Dos a?os de delito ecol¨®gico

El 17 de julio de 1983 entr¨® en vigor la modificaci¨®n del C¨®digo Penal y se instaur¨® en nuestro ordenamiento jur¨ªdico la figura del delito ecol¨®gico. Desde esa fecha se investigan en nuestro pa¨ªs, al menos, cuatro casos de supuestos atentados contra la naturaleza. Diferentes organizaciones de defensa del medio ambiente han impulsado tres de estas acciones judiciales, mientras que la cuarta la emprendi¨®, en solitario, un grupo de campesinos del municipio de S¨²ria (Barcelona), precupados por la persistente lluvia ¨¢cida que cae sobre sus tierras y que destroza plantas y ¨¢rboles.La primera querella por presunto delito ecol¨®gico se present¨® justo cuando se cumpl¨ªa el primer aniversario de la entrada en vigor de este precepto penal. Iba firmada por Xavier Pastor Garc¨ªa, de 35 a?os de edad, bi¨®logo, investigador del Centro Oceanogr¨¢fico, presidente de Greenpeace-Espa?a y del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB). La denuncia se dirigi¨® contra el alcalde y los concejales de Andraitx (Mallorca), a quienes se acusa de ser responsables de unos vertidos de aguas residuales en el torrente de Es Suluet, que provoc¨® una importante contaminaci¨®n microbiol¨®gica en la zona y la muerte de numerosas cabezas de ganado porcino, que hab¨ªan bebido aquellas aguas, as¨ª como la destrucci¨®n de un pozo de agua potable. El juez, que admiti¨® a tr¨¢mite la denuncia, reclam¨® al GOB una fianza de 1.000 pesetas.

La sombra de la Dragonera

El puerto de Andra¨ªtx, lugar donde se encuentra el torrente contaminado, es una de las zonas tur¨ªsticas m¨¢s destrozadas de la costa balear a causa del boom urban¨ªstico de la d¨¦cada de los a?os setenta. Dentro de este t¨¦rmino municipal se encuentra la isla de Dragonera, una importante reserva ornitol¨®gica, que tiempo atr¨¢s intent¨® tambi¨¦n ser urbanizada por un grupo de constructores de la zona y que provoc¨® una importan e movilizaci¨®n de los naturistas de toda Espa?a. Por ello la acci¨®n judicial impulsada por el GOB se ha convertido ya en un s¨ªmbolo de la lucha ecologista.

El abogado Rafael Company, hoy convertido en gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, fue el encargado de redactar aquella primera querella por delito ecol¨®gico. Ahora opina que gracias a la presentaci¨®n de la denuncia se ha alcanzado el objetivo que se persegu¨ªa, ya que el Ayuntamiento de Andraitx ha votado un presupuesto y pronto se pondr¨¢n en marcha las obras de una depuradora. El letrado coincide con los dirigentes del GOB al afirmar que no tiene ning¨²n inter¨¦s en que sean condenados los concejales y el alcalde.

El ¨²nico procesamiento

El partido ecologista catal¨¢n Alternativa Verda ha tenido tambi¨¦n un papel importante en la acci¨®n judicial emprendida por la lluvia ¨¢cida producida por la central t¨¦rmica de Cercs (Barcelona). Aunque la querella fue en un primer momento presentada por el abogado Marc Viader, en nombre de cuatro campesinos del municipio de Vallcebre, Alternativa Verda se sum¨® posteriormente a la protesta y reclam¨® ante el instructor personarse en la causa y ejercer la acci¨®n popular. Esta petici¨®n fue aceptada por el juez Mateo Lorenzo Ram¨®n Homar y les fij¨® una fianza de 20.000 pesetas.

A finales del pasado mes de julio, cuando el delito ecol¨®gico cumpli¨® dos a?os, el instructor dict¨® auto de procesamiento contra el director de la central t¨¦rmica, Ernesto Domingo Ibars, y fij¨® una fianza de 80 millones de pesetas a la empresa propietaria, Fuerzas El¨¦ctricas de Catalu?a, SA (FECSA), para hacer frente a las responsabilidades civiles. El procesamiento ha sido recurrido, mientras FECSA amenaza veladamente con cerrar la central t¨¦rmica, lo que ha provocado cierta inquietud entre los vecinos de la zona.

Josep Pernau, uno de los campesinos querellantes, se muestra esc¨¦ptico de la marcha de la investigaci¨®n. Afirma que "todo es muy evidente" y que la contaminaci¨®n contin¨²a destrozando los pastos y los ¨¢rboles. Seg¨²n ¨¦l, la ¨²nica soluci¨®n es la de no sacar al campo las vacas y alimentarlas con piensos en el establo. Pocos kil¨®metros m¨¢s all¨¢ de su mas¨ªa de Creudabella, se levanta la colina de El Portet. Los ¨¢rboles han desaparecido y la tierra parece calcinada.

La lluvia ¨¢cida parece tambi¨¦n ser la responsable del desastre ecol¨®gico de S¨²ria, donde las emanaciones de Minas de Potasa de S¨²ria, propiedad de la multinacional Solvay, est¨¢n provocando la deforestaci¨®n de 85 hect¨¢reas de terreno agr¨ªcola. Esta querella fue presentada por cuatro campesinos, apoyados por el sindicato Uni¨® de Pagesos, y en ella se solicita el procesamiento de cinco directivos de la empresa, as¨ª como una indemnizaci¨®n de 47 millones de pesetas. La causa se encuentra, por ahora paralizada en el juzgado de Manresa (Barcelona) mientras se dirime un conflicto procesal. Los promotores de esta querella no descartan la posibilidad de reclamar el apoyo de los colectivos ecologistas y su presencia en las diligencias. El colectivo de C¨¢diz Agaden es el ¨²ltimo grupo ecologista que se ha presentado en el juzgado de guardia. Intenta paralizar las obras que se realizan en El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz) con objeto de construir Puerto Sherry. La protesta de los ecologistas andaluces ha estado, como en Andraitx, Berga y S¨²ria, apoyada por numerosos vecinos que ven con preocupaci¨®n c¨®mo se degrada la naturaleza.