El recorte financiero frena la pol¨ªtica que propici¨® el triunfo electoral de Jordi Pujol

La pol¨ªtica de austeridad que est¨¢ Dispuesta a aplicar el Gobierno Central en todas las administraciones p¨²blicas (central, local y auton¨®mica), que se traduce en un recorte sustancial de los cr¨¦ditos correspondientes en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1986, entra en colisi¨®n Frontal con la pol¨ªtica de "bienestar social" que predic¨® y prometi¨® Jordi Pujol en la campa?a electoral auton¨®mica de la primavera de 1984, y que le gratific¨® con una victoria aplastante en las urnas.El Estado de obras practicado por el Gobierno de la Generalitat, se conjuga mal con los recortes presupuestarios anunciados.

Se producen dos pol¨ªticas antag¨®nicas: por un lado, los que quieren demostrar que la autonom¨ªa sirve para elevar las condiciones de vida de la poblaci¨®n y para mejorar la infraestructura que permita un r¨¢pido despegue econ¨®mico cuando se salga de la crisis y entremos en el Mercado Com¨²n, aunque al mismo tiempo critiquen el d¨¦ficit p¨²blico del Estado; y, por otro, los que se han puesto como principal objetivo la reducci¨®n del d¨¦ficit.

Cuando en la primavera de 1984 un acuerdo entre Felipe Gonz¨¢lez y Jordi Pujol liquid¨® las deudas del Estado con la Generalitat y fij¨® la financiaci¨®n estatal para aquel a?o fiscal, el conseller de Econom¨ªa y Finanzas de la Generalitat, Josep Maria Cullell, admiti¨® que las concesiones de ¨¦sta hab¨ªan sido muy grandes y que se avecinaban a?os dif¨ªciles para el Gobierno aut¨®nomo, pero que esperaban resarcirse en 1986, cuando deb¨ªa entrar en vigor, de acuerdo con las leyes vigentes, la f¨®rmula definitiva de financiaci¨®n de la comunidad aut¨®noma. Se entiende as¨ª la frustraci¨®n actual, cuando todav¨ªa no se ha negocia do formalmente esta f¨®rmula definitiva, y s¨®lo existe una promesa verbal de que, si se llega a un acuerdo de aqu¨ª hasta final de a?o, el Gobierno presentar¨¢ a las Cortes un presupuesto extraordinario que recoja los cambios introducidos, promesa que los catalanes no consideran suficiente.

La Generalitat cuenta en esta batalla con varios triunfos en la mano. Todas las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias catalanas, incluidos los socialistas, consideran que la pol¨ªtica de recortes practicada por el Gobierno de Madrid no es de recibo, al menos tal y como la ha planteado. En segundo lugar, los municipios, regidos los m¨¢s importantes por los socialistas, tambi¨¦n han elevado su protesta por los recortes en el Fondo de Cooperaci¨®n Municipal.

Tambi¨¦n los socialistas

Y en tercer lugar, la baza quiz¨¢ m¨¢s importante: en esta ocasi¨®n se han alineado junto a los catalanes los representantes de otras comunidades aut¨®nomas gobernadas por los socialistas: Andaluc¨ªa, Canarias y Valencia, principalmente, sin olvidar Madrid o Castilla y Le¨®n, que votaron en contra y se abstuvieron, respectivamente, en la votaci¨®n del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera de la semana pasada. Una votaci¨®n que forz¨® el conseller Cullell ante la renuencia del ministro Solchaga. El propio Joaqu¨ªn Leguina, nada proclive a apoyar a los nacionalistas catalanes, manifest¨® el pasado mi¨¦rcoles su simpat¨ªa con las protestas de Catalu?a. Se cumplen en cierta forma las previsiones de los nacionalistas catalanes: las responsabilidades de gobierno pueden m¨¢s que la disciplina partidista. Quien m¨¢s quien menos ha hecho promesas que debe cumplir si no quiere jugarse el puesto. Por primera vez, la Generalitat ha explicitado con contundencia su protesta por los beneficios econ¨®micos de que disfrutan vascos y navarros gracias a su sistema de conciertos. Para Cullell se trata de una discriminaci¨®n inconstitucional. Antes se dec¨ªa en voz baja, ahora se hace p¨²blica y oficialmente.

En Catalu?a, todas las fuerzas parlamentarias -representadas en la comisi¨®n mixta que negocia con la Administraci¨®n central la financiaci¨®n de la comunidad aut¨®noma- est¨¢n convencidas de que la financiaci¨®n prevista en las leyes, sea el Estatuto de Autonom¨ªa o la LOFCA. (Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas), no sirve. Esquerra va m¨¢s all¨¢: pide la reforma del estatuto, que nunca acept¨®. El Gobierno tambi¨¦n es consciente de que hay que introducir cambios. Este consenso incluye el convencimiento de que aplicar de forma estricta lo establecido en la ley llevar¨ªa a la bancarrota al Estado, en una ¨¦poca de crisis. El problema es que la ley es la ley y el Gobierno no se muestra dispuesto a cumplirla o a modificarla a corto plazo.