Licencia para espiar

EL TITULAR del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Madrid ha resuelto archivar las diligencias iniciadas como consecuencia de la querella presentada por Alianza Popular contra las personas responsables de haber ordenado y practicado el espionaje policial de sus actividades. Ahora bien, el auto dictado por el magistrado V¨¢zquez Honrubia no s¨®lo no niega la argumentaci¨®n de hecho ya conocida sobre el caso, sino que la ilustra, ampl¨ªa y complementa con nuevos datos. Queda confirmado as¨ª que la Brigada de, Interior cre¨® "una verdadera infraestructura de informaci¨®n" en la sede madrile?a de Alianza Popular, utilizando. las relaciones de amistad o de parentesco de algunos funcionarios de la polic¨ªa y ex confidentes con empleados de las oficinas del partido conservador. Pero ahora resulta que esa actividad de espionaje policial se extend¨ªa tambi¨¦n a las organizaciones provinciales de Alianza Popular.Seg¨²n revelan los documentos examinados por el magistrado V¨¢zquez Honrubia, la Comisar¨ªa de Informaci¨®n recibi¨® de sus subordinados de Segovia, Badajoz, Zaragoza, Palma de Mallorca, Cuenca, Jerez, Guadalajara y Puertollano abundantes informes -en papel oficial, con sello y membrete, y en algunas ocasiones por triplicado sobre las actividades del partido conservador. La curiosidad de los funcionarios del Ministerio del Interior era pr¨¢cticamente ilimitada: filiaciones completas de diputados, concejales y miembros de las ejecutivas locales, relaciones entre Alianza Popular y el Partido Dem¨®crata Popular, "tendencias, disensiones y concordancias internas", preparaci¨®n y apoyo de candidaturas, "comentarios de tendencias, fobias y filias y corrientes".

El magistrado V¨¢zquez Honrubia acepta inicialmente que esa acumulaci¨®n de hechos probados "podr¨ªa en principio hacer aflorar indicios de responsabilidad criminal en funcionarios y jerarqu¨ªas policiales". Sucede, sin embargo, que el Tribunal Supremo resolvi¨®, el pasado 12 de julio, la inexistencia de indicios racionales de criminalidad por esas mismas actuaciones en lo referente al vicepresidente del Gobierno y al ministro del Interior. Del auto que archiva las diligencias se deduce que si el alto tribunal excluy¨® de cualquier eventual responsabilidad penal a la m¨¢xima autoridad administrativa de la cadena policial, id¨¦ntico trato debe aplicarse a sus subordinados jer¨¢rquicos, desde los jefes de la Comisar¨ªa de Informaci¨®n y de la Brigada de Interior hasta los funcionarios de los servicios poficiales que tan diligentemente espiabab las actividades de Alianza Popular "en todo el territorio nacional".

La resoluci¨®n del juzgado de instrucci¨®n trae -a colaci¨®n la declaraci¨®n del director general de la Polic¨ªa, una de las m¨¢s sensacionales aportaciones a la teor¨ªa del Estado producidas en los ¨²ltimos tiempos. En ese documento, del que ning¨²n dirigente o alto cargo socialista ha discrepado hasta el momento, Rafael del R¨ªo sosten¨ªa que el objetivo principal" de los servicios poficiales, "seg¨²n concepto universal y moderno en un Estado de derecho", no es otro que informar sobre "las grandes corrientes que se manifiestan en el pa¨ªs". A ese'aparato, policial, transformado en "un orientador de la llamada corriente nacional", le corresponde el "an¨¢lisis permanente de la opini¨®n p¨²blica" para suministrar al Gobierno del Estado "los medios informativos que posibiliten la estabilidad pol¨ªtica y la evoluci¨®n sin rupturas". Tal informaci¨®n reservada, cuyo conocimiento necesita el Ejecutivo para "poder gobernar", versa tambi¨¦n sobre "partidos pol¨ªticos legalizados o autorizados" y sobre "centrales sindicales"; en suma, "todo cuanto por su actividad p¨²blica pueda abastecer de datos e informaciones susceptibles de hacer gobernable el pa¨ªs". El deber de la polic¨ªa es preocuparse por "las grandes corrientes" de la sociedad e informar al Gobierno "sobre su constituci¨®n, sus variantes y sus incidencias en la masa mayoritaria del pa¨ªs".

Se comprende que el magistrado V¨¢zquez Honrubia, aun prestando acatamiento a la resoluci¨®n dictada el pasado mes de julio por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sintiera cierto sobresalto al comprobar que el espionaje de los partidos legalizados -just¨ªficado en nombre de la corriente nacional, la masa mayoritaria, la estabilidad pol¨ªtica y la evoluci¨®n sin rupturas- ha sido elevado por la Administraci¨®n socialista a la categor¨ªa de teor¨ªa del Estado. As¨ª, el auto judicial acepta que "algunos ciudadanos como tales, o integrados en agrupaciones, asociaciones o partidos pol¨ªticos l¨ªcitos, puedan sentir cierta reticencia o desaz¨®n ante lo que la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa denomina concepto universal y moderno de los servicios de informaci¨®n en un Estado de derecho". En opini¨®n del magistrado, sin embargo, los partidos querefiantes tienen la oportunidad de "debatir en esfera distinta a la jurisdiccional los l¨ªmites y control de dichos servicios".

Esa velada exhortaci¨®n judicial a que los partidos con representaci¨®n parlamentaria interpelen al Gobierno y propongan la inclusi¨®n dentro del C¨®digo Penal del espionaje policial sobre su vida interna no basta, empero, para acallar la reticencia o sosegar la desaz¨®n de los ciudadanos. La doctrina -avalada por altos funcionarios del Gobierno socialista- de que la polic¨ªa, en nombre de los valores democr¨¢ticos y de las libertades, tiene el derecho y el deber de espiar la actividad de los partidos, de los sindicatos y de "todo cuanto por su actividad p¨²blica pueda abastecer de datos e infonnaciones susceptibles de hacer gobernable el pa¨ªs" sorprende por su descaro incluso ep una ¨¦poca en que el c¨ªnismo del poder y el desprecio por la ¨¦tica pol¨ªtica no son infrecuentes. Gobernar en democracia no es tarea f¨¢cil. Que se pueda llegar a aceptar como algo normal e inevitable, realistamente justificado por la raz¨®n de Estado, el otorgamiento al Ministerio del Interior de una licencia para espiar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales es un s¨ªntoma preocupante para nuestra vida p¨²blica.