Esp¨ªas y delincuentes

EL RECURSO presentado por Alianza Popular contra el auto dictado por el magistrado V¨¢zquez Honrubia, que resolvi¨® la semana pasada archivar las diligencias sobre el espionaje policial de que fue v¨ªctima el partido conservador, reabrir¨¢ judicialmente uno de los asuntos m¨¢s malolientes de nuestra reciente experiencia democr¨¢tica. Tambi¨¦n el Partido Comunista ha elevado recurso de reforma, y subsidiariamente de apelaci¨®n, contra el carpetazo dado al sumario por el juez instructor, quien justific¨® su decisi¨®n por la previa e incondicional exoneraci¨®n de responsabilidades dictada por el Tribunal Supremo en favor del vicepresidente del Gobierno y del ministro del Interior. El magistrado (v¨¦ase EL PAIS del pasado 5 de noviembre) estableci¨®, sin embargo, como un hecho probado el espionaje policial sufrido por Alianza Popular.En este episodio, el papel desempe?ado por el ministerio p¨²blico adquiere rasgos casi pat¨¦ticos. El fiscal Carlos Ladr¨®n de Cegama, que percibi¨® indicios racionales de culpabilidad en las diligencias practicadas por el juez instructor, se sinti¨® obligado a pedir su relevo cuando el Tribunal Supremo -mediante un auto del que fue ponente el magistrado Jos¨¦ Augusto de Vega, posteriormente elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial- exoner¨® de toda sospecha a los dos miembros del Gobierno. Consuelo Madrigal, designada para representar al ministerio p¨²blico en la causa, no evacu¨® "informe en ning¨²n sentido en cuanto al fondo del asunto" y se limit¨® a actuar como convidada de piedra. Por principio, las fronteras del Derecho Penal delimitan un ¨¢mbito altamente restrictivo de conductas perseguibles por la v¨ªa criminal. Tal vez -aunque resulta improbable- nuestra legalidad vigente no permita encajar dentro de los delitos de violaci¨®n de secretos (art¨ªculos 367 y 368 del C¨®digo Penal), de obstaculizaci¨®n o perturbaci¨®n de asociaciones l¨ªcitas (art¨ªculo 172) o de descubrimiento o revelaci¨®n de secretos (art¨ªculo 497) el espionaje de partidos realizado por el Ministerio del Interior y confirmado por el testimonio del director de la Polic¨ªa.

El espionaje de los grupos de la oposici¨®n, practicado por funcionarios p¨²blicos para informar de sus resultados a los altos cargos del Ministerio del Interior, constituye una bochornosa utilizaci¨®n de los fondos presupuestarios y de los recursos de la Administraci¨®n al servicio de los intereses de los dirigentes del partido que ocupa temporalmente el poder. De esa perspectiva, el siempre sospechoso pretexto de la raz¨®n de Estado se rebaja a raz¨®n de gobierno y se degrada en raz¨®n de partido. La colusi¨®n de intereses resulta obvia cuando simult¨¢neamente unas mismas personas representan al Estado, controlan el Gobierno y dirigen un partido. Gracias a las informaciones que la polic¨ªa del Estado les facilita en tanto que gobernantes, los l¨ªderes socialistas pueden conocer los planes, los secretos y las debilidades de sus futuros rivales electorales. Rafael del R¨ªo, nombrado director de la Polic¨ªa por el ministro del Interior socialista, ha explicado ante el juez que el espionaje de los ciudadanos constituye el n¨²cleo de las funciones policiacas en un sistema democr¨¢tico, "seg¨²n concepto universal y moderno en un Estado de derecho".

Una peligrosa variante de cinismo puede apoderarse de nuestro sistema democr¨¢tico a pasos agigantados. Aunque la legalidad vigente no permitiera -por falta de previsi¨®n- su sanci¨®n penal, el espionaje de los partidos y de los ciudadanos es una conducta que debe ser tipificada como delito por las Cortes Generales y que merece la repulsa de cualquier dem¨®crata. De un lado, y dando por bueno el dicho de que la informaci¨®n es poder, el Gobierno socialista est¨¢ entregando una cuota importante de sus competencias a servicios policiales. De otro, la informaci¨®n policial sobre los dem¨¢s partidos concede a los socialistas una ventaja desleal frente a sus competidores, especialmente eficaz en las confrontaciones electorales y en los debates parlamentarios. Final mente, el espionaje policial de los ciudadanos relaciona dos de una forma o de otra con la actividad p¨²blica pone en manos del Gobierno posibilidades de presi¨®n incompatibles con los fundamentos reales de un sistema democr¨¢tico. La mayor¨ªa socialista, por tanto, no puede continuar impidiendo la formaci¨®n de una comisi¨®n de encuesta de las Cortes Generales para investigar el esc¨¢ndalo del espionaje policial.