El nuevo curso

Los INCIDENTES ocurridos el viernes pasado en el acto inaugural de la universidad Complutense -donde algunos catedr¨¢ticos vestidos con toga y birrete decidieron constituirse en agentes del orden y disolver a un grupo de estudiantes que protestaba contra las tasas acad¨¦micas y el n¨²merus clausus- se?alan la direcci¨®n de la conflictividad en la ense?anza superior durante los pr¨®ximos meses.Sin duda, hay que reivindicar el derecho de acceso a los estudios superiores de cualquier persona con la capacidad intelectual necesaria y con la voluntad de esfuerzo precisa. S¨®lo una pol¨ªtica de becas adecuada en n¨²mero, generosa en dotaci¨®n y ¨¢gil en la tramitaci¨®n administrativa de las concesiones podr¨ªa garantizar que cualquier espa?ol con talento, por humilde que sea su extracci¨®n social, estuviese en condiciones de seguir estudios universitarios. El sistema de becas -ampliado en los ¨²ltimos a?os, pero todav¨ªa insuficiente- deber¨ªa permitir a sus beneficiarios recibir de los fondos p¨²blicos el dinero suficiente no s¨®lo para abonar las tasas acad¨¦micas, sino tambi¨¦n para sufragar el resto de sus gastos de estudio. Pero las campa?as indiscriminadas contra las tasas acad¨¦micas corren el riesgo de desembocar en pura demagogia. Es la sociedad entera, a trav¨¦s de los impuestos, la que financia la ense?anza superior, y la matr¨ªcula en una facultad o escuela universitaria contin¨²a siendo en Espa?a m¨¢s barata que la factura de un colegio privado de ense?anza secundaria. Por eso que se transforme en reivindicaci¨®n revolucionaria la protesta contra la elevaci¨®n de las matr¨ªculas y se trate de descargar sobre los contribuyentes la entera financiaci¨®n de un servicio p¨²blico espectacularmente deficitario constituye una evidente manifestaci¨®n de insolidaridad.

La protesta contra los procedimientos selectivos para la admisi¨®n de alumnos en determinadas facultades debe ser contemplada tambi¨¦n cuidadosamente. La excesiva presi¨®n de la demanda educativa sobre unos centros de ense?anza superior con capacidad limitada de oferta s¨®lo puede aliviarse mediante la aplicaci¨®n de criterios selectivos de ingreso que impidan el bloqueo -por hacinamiento escolar, por falta de personal docente o por insuficiencia de las instalaciones- de aquellas facultades cuyas plazas disponibles sean inferiores al n¨²mero de solicitantes. Pero es justa la reivindicaci¨®n del movimiento estudiantil cuando pide que los criterios de selecci¨®n se basen en los m¨¦ritos y en la capacidad de los aspirantes.

Conseguida ya la autonom¨ªa, por lo menos de boquilla, dadas las insuficencias y carencias de la ley socialista, las universidades tendr¨¢n que asumir este curso parte de las competencias, y tambi¨¦n de las responsabilidades, que el viejo modelo atribu¨ªa al Ministerio de Educaci¨®n. Las dificultades financieras pueden asfixiar la autonom¨ªa de los centros de ense?anza superior, cuyo presupuesto actual se consume pr¨¢cticamente en las partidas de personal. Durante este curso, entrar¨¢n en funcionamiento los consejos sociales, eslab¨®n destinado a vincular a las universidades con las comunidades aut¨®nomas, el mundo empresarial, el movimiento sindical y el tejido social. Del ¨¦xito de esa innovaci¨®n creada por la ley de Reforma Universitaria (LRU), de su capacidad para generar fondos mediante contratos con la industria privada, depende en gran medida el futuro de nuestra ense?anza superior.

La puesta en marcha de la nueva divisi¨®n por departamentos -que tropieza con serias resistencias corporativas en el profesorado- y la capacidad del Consejo de Universidades -que ha asumido la mayor parte de las competencias de la Secretar¨ªa de Estado- para coordinar y planificar la ense?anza superior son otras dos inc¨®gnitas del curso reci¨¦n inaugurado. La sociedad espa?ola tiene derecho a esperar que la inminente reforma de los planes de estudio responda a las exigencias dictadas por el desarrollo cient¨ªfico, la investigaci¨®n tecnol¨®gica, la demanda profesional y el enriquecimiento intelectual y moral de la colectividad. La rigidez de las titulaciones tradicionales debe abrirse a una mayor flexibilidad para satisfacer los nuevos requerimientos de la divisi¨®n social del trabajo. Ninguno de esos objetivos podr¨¢ alcanzarse, empero, sin un profesorado capaz de asumir las responsabilidades que la autonom¨ªa les concede. La imagen de los profesores togados luchando a brazo partido con la protesta estudiantil, por discutibles que fueran algunas de las reivindicaciones de los j¨®venes, es peor que lamentable: es simplemente bufa. Y la universidad no se la merece.