Un consenso para la ley de ciencia

La discusi¨®n en las Cortes Generales del proyecto de ley para el Fomento y Coordinaci¨®n General de la Investigaci¨®n Cient¨ªfica y T¨¦cnica -ley de la ciencia para los amigos- sit¨²a al sistema de ciencia y tecnolog¨ªa espa?ol en los albores de una institucionalizaci¨®n largo tiempo deseada.Efectivamente, la consideraci¨®n un¨¢nime -al menos verbalmente- de la ciencia y la tecnolog¨ªa como factores primordiales en la organizaci¨®n de un Estado moderno, las relaciones -no siempre tan directas como ser¨ªa de desear- del progreso en el conocimiento cient¨ªfico con el desarrollo econ¨®mico y bienestar social, la necesidad doblemente acuciante de desarrollar nuestro sistema de ciencia y t¨¦cnica hasta un nivel competitivo con el de la mayor¨ªa de nuestro socios europeos, todos ellos son argumentos que justifican y hacen necesaria una ley de ciencia.

Pero no cualquier ley de ciencia, sino una que se proyecte hacia el futuro deseado, partiendo de las insuficiencias y disfunciones del presente, condicionadas a su vez por los vicios de funcionamiento acumulados en el pasado. En este sentido, el proyecto de ley de ciencia socialista contiene lagunas y ambig¨¹edades que deber¨ªan ser subsanadas en su paso por las Cortes Generales. Algunas de las insuficiencias b¨¢sicas de este proyecto de ley han sido se?aladas por Alejandro Nieto en un sabroso e incisivo art¨ªculo aparecido en el ¨²ltimo n¨²mero de Arbor, dedicado precisamente a la pol¨ªtica cient¨ªfica. Avalado por su doble cualificaci¨®n como catedr¨¢tico de Derecho Administrativo y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas, el profesor Nieto destaca el car¨¢cter inhibicionista del texto de la ley ante los problemas verdaderamente importantes de nuestro sistema de ciencia y tecnolog¨ªa.

Es un secreto a voces que los diferentes departamentos ministeriales defienden con u?as y dientes sus competencias hist¨®ricamente establecidas, en materia de ciencia o de lo que sea. Este problema central para la pretendida concertaci¨®n interministerial no ha sido resuelto en la elaboraci¨®n del proyecto de ley de ciencia, del que, leyendo entre l¨ªneas, se desprende que son varios los departamentos que no han querido sujetarse a la planificaci¨®n y organizaci¨®n estatal de la ciencia, la cual, como se?ala Alejandro Nieto, termina siendo vacilante y no ¨²nica y ni siquiera uniforme para toda Ia Administraci¨®n del Estado.

Una ley ambigua y alicorta

La ley s¨®lo afecta a cuatro organismos p¨²blicos de investigaci¨®n (OPIS) vinculados a otros tantos ministerios, y aun ¨¦stos seguir¨¢n manteniendo sus hist¨®ricas diferencias en cuanto a organizaci¨®n y estatuto de personal. De esta forma, la ley consagra por omisi¨®n la anacr¨®nica y florida diversidad de cuerpos de funcionarios y carreras de investigadores o actividades conexas con la investigaci¨®n en la Administraci¨®n del Estado. Una situaci¨®n incomprensible desde la perspectiva de la disposici¨®n adicional tercera, en la que se anuncian medidas para facilitar la movilidad del personal investigador entre diferentes OPIS, y contraria a los deseos repetidamente expresados por este colectivo en el sentido de lograr un estatuto ¨²nico de personal investigador.M¨¢s grave es la falta de unidad en la programaci¨®n y financiaci¨®n de la investigaci¨®n dependiente de la Administraci¨®n p¨²blica. As¨ª, el plan nacional de investigaci¨®n agraria, elaborado y gestionado por el Ministerio de Agricultura, se incorpora al plan nacional de investigaci¨®n cient¨ªfica y t¨¦cnica, seg¨²n la disposici¨®n adicional sexta. Una disposici¨®n transitoria garantiza la existencia del Fondo de Investigaciones Sanitarias como fondo regulador para programas sectoriales elaborados y gestionados por el Ministerio de Sanidad y abre la posibilidad de que dicho fondo financie programas nacionales o de otros ministerios en funci¨®n de su inter¨¦s para la pol¨ªtica sanitaria. Finalmente, la disposici¨®n adicional s¨¦ptima deja en manos del ministro de Defensa la adaptaci¨®n o integraci¨®n de determinados proyectos de investigaci¨®n sectorial en los planes nacionales. As¨ª, mediante el juego de disposiciones adicionales o transitorias, campos importantes de la investigaci¨®n como la salud, agricultura y defensa se sit¨²an al margen de la planificaci¨®n general.

En general, da la impresi¨®n de que el proyecto surge de un pacto de buena voluntad entre el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia, del que depende la mayor parte de la investigaci¨®n cient¨ªfica, y el Ministerio de Industria y Energ¨ªa, en el que se centralizan los esfuerzos de innovaci¨®n tecnol¨®gica aplicada a los procesos industriales por medio del CDTI. Pero si se quiere una ley para todos, habr¨¢ que hacer un considerable esfuerzo de ejercicio parlamentario encaminado a un amplio pacto pol¨ªtico.

El terreno para ello parece abonado por la rara unanimidad que evidencian los grupos pol¨ªticos al analizar los problemas hist¨®ricos de la ciencia espa?ola y los medios m¨¢s adecuados para subsanarlos desde la perspectiva de las instituciones del Estado. El proyecto alternativo elaborado por Coalici¨®n Popular se sit¨²a en la misma perspectiva de la necesidad de fomentar y coordinar la ciencia y la tecnolog¨ªa sobre la base de la planificaci¨®n estatal plurianual y la concertaci¨®n interministerial centrada en una comisi¨®n nacional.

Un consenso posible

Sobre esta base de coincidencia, el proyecto de la oposici¨®n conservadora contiene elementos valiosos, cuya incorporaci¨®n al proyecto del Gobierno permitir¨ªa una ley de ciencia regional y operativa. En primer lugar, est¨¢ la consideraci¨®n expl¨ªcita de la investigaci¨®n cient¨ªfica y el desarrollo tecnol¨®gico como una prioridad nacional que forma parte de la pol¨ªtica de Estado. Declaraci¨®n que conduce expl¨ªcitamente a reclamar la presencia del presidente del Gobierno en la Comisi¨®n Nacional de Ciencia y Tecnolog¨ªa, as¨ª como el protagonismo de las Cortes Generales en la programaci¨®n, financiaci¨®n y control de las directrices de pol¨ªtica cient¨ªfica y tecnol¨®gica.En segundo lugar, el proyecto alternativo establece el car¨¢cter b¨¢sico de la ley de ciencia, de forma que su ¨¢mbito de aplicaci¨®n se extiende a todas las actividades de investigaci¨®n cient¨ªfica y desarrollo tecnol¨®gico de toda clase de poderes p¨²blicos, instituciones, empresas o personas que disfruten de ayudas o medios dispensados por el Estado. Con excepci¨®n, por su puesto, de las competencias de las comunidades aut¨®nomas, cuya participaci¨®n en la pol¨ªtica cient¨ªfica estatal deber¨ªa ser pactada en cada caso. Con este art¨ªculo se eliminar¨ªan las ambig¨¹edades comentadas antes del proyecto socialista, cuyo ¨¢mbito de aplicaci¨®n parec¨ªa reducirse a unos pocos OPIS de unos cuantos ministerios.

En tercer lugar, el proyecto del Grupo Parlamentario Popular subsana una omisi¨®n fundamental del proyecto gubernativo, al fijarse objetivos concretos de financiaci¨®n de la ciencia de cara a situarla en torno a la media europea y de crecimiento programado del personal investigador y conexo con las actividades de investigaci¨®n, todo ello durante el primer decenio de vigencia de la ley. Otra importante omisi¨®n subsanada en el proyecto alternativo es la atribuci¨®n de una partida presupuestaria ¨²nica en la que los gastos del Estado figuren globalizados en los presupuestos generales bajo la funci¨®n presupuestaria de ciencia y tecnolog¨ªa.

Finalmente, aunque no menos importante, es la creaci¨®n de un fondo nacional para gestionar la pol¨ªtica cient¨ªfica y tecnol¨®gica, dotado de personalidad jur¨ªdica propia y autonom¨ªa respecto a la Administraci¨®n del Estado, as¨ª como la supresi¨®n de todos los fondos reguladores cuyas funciones, personal y servicios ser¨ªan asumidos por dicho fondo.

Es evidente que las diferencias sustantivas entre el proyecto del Gobierno y oposici¨®n no obedecen a discrepancias de fondo ideol¨®gico, sino a cuestiones de oportunidad pol¨ªtica. Unos, dominados por la desconfianza de Hacienda hacia cualquier medida legislativa que suponga aumento del gasto p¨²blico y atenazados por la ya comentada reluctancia de los ministros a ceder parcelas de poder. Los otros, ajenos por el momento a estas ataduras, expresan libremente los requerimientos para un sistema de ciencia y tecnolog¨ªa racional. Ser¨ªa deseable para el bien de la ciencia y de sus servidores que las Cortes Generales propiciaran un compromiso pol¨ªtico para una ley de ciencia realista y viable a la par que ambiciosa, racionalizadora y duradera.