci¨®n, alteraciones laborales, centros penitenciarios y hasta "determinados acontecimientos fortuitos o casuales que conllevan cierta trascendencia p¨²blica".

Ahora bien, vuelve a tranquilizarnos Del R¨ªo, el inter¨¦s policial para conseguir una informaci¨®n "no justifica en todo caso, por s¨ª solo, cualquier medio" para obtenerla. Por ejemplo, no ser¨ªa "l¨ªcito recurrir a malos tratos de obra o de palabra, ni a pr¨¢cticas coactivas, degradantes e inhumanas, que puedan violar los derechos humanos, ni tampoco invadir el secreto de las comunicaciones postales, telegr¨¢ficas y telef¨®nicas, salvo resoluci¨®n judicial". Pero el leve consuelo que transmiten estas palabras pronto se desvanece al saber que la memoria de la polic¨ªa es infinita. Si un material informativo no tiene una aplicaci¨®n operativa inmediata, pasa a integrar un "fondo documental" y "permanece latente en los archivos hasta que el transcurso del tiempo lo hace inservible y desechable". Aunque esa informaci¨®n sea del Estado (es decir, de los aparatos policiales), Del R¨ªo no tiene mayor inconveniente en conceder que, al hallarse el Estado "encarnado coyunturalmente y representativamente por el Gobierno", resulta "normal y aconsejable que el Gobierno leg¨ªtimo pueda obtener los datos e informaciones necesarios para, conociendo los elementos pol¨ªticos, poder gobernar".

La nueva teor¨ªa policial del Estado ense?ada por el director de la Polic¨ªa del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez es, as¨ª pues, que no son los partidos ni los representantes de la soberan¨ªa popular elegidos por los ciudadanos quienes deben vigilar y controlar a la polic¨ªa, sino que corresponde a la polic¨ªa el derecho de vigilar y controlar a los partidos, a los representantes de la soberan¨ªa popular y a los ciudadanos. Ciudadanos espa?oles que cre¨ªan, hasta o¨ªr hablar a Del R¨ªo, vivir en un sistema democr¨¢tico.