Una propuesta Gonz¨¢lez-Thatcher
CON MOTIVO de una reciente reuni¨®n en Londres de la American Bar Association -que concita a lo m¨¢s granado del mundo del derecho-, la primera ministra Margaret Thatcher hizo un llamamiento a la autolimitaci¨®n de la Prensa para la publicaci¨®n de informaciones y reportajes sobre el terrorismo. La petici¨®n de Margaret Thatcher es equivalente a la realizada hace aproximadamente un mes por Felipe Gonz¨¢lez y coincide con declaraciones similares de otros gobernantes de Europa occidental y Estados Unidos. Aunque los representantes de algunos medios de prensa han hecho o¨ªr ya su protesta, prevalece la impresi¨®n de que estas sugerencias de autocensura realizadas por los poderes p¨²blicos podr¨ªan ser seguidas por limitaciones legales a la informaci¨®n en el caso de que los periodistas no atendieran voluntariamente el ruego.En el caso de Espa?a las limitaciones legales existen ya de hecho, aunque no hayan sido todav¨ªa plenamente utilizadas en la pr¨¢ctica. La ley antiterrorista de 26 de diciembre de 1984, contra cuyo sospechoso articulado el Defensor del Pueblo no quiso en su d¨ªa presentar el recurso de inconsticonstitucional que eminentes juristas recomendaban, prev¨¦ el cierre provisional de los medios de comunicaci¨®n y la ocupaci¨®n material de sus instalaciones y maquinarias sin mas tr¨¢mite que la admisi¨®n por el juez de la querella presentada por el ministerio fiscal contra supuestos delitos comprendidos en esa norma que hubiesen sido cometidos por medio de la imprenta, la radiodifusi¨®n o cualquier otro medio que facilitase su publicidad. La gravedad de ese cheque en blanco extendido a favor del fiscal para clausurar peri¨®dicos, revistas o emisoras de radio adquiere todo su relieve cuando se recuerda que uno de los delitos perseguidos por la legislaci¨®n antiterrorista es la imprecisa apolog¨ªa de los delitos terroristas. La imposici¨®n de esta pena -pues tal es la aut¨¦ntica naturaleza jur¨ªdica de esa pretendida medida cautelar- sin previa sentencia firme no s¨®lo contradice los principios de legalidad y seguridad jur¨ªdica sino que tambi¨¦n resucita las pr¨¢cticas de censura previa que el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n prohibe taxativamente. As¨ª pues, la sugerencia del presidente del Gobierno no necesita -en el caso espa?ol- de la amenaza de cambiar la legislaci¨®n, sobradamente eficaz ya para aplicar la censura de prensa sin m¨¢s requisito..que la interposici¨®n de una querella por el ministerio fiscal (dependendiente del Fiscal del Estado designado directamente por el Gobierno), y su aceptaci¨®n por el magistrado.
Las razones esgrimidas, por lo dem¨¢s, para justificar la petici¨®n de autocensura no resisten un an¨¢lisis serio, sea cual sea el punto de vista que se ad¨®pte. La restrici¨®n de la informaci¨®n para evitar la publicidad buscada por los terrorist¨¢s con sus cr¨ªmenes contradice el ejercicio de las libertades que han dado hist¨®ricamente origen a las democracias. La experiencia ha demostrado sobradamente que el silencio, la ocultaci¨®n y el misterio constituyen el mejor caldo de cultivo para toda clase de ilegalidades, delitos y abusos. Cuando los Gobiernos hacen hincapi¨¦ en lo negativo de la publicidad que los terroristas obtienen con las noticias de sus hechos sangrientos olvidan que el derecho a conocer por parte de los ciudadanos es fundamental en toda democracia. La sociedad tiene derecho a saber sobre ella misma, y de manera fundamental sobre los aspectos aberrantes o que llevan consigo un disentimiento respecto a las normas establecidas. Desde este punto devista no existen razones mayores para silenciar las informaciones sobre actos terroristas y no hacerlo, por ejemplo, sobre la delincuencia com¨²n.
Cuando se esgrime adem¨¢s la suposici¨®n de que el terrorismo causa alarma entre la poblaci¨®n, y por eso deben limitarse las informaciones sobre.sus actuaciones, cabe a?adir que si se censuraran todas las informaciones que causan alarma entre los ciudadanos pr¨¢cticamente no se podr¨ªan publicar los peri¨®dicos. La mejor manera de alarmar a una sociedad madura y democr¨¢tica es, de otra parte, dejarla sometida al bulo y al rumor, que parece inmediatamente cuando la informaci¨®n fiable es escamoteada por los peri¨®dicos y por los servicios informativos de radio y televisi¨®n. La existencia de una nutrida red de comunicaciones alternativas -el tel¨¦fono, la fotocopiadora, los modernos sistemas de transporte- favorece adem¨¢s este crecimiento del bulo cuando no existen referencias fiables o seguras que den credibilidad a la informaci¨®n.
Y este ¨²ltimo punto nos permite meditar tambi¨¦n sobre la inutilidad pr¨¢ctica de la medida propuesta. Habida cuenta de que los terroristas buscan publicidad -pero no s¨®lo publicidad- con sus actos, si ¨¦sta les fuera negada cuando cometen atentados individuales, tratar¨¢n de elevar la gravedad y el dramatismo de sus acciones criminales a fin de conseguir esa atenci¨®n que se les escamotea. Si el asesinato por la espalda de un guardia civil o de un general no obtiene la repercusi¨®n social que buscan, ensayar¨¢n t¨¦cnicas de terrorismo indiscriminado -como las empleadas en la estaci¨®n de Bolonia- y tratar¨¢n de provocar sucesos de magnitud tal que ante ellos cualquier autolimitaci¨®n resulte imposible.
Las protestas de Thatcher y Gonz¨¢lez parecen partir de una distorsi¨®n seria del entendimiento de la democracia por parte de los poderes p¨²blicos. Y no difieren mucho, en lo profundo de su razonamiento, de las actitudes de los reg¨ªmenes que impiden la libre prensa. Tambi¨¦n son una especie de confesi¨®n flagrante de la incapacidad de sus Gobiernos para.poner coto al fen¨®meno terrorista. No negamos la dificultad del empe?o, pero criticamos que se pretenda abordar a costa del ejercicio de las libertades de los ciudadanos. La Prensa occidental tiene una larga tradici¨®n de cooperaci¨®n con las autoridades en la lucha contra el bandidaje pol¨ªtico. Pero lo que estos jefes de Gobierno democr¨¢ticos nos est¨¢n sugiriendo ahora, simple y llanamente, es la implantaci¨®n de la censura para determinados aspectos de la convivencia social. El hecho de que lo hagan casi al un¨ªsono no debe de ser casual. Es como si los l¨ªderes de Occidente se hubieran puesto de acuerdo para acumular l¨ªmites, controles y amenazas sobre el ejercicio de la libertad de informaci¨®n. La sospecha de que esa actitud compartida nace de entrevistas bilaterales o multilaterales entre los Gobiernos hace m¨¢s ominosa la amenaza.
Demasiadas veces se ha dicho que la responsabilidad de los diarios no estriba en callar las noticias, sino precisamente en publicarlas. Y ante sugerencias tan claramente regresivas como las de Gonz¨¢lez-Thatcher s¨®lo cabe recordar las palabras del ex presidente Jefferson de E stados Unidos cuando desempe?aba la Embajada en Par¨ªs: "Puesto que nuestra naci¨®n esta basada en la opini¨®n p¨²blica, entre tener un Gobierno sin peri¨®dicos o peri¨®dicos sin Gobierno, me quedo con esto ¨²ltimo". .
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