La renovaci¨®n del poder judicial

EL CONSENSO alcanzado por los grupos parlamentarios en la elecci¨®n del nuevo Consejo General del Poder Judicial constituye una importante base de legitimaci¨®n pol¨ªtica para su funcionamiento. La estrategia de repicar y andar en la procesi¨®n adoptada por Alianza Popular, que ha impugnado ante el Tribunal Constitucional el procedimiento de elecci¨®n parlamentaria de todos los miembros del Consejo General, pero que ha negociado al tiempo con el PSOE la lista unitaria de candidatos, le permitir¨¢ ganar en los dos pa?os, tanto si su recurso de inconstitucionalidad es aceptado como si no. Sin embargo, el hecho de que los 12 vocales elegibles entre jueces y magistrados sean votados tambi¨¦n por los diputados y los senadores de la oposici¨®n congervadora muestra hasta qu¨¦ punto la pol¨¦mica desatada en torno a la supuesta inconstitucionalidad de ese mecanismo de designaci¨®n descansaba sobre bases artificiales, se propon¨ªa una operaci¨®n de desprestigio contra el Gobierno y trataba de adular los sentimientos corporativistas de la carrera judicial. Parad¨®jicamente, los frutos m¨¢s discutibles de ese con senso -dejando a un lado el chentefismo, inevitable en este tipo de combinaciones- no se registran tanto entre los 12 candidatos forzosamente elegibles entre jueces y magistrados como en la lista de los ocho vocales designables entre "abogados y otros juristas" de reconocida competencia y con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional. Con independencia de la calidad personal y de los saberes legales de los candidatos, no demasiado edificante que el Congreso, en un gesto corporativo de p¨¦simo gusto, haya designado a dos de sus miembros -el diputado socialista Pablo Castellano y el diputado conservador Beltr¨¢n de Heredia- para formar parte del Consejo. Tambi¨¦n es no table que los magistrados Vacas y Celaya hayan sido incluidos en el cupo de los juristas y no dentro de la Esta de la carrera judicial. Dado que otros dos vocales -Mart¨ªnez Zato y Gonz¨¢lez Cu¨¦llar- encajados en esa cuota de ocho abogados y juristas de reconocida competencia per tenecen a la carrera fiscal, resulta que s¨®lo el catedr¨¢tico Ignacio de Otto y la abogada Cristina Alberdi pueden aportar al nuevo Consejo la independencia de criterios de quienes no forman parte de la clase pol¨ªtica y la sensibilidad social de quienes no provienen de los escalafones de la carrera judicial o fiscal.

Tampoco resulta especialmente delicado que, reforzando as¨ª a los dos diputados -cuyas lealtades partidarias resultan obvias-, los socialistas hayan propuesto para el nuevo Consejo a dos directores generales del Ministerio de Justicia. Entre los 12 magistrados nombrados por el Parlamento, tres de los elegidos no podr¨¢n concluir su mandato por alcanzarles la jubilaci¨®n antes de que concluyan los cinco a?os de duraci¨®n del Consejo General. Entre ellos figura Ces¨¢reo Rodr¨ªguez Aguilera, presidente hasta ahora de la Audiencia Territorial de Barcelona y propuesto, al parecer -cosa m¨¢s bien sorprendente si se recuerda que el sumario de Banca Catalana, en el que se halla implicado Jordi Pujol, est¨¢ siendo instruido por ese tribunal- a iniciativa de Converg¨¦ncia i Uni¨®.

El ¨®rgano de gobierno del poder judicial deber¨¢ elegir a su presidente, que lo es, a su vez, del Tribunal Supremo. Una vez constituido, el car¨¢cter continuista o renovador del nuevo Consejo tendr¨¢ oportunidad inmediata de manifestarse. En efecto, dos disposiciones transitorias de la ley org¨¢nica del Poder Judicial encomiendan al Consejo la tarea de ratificar o de sustituir en el plazo de tres meses a los presidentes de sala del Tribunal Supremo y a los presidentes de las audiencias territoriales y provinciales. M¨¢s adelante, los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de los tribunales superiores de justicia en las comunidades aut¨®nomas ayudar¨¢n a mostrar la orientaci¨®n del nuevo Consejo. Y si el sorteo para la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional atribuye al Consejo General la elecci¨®n de dos magistrados, esa designaci¨®n servir¨¢ de piedra de toque para comprobar la independencia y neutralidad de sus miembros.

La sociedad espa?ola espera del nuevo Consejo General una acci¨®n eficaz dirigida a la modernizaci¨®n de la Administraci¨®n de la justicia. El ex diputado Pablo Castellano, condenado a finales de 1984 a consecuencia de una demanda de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura por sus declaraciones sobre la corrupci¨®n de la justicia en Espa?a, tendr¨¢ ahora ocasi¨®n para poner en pr¨¢ctica, y desde dentro, sus ideas renovadoras, hasta ahora formuladas en un nivel s¨®lo program¨¢tico. Si Izquierda Socialista pierde a uno de sus m¨¢s en¨¦rgicos portavoces precisamente en v¨ªsperas del refer¨¦ndum sobre la OTAN, los reformadores del aparato judicial ganan un aliado. La pol¨ªtica de designaciones del nuevo Consejo puede hacer m¨¢s funcional nuestra Administraci¨®n de justicia, a condici¨®n de que no incurra en pr¨¢cticas clientelistas o en componendas arbitrales. Pero es sobre todo la lucha contra las corruptelas en las oficinas judiciales, denunciadas en la Prensa con pruebas indiscutibles, y el esfuerzo para conseguir superiores rendimientos en la Administraci¨®n de justicia, tanto en lo que se refiere a la tramitaci¨®n de los sumarios como en lo que concierne a la celebraci¨®n de los juicios orales, el objetivo prioritario.