El Senado mantiene que las aguas superficiales y subterr¨¢neas pasar¨¢n a ser de dominio p¨²blico

La nueva ley de Aguas ser¨¢ aprobada definitivamente el pr¨®ximo martes en el Congreso, una vez que ayer fue votada en el Pleno del Senado con la introducci¨®n de algunas enmiendas t¨¦cnicas. Las aguas superficiales, as¨ª como las subterr¨¢neas, pasan a ser parte del dominio p¨²blico estatal, seg¨²n se mantiene en el texto. El aprovechamiento y utilizaci¨®n de las aguas se sujeta a partir de ahora al r¨¦gimen de concesi¨®n, sometido a plazo, y expropiaci¨®n forzosa. Ello significa, para el Grupo Popular, la nacionalizaci¨®n de las aguas. El Partido Aragon¨¦s Regionalista (PAR), socio de Coalici¨®n Popular, estudia la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, al creer que vulnera competencias del Estatuto.

Portavoces de AP en el Senado afirmaron ayer que el Grupo Popular no tiene previsto presentar recurso contra esta ley, con la remisi¨®n de tal iniciativa al PAR. Fuentes de este partido afirmaron que no descartan tampoco que sea el Justicia de Arag¨®n -figura similar al Defensor del Pueblo- quien interponga el recurso. Entre las competencias del Justicia figura la defensa del estatuto de autonom¨ªa. Los socialistas aragoneses recuerdan, no obstante, que el Ebro pasa por nueve comunidades aut¨®nomas.El ministro de Obras P¨²blicas y Urbanismo, Javier S¨¢enz de Cosculluela, debut¨® ayer en el cargo con la defensa de esta ley, de la que sorpresivamente dio muestras de ser un buen conocedor. S¨¢enz de Cosculluela record¨® en los pasillos del Senado su etapa de ponente en la comisi¨®n de Obras P¨²blicas, durante casi tres a?os, con el PSOE en la oposici¨®n, dato que olvid¨® incluir en su curr¨ªculo tras ser nombrado ministro.

"?sta es una ley nacida al calor de nuestras ¨ªntimas convicciones pol¨ªticas, pero no es una ley partidista sino que tiene vocaci¨®n de permanencia y de Estado", afirm¨® S¨¢enz de Cosculluela. El ministro destac¨® el car¨¢cter participativo de la ley, por la representaci¨®n de los usuarios en los ¨®rganos de gobierno de las Aguas. Asimismo, las comunidades aut¨®nomas que lo deseen pueden incorporarse a la junta de gobierno, aunque la planificaci¨®n de las necesidades del agua, record¨® el ministro, es una competencia estatal.

La oposici¨®n en el Senado a esta ley la llev¨® exclusivamente el Grupo Popular, y m¨¢s concretamente el senador del PAR Juan Antonio Bolea Foradada, ex presidente de la regi¨®n cuando era militante de UCD. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Arias Ca?ete, defendi¨® la enmienda de veto del grupo. "La ley procede a una nacionalizaci¨®n impl¨ªcita de las aguas sin prever indemnizaciones, y coloca a los actuales propietarios ante el chantaje de transformar su propiedad en una concesi¨®n administrativa: ello supone sitiar por hambre a los viejos titulares de pozos", dijo Arias Ca?ete. Los diferentes portavoces socialistas se remitieron a la disposici¨®n transitoria primera, que establece para los actuales titulares de aprovechamientos de aguas p¨²blicas una pr¨®rroga de 75 a?os.

En el caso de los titulares de aguas privadas, este r¨¦gimen les ser¨¢ respetado en los pr¨®ximos 50 a?os. El Grupo Socialista rechaz¨® la pretensi¨®n de la oposici¨®n de otorgar concesiones a perpetuidad. El caracter p¨²blico de las aguas, -"que no sean de nadie, sino de todos"- lo justifica la ley por ser un bien escaso y esencial.

Toda vez que los aprovechamientos de aguas se otorgar¨¢n a trav¨¦s de concesiones, ¨¦stas guardar¨¢n un riguroso turno de prioridades, seg¨²n las exigencias que establezca el plan hidrol¨®gico. Tienen prioridad absoluta todos aquellos que soliciten una concesi¨®n para abastecimiento de aguas para la poblaci¨®n. Le siguen, en orden de importancia, las concesiones para regad¨ªos y usos agrarios; y en ¨²ltimo lugar los usos industriales para producci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica.