Las dos caras del esc¨¢ndalo

LOS DOS abortos realizados en el transcurso de las jornadas feministas celebradas en Barcelona la pasada se mana han desatado -como seguramente deseaban las asistentes a la reuni¨®n- una apasionada y viva pol¨¦mica. La grabaci¨®n en v¨ªdeo de la operaci¨®n y la exposici¨®n de los embriones en botellas de agua mineral habr¨¢ herido sensibilidades de modo innecesario y habr¨¢ tambi¨¦n sido el revulsivo marginal de la discusi¨®n: porque al final lo que se debate es la utilidad, y la racionalidad, de la ley del aborto de los socialistas, al trasluz de una realidad social espa?ola, mucho m¨¢s dram¨¢tica de lo que los debates ideol¨®gicos tienden a reconocer. El hecho en s¨ª, constituye un acto colectivo de desobediencia a las leyes, coronado con la autoinculpaci¨®n de miles de asistentes y planteado como un desaf¨ªo pol¨ªtico y social. Pero deducir de ello, por mero automatismo, una vulneraci¨®n de los principios del Estado de derecho o una agresi¨®n a la Constituci¨®n no tiene sentido. Tampoco lo tiene suponer que las leyes no pueden ser contestadas m¨¢s que desde el marco parlamentario. La sociedad democr¨¢tica es una realidad en conflicto y la Administraci¨®n de justicia requiere algo m¨¢s que la aplicaci¨®n de un cat¨¢logo escueto, objetivo e indubitable de normas; por eso precisamente existen los jueces. La pol¨¦mica sobre la obligaci¨®n c¨ªvica de cumplir las leyes aprobadas por los representantes de la soberan¨ªa popular, cualquiera que sea su contenido, y de promover su reforma exclusivamente mediante procedimientos constitucionales remite a la cuesti¨®n de los l¨ªmites de la protesta social y de los costes de la transgresi¨®n de las normas por las minor¨ªas. Pero desviar ahora la cuesti¨®n hacia la responsabilidad penal de un hecho, indudablemente ilegal, como el que comentamos es reducirla de ¨¢mbito y empobrecer su significado. No estamos ante dos abortos clandestinos hechos, parad¨®jicamente, con publicidad. Estamos ante la escenificaci¨®n pol¨ªtica de una protesta -no precisamente homologable, en su est¨¦tica, al buen gusto- contra la dureza de nuestra normativa penal sobre el aborto, la insuficiencia de la ley de despenalizaci¨®n parcial y las incontables trabas y dificultades puestas, adem¨¢s, a su aplicaci¨®n por un sector de la clase m¨¦dica.Para juzgar honestamente los sucesos de Barcelona hay que tener en cuenta que la moderad¨ªsima despenalizaci¨®n de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en los casos de violaci¨®n, malformaci¨®n del feto y grave peligro para las salud de la madre- est¨¢ siendo boicoteada por quienes mantienen todav¨ªa el viejo deseo de que las normas morales propias de las confesiones religiosas sean de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y reciban el respaldo de los c¨®digos criminales. Cabalgando sobre las resistencias corporativistas desplegadas por sectores de la profesi¨®n m¨¦dica frente a la tambi¨¦n moderad¨ªsima reforma sanitaria de los socialistas, esos intolerantes han apoyado el boicoteo en los hospitales p¨²blicos de la aplicaci¨®n de la ley despenalizadora del aborto. No se trata s¨®lo de obst¨¢culos administrativos, registrados en demasiados centros sanitarios, para la autorizaci¨®n de las interrupciones del embarazo previstas por la ley. Mientras los m¨¦dicos antiabortistas reclaman en su exclusivo beneficio la objeci¨®n de conciencia, el linchamiento moral de que fue objeto hace escasos d¨ªas una joven doctora de Pamplona por su participaci¨®n en un aborto legal muestra la absoluta falta de respeto de esos intolerantes hacia la conciencia ajena.

La objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos antiabortistas ha dejado de ser una respetable manifestaci¨®n personal de convicciones ¨ªntimas para convertirse en una consigna pol¨ªtica al servicio de una estrategia obstruccionista que desaf¨ªa a las leyes con mayor cautela, pero con superior descaro, al de las feministas de Barcelona. Si son verdad los matices de esperpento de lo sucedido en la Ciudad Condal, se quedan chicos ante el esperpento permanente que constituye el hecho de que cada vez que una ciudadana de este pa¨ªs, en uso de su leg¨ªtimo derecho reconocido por ley, se decide a abortar, se crea en torno de ella una expectaci¨®n de medios de comunicaci¨®n, un rosario de declaraciones p¨²blicas y un complejo de agresiones morales a?adidas, que contribuyen a aumentar su dolor y a turbar su ¨¢nimo en momentos no precisamente f¨¢ciles. La huelga de batas ca¨ªdas declarada por m¨¦dicos del Primero de Octubre para no prestar asistencia posoperatoria a pacientes a las que se hab¨ªa practicado legalmente un aborto pone de manifiesto el aut¨¦ntico cariz de unos planteamientos corporativistas que ensucian el concepto mismo de la objeci¨®n de conciencia. Si unos m¨¦dicos incumplen sus deberes profesionales hacia una enferma -reci¨¦n operada y confiada a sus cuidados de vigilancia- con el incre¨ªble argumento de que la interrupci¨®n voluntaria del embarazo es un pecado, est¨¢n inaugurando una variante de medicina inquisitorial y olvidando los mandatos de la deontolog¨ªa profesional. Sin embargo, los colegios m¨¦dicos no han tomado todav¨ªa -que se sepa- medidas disciplinarias contra unos doctores que se niegan a atender a unos enfermos por condenar moralmente la causa de sus dolencias.

A la luz de estos hechos, se puede, y se debe, ser m¨¢s tolerante con la infracci¨®n de ley cometida por las feministas en Barcelona. No es seguro, en cambio, que la escenificaci¨®n de los abortos llevados a cabo en las jornadas ayude a plantear en t¨¦rminos racionales la urgente necesidad de homologar la legislaci¨®n espa?ola sobre el aborto con la normativa de otros pa¨ªses de la Comunidad Europea (entre otras, con la ley francesa patrocinada por la liberal-conservadora Simone Veil). Pero no cabe duda de que contribuir¨¢ al menos a un debate que, para ser fruct¨ªfero, debe resultar menos apasionado por todas partes. Aunque pueda parecer injusto o irritante, los partidarios del aborto libre deben hacer gala de la tolerancia que no tienen los antiabortistas. No pueden ignorar la conflictividad moral, en el ¨¢mbito individual y social, que el problema del aborto supone. Los ciudadanos todos tienen que asumir, no obstante, que es absurdo que las leyes y los aparatos del Estado persigan con la polic¨ªa y castiguen con la c¨¢rcel conductas pertenecientes al dominio de la ¨¦tica y que nunca debieran ser trasladadas al campo del Derecho Penal.

Las organizadoras de las jornadas feministas han montado, desde luego, una provocaci¨®n contra la normativa vigente. Ni los partidos de izquierda ni las centrales sindicales parecen estar muy seguros ahora de qu¨¦ camino tomar. Las feministas han herido las convicciones religiosas de los antiabortistas y la sensibilidad de otros muchos proabortistas, pero han dado un aldabonazo que recuerda una vergonzosa situaci¨®n: la de que se sigan realizando en Espa?a -en la clandestinidad y en peligrosas condiciones sanitarias- miles de abortos, que en Francia o en el Reino Unido son practicados al amparo de la ley y que dentro de nuestras fronteras pueden costar hasta seis a?os de prisi¨®n.