Gobierno regional defender¨¢ la ley del Justicia ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno aragon¨¦s y las Cortes regionales defender¨¢n ante el Tribunal Constitucional la ley del Justicia de Arag¨®n (instituci¨®n similar al Defensor del Pueblo) y contra la que el ¨²ltimo Consejo de Ministros acord¨® presentar por el tr¨¢mite de urgencia un recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno central entiende que la referida ley, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios aragoneses el pasado 20 de junio, sobrepasa las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonom¨ªa y asume algunas funciones propias del Defensor del Pueblo.La principal misi¨®n del Justicia es "la protecci¨®n y defensa de los derechos y libertades, individuales y colectivos, reconocidos en el Estatuto de Autonom¨ªa; la tutela del ordenamiento jur¨ªdico aragon¨¦s, velando por su defensa y aplicaci¨®n, y la defensa del propio Estatuto". Entre las competencias que la ley confiere al Justicia est¨¢n las de poder supervisar la actividad de la Administraci¨®n auton¨®mica y la de los municipios aragoneses, dirigirse a toda clase de autoridades, organismos, funcionarios o dependencias de cualquier Administraci¨®n con sede en Arag¨®n, de quienes podr¨¢ recabar informacion; asimismo entender¨¢ de todas las quejas relacionadas con los derechos individuales o colectivos.

El Gobierno central ha recurrido cuatro art¨ªculos de la ley, referidos a que el Justicia podr¨¢ dirigirse a toda clase de autoridades, organismos y dependencias, y a la supervisi¨®n de la Administraci¨®n aut¨®noma y municipal. Otro punto conflictivo es el referente a las comunicaciones que los detenidos podr¨¢n mantener con el Justicia y que deber¨¢n gozar, seg¨²n la ley, de las garant¨ªas establecidas por la legislaci¨®n vigente.

El ejecutivo aragon¨¦s ha subrayado la constitucionalidad de la ley y ha anunciado su intenci¨®n de defenderla ante el Tribunal Constitucional, de forma conjunta con las Cortes regionales, cuyo presidente, Antonio Embid, cree que se trata de un problema de interpretaci¨®n del t¨¦rmino dirigirse que, en modo alguno, debe entenderse como una fiscalizaci¨®n, sino como la posibilidad de recabar informaci¨®n. Todos los partidos con presencia en el Parlamento aut¨®nomo defienden la constitucionalidad de la ley. Ayer, las Cortes de Arag¨®n no hab¨ªan recibido de forma oficial el recurso de inconstitucionalidad, cuyo plazo para ser interpuesto termina el 2 de octubre.

El Justicia es una figura hist¨®rica cuya misi¨®n era la de garantizar la correcta aplicaci¨®n e interpretaci¨®n de los fueros de Arag¨®n, incluso con autoridad en tal materia sobre el Rey y sus oficiales.