La ley general de Sanidad, una reforma a la inversa / y 2

En la exposici¨®n de motivos (p¨¢rrafo tercero, cap¨ªtulo II) del proyecto de ley se dice: "... por razones de crisis econ¨®mica que no es preciso subrayar, no generaliza (el proyecto de ley) el derecho a obtener gratuitamente dichas prestaciones (del Sistema Nacional de la Salud), sino que programa su aplicaci¨®n paulatina, de manera que sea posible observar prudentemente el proceso evolutivo de los costes"; y m¨¢s adelante (primer p¨¢rrafo del cap¨ªtulo IV) se a?ade "La aplicaci¨®n de la reforma que el proyecto establece" tiene que "adecuarse a las disponibilidades presupuestarias en lo que concierne al otorgamiento gratuito de las prestaciones del sistema a todos los ciudadanos". Se establece as¨ª una demora sin plazos y, por tanto, sin l¨ªmites para la aplicaci¨®n de la ley. No se fija para el Gobierno obligaci¨®n alguna que asegure el futuro de la ley: ni una fecha, ni una cifra de asignaci¨®n presupuestaria anual, ni mucho menos -en contra de lo que en la exposici¨®n de motivos se afirma- un programa de "aplicaci¨®n paulatina". El texto es totalmente descomprometido. Se condiciona la pr¨¢ctica de la ley a circunstancias tan vaporosas y de tan subjetiva interpretaci¨®n como "el proceso evolutivo de los costes" o "las disponibilidades presupuestarias". La virtualidad de la ley se remite as¨ª, sin m¨¢s, a cuando el Gobierno quiera.

Oscuro misterio

El proyecto de ley general de Sanidad representa una desconocida, abusiva e intolerable forma de legislar: promulgar doradas promesas sin que nunca puedan ser exigidas.No hay datos, ni fechas, ni programas, porque el coste de aplicaci¨®n de la ley est¨¢ sumido en una profunda incertidumbre. Los ministerios de Econom¨ªa y Hacienda, de Trabajo y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo estimaron cantidades muy diferentes -334.000, 150.000 y 129.000 millones de pesetas, respectivamente- y fue necesario constituir una comisi¨®n interministerial para, se dijo, acordar los criterios de evaluaci¨®n. Pasmosamente, la comisi¨®n calcul¨® el coste de la ley en otra cifra distinta y m¨¢s baja -105.000 millones de pesetas-, sin reducir, empero, la amplitud de las prestaciones ofrecidas en el proyecto de ley. As¨ª pues, un id¨¦ntico texto legal dio lugar a cuatro evaluaciones muy diferentes. ?C¨®mo puede legislarse con tal radical desconfianza en la cifra del coste de la ley y, por tanto, en las posibilidades de atenderlo?

Adem¨¢s, a la incertidumbre se suma el sobresalto al advertir que importantes factores de gasto han sido omitidos en las evaluaciones ministeriales e interministeriales. Faltan variables tan influyentes como, por ejemplo, el incremento de la prevenci¨®n m¨¦dica, que genera gastos muy elevados y que el proyecto de ley proclama de forma m¨¢xima y absurda; el neodesarrollo sanitario regional que, sin duda, surgir¨¢ como consecuencia de la sanidad auton¨®mica; el aumento en el n¨²mero de m¨¦dicos que se incorporen a los servicios p¨²blicos, etc¨¦tera.

En resumen, las previsiones ministeriales e interministeriales del coste del ejercicio de la ley general de Sanidad no pasan de ser unas cifras movedizas y con graves omisiones. Realmente, se desconoce en cu¨¢nto la ley aumentar¨¢ el gasto sanitario en Espa?a, que en 1984 ascendi¨® a la enorme suma de 1,35 billones de pesetas, equivalente al 5,5%, del PIB. Por consiguiente, el proyecto de ley general de Sanidad o, lo que es lo mismo, el establecimiento del Sistema Nacional de Salud, carece de expresi¨®n econ¨®mica. Su ejercicio es, pues, un oscuro misterio. Y si a esta situaci¨®n a?adimos las limitaciones de recursos impuestas por el regresivo mecanismo de financiaci¨®n (cuotas sociales), la pr¨¢ctica de la ley cae en la ficci¨®n.

En psiquiatr¨ªa, promesas

Como reforma de la triste asistencia psiqui¨¢trica actual, el proyecto de ley establece la llamada psiquiatr¨ªa comunitaria, es decir, la asistencia a los enfermos mentales dentro de la comunidad. Su aplicaci¨®n, sin embargo, ser¨¢ "de forma gradual y a medida que los recursos econ¨®micos disponibles lo permitan" (art¨ªculo 18). De nuevo el descaro de las esplendorosas promesas condicionadas a circunstancias, indefinidas e imprevisibles y no a claras obligaciones prefijadas. ?Cu¨¢ndo llegar¨¢ ese momento? ?Puede, en verdad, esperarse que la financiaci¨®n por cuotas sociales permita reformar la asistencia psiqui¨¢trica? Pi¨¦nsese que el futuro Sistema Nacional de Salud no dispondr¨¢, en proporci¨®n a la poblaci¨®n que asista, de m¨¢s dinero del que posee la Seguridad Social, y que ¨¦sta es financieramente incapaz de soportar la asistencia psiqui¨¢trica, y mucho menos de acometer su reforma. ?C¨®mo podr¨¢n cumplirse las promesas?El texto, por otra parte, que el proyecto de ley dedica a tan complejo y trascendente asunto es inconsistente. La instauraci¨®n de la psiquiatr¨ªa comunitaria constituye una empresa arriesgada y conflictiva. La corta experiencia extranjera -Estados Unidos e Italia- resulta aleccionadora, incluido el hecho de que sea tan corta. Naturalmente, debe acabar cuanto antes el internamiento generalizado y sistem¨¢tico del enfermo mental como base de su asistencia en Espa?a. Pero las turbulencias que ha sufrido y sufre la asistencia psiqui¨¢trica en Norteam¨¦rica y en Italia y las tribulaciones de una gran parte de los propios enfermos mentales liberados en dichos pa¨ªses advierten que el cambio es dif¨ªcil e incierto. El comunista Jack Ralite, nada sospechoso de conservadurismo, declaraba en 1983, cuando era ministro de Salud en Francia: "... en la mayor¨ªa de los casos, en Italia, la persona cuya salud mental es un poco vacilante, en lugar de estar aislada en el hospital, lo cual es triste, se encuentra aislada en la sociedad, incluidos los suyos, lo que es todav¨ªa m¨¢s triste". La experiencia italiana le hizo reflexionar mucho y, finalmente, abstenerse. En cualquier caso, la implantaci¨®n de la psiquiatr¨ªa comunitaria debe prepararse y ordenarse con sumo cuidado. Limitarse a enunciar -o a traducir del italiano- simples principios de adhesi¨®n a dicha psiquiatr¨ªa, como hace el proyecto de ley, sin regular siquiera los puntos fundamentales y hasta ignorando si financieramente ser¨¢ realizable es una insensatez demag¨®gica.

Otras muchas graves deficiencias aquejan al proyecto de ley, como el recorte radical de las competencias sanitarias de los Gobiernos aut¨®nomos, cuando la mejor garant¨ªa de una sanidad moderna para el conjunto del pa¨ªs es el af¨¢n sanitario regional; la desconsideraci¨®n de la actitud del m¨¦dico, decisiva para la eficiente asignaci¨®n de los recursos sanitarios; la omisi¨®n de importantes derechos del enfermo; la consideraci¨®n del enfermo como sujeto de deberes, en contra de todas las leyes y costumbres, etc¨¦tera. En fin, un proyecto de ley que conduce a una reforma a la inversa'.