La reforma de la polic¨ªa

LA DISCUSI?N parlamentaria permitir¨¢ examinar a fondo el proyecto de ley org¨¢nica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobado anteayer por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de los Diputados. La complejidad de la norma, las implicaciones no siempre visibles de su articulado y la capacidad de los desarrollos reglamentarios para alterar el sentido de las leyes obliga a extremar la cautela a la hora de opinar sobre su contenido. En cualquier caso, el proyecto de ley llega con una considerable demora y en un clima de grave deterioro de las relaciones entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales, que hab¨ªan incluido como uno de los puntos b¨¢sicos de sus plataformas reivindicativas ese desarrollo normativo.La sanci¨®n disciplinaria aplicada recientemente a Modesto Garc¨ªa, ex secretario general de la Uni¨®n Sindical de Polic¨ªas (USP) y hombre de convicciones democr¨¢ticas, no hizo sino culminar la larga serie de desaciertos de los altos cargos del ministerio en su tratamiento del sindicalismo policial. Esos precedentes explican que la prohibici¨®n del derecho de huelga a los miembros del nuevo Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, medida que puede justificarse te¨®ricamente por las misiones encomendadas a las fuerzas de seguridad y por la legislaci¨®n comparada, provoque reticencias y desconfianzas en el movimiento sindical. El programa electoral del PSOE descartaba de manera expl¨ªcita el reconocimiento del derecho de huelga a los funcionarios de polic¨ªa, pero los socialistas se comprometieron a amparar el derecho de sindicaci¨®n de sus miembros y la participaci¨®n de sus representantes en los ¨®rganos disciplinarios. En pa¨ªses como el Reino Unido, Francia, Italia y la Rep¨²blica Federal de Alemania, la prohibici¨®n de las huelgas policiales tiene serias contraprestaciones de arbitraje y mediaci¨®n, que garantizan la defensa de los derechos sindicales. El autoritarismo desplegado hasta ahora por los altos cargos de Interior en sus relaciones con los dirigentes sindicales dan fundamento para dudar de la eficacia, en nuestro caso, de esos mecanismos alternativos al derecho de huelga. En su conferencia, de prensa de ayer, el ministro Barrionuevo explic¨® que la nueva ley no est¨¢ hecha para la polic¨ªa, sino para el conjunto de los ciudadanos, a fin de proporcionarles mejores servicios de seguridad y de garantizarles los derechos y libertades constitucionales. Aunque los sindicatos policiales tengan raz¨®n en parte de sus reivindicaciones y en sus pretensiones de ser o¨ªdos por el Ministerio del Interior, es obvio que corresponde al Gobierno la iniciativa legislativa, y a las Cortes, la tarea de enmendar y aprobar las leyes. Pero parece oportuno recordar que el Gobierno confunde demasiadas veces sus propias conveniencias o prejuicios con las necesidades o las opiniones de los ciudadanos. O sea, que las cr¨ªticas a los peligros de un corporativismo funcionarial de los polic¨ªas no pueden ser utilizadas como coartadas ret¨®ricas para justificar los errores de una gesti¨®n o el desacierto de una decisi¨®n.

Seg¨²n dec¨ªan los socialistas en la campa?a de 1982, la infrautilizaci¨®n de la polic¨ªa, la dispersi¨®n de su medios y su desorganizaci¨®n administrativa explican "el escaso rendimiento que se obtiene en relaci¨®n con el coste de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un polic¨ªa por 240 habitantes)". Las reformas propuestas por el PSOE inclu¨ªan la racionalizaci¨®n de las estructuras policiales; la especializaci¨®n de las diferentes polic¨ªas (reservando la investigaci¨®n a los de paisano, y la prevenci¨®n y la presencia en la calle, a los uniformados); el reforzamiento de la dependencia de. la Guardia Civil del Ministerio del Interior y el estudio de su reforma para adecuarla a las realidades sociales; la coordinaci¨®n de la polic¨ªa del Estado y de la Guardia Civil con las auton¨®micas y municipales; nuevos sistemas de selecci¨®n y formaci¨®n del personal; el amparo del derecho de sindicaci¨®n; la potenciaci¨®n de las polic¨ªas municipales y locales.

Hasta ahora, nada o casi nada se ha realizado; o, mejor dicho, se ha retrocedido en el camino recorrido por Rodolfo Mart¨ªn Villa y Juan Jos¨¦ Ros¨®n, excepci¨®n hecha de algunos pasos en direcci¨®n a la paulatina integraci¨®n de dos de los cuerpos de seguridad del Estado (el Cuerpo Superior de Polic¨ªa y la Polic¨ªa Nacional) y a la creaci¨®n de una polic¨ªa civil unificada y desmilitarizada. Aunque la amenaza de las bandas armadas ha e i ido del Gobierno una concentraci¨®n de esfuerzos en la estrategia antiterrorista, un Ministerio del Interior competente y eficaz hubiera debido tener capacidad suficiente para ocuparse, a la vez, de varios objetivos -entre otras cosas, porque es imposible una lucha antiterrorista eficaz sin una pol¨ªtica policial adecuada-, a menos que sus responsables pretendan emular la leyenda de aquel presidente norteamericano de quien se dec¨ªa que era incapaz de andar y de mascar chicle al mismo tiempo.

El balance no puede ser m¨¢s pobre: no s¨®lo contin¨²an oy¨¦ndose denuncias sobre la continuidad de la tortura, sino que, adem¨¢s, la pol¨ªtica de los socialistas no ha logrado disminuir las manifestaciones de inseguridad ciudadana, aunque haya logrado algunos ¨¦xitos en la lucha antiterrorista. Por lo dem¨¢s, la apuesta. de Felipe Gonz¨¢lez en favor de la Guardia Civil rebasa las fronteras de la prudencia para entrar en el campo de una especie de incondicionalidad, tal y como parece traslucirse de su definici¨®n como "instituto armado de naturaleza militar". Confiemos que la anunciada ley org¨¢nica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su desarrollo reglamentario permitan recuperar el tiempo perdido durante los tres primeros a?os de legislatura. Para que los socialistas puedan comparecer ante las urnas sin que pueda acus¨¢rseles, no ya de no haber realizado el cambio en la administraci¨®n policiaca -cosa que a estas alturas ni los m¨¢s optimistas esperan-, sino de haber deteriorado incluso la situaci¨®n heredada de UCD.