El 'caso Barral'

CARLOS BARRAL es escritor y senador; como escritor, public¨® un art¨ªculo y luego una novela, y Francisco Gracia Guill¨¦n, editor, se sinti¨® injuriado en esos escritos y se querell¨®. Como senador, Barral estaba protegido por la inmunidad que impide que los miembros de los Parlamentos sean detenidos y procesados sin la autorizaci¨®n de la C¨¢mara a la que pertenecen. La justicia lo solicita (suplicatorio) y la C¨¢mara concede o no. En este caso, Barral decidi¨® personalmente no acogerse a la inmunidad y someterse a la justicia. Pero el tema exced¨ªa de su voluntad: sus pares entendieron que deb¨ªan defender el principio y se opusieron a la concesi¨®n del suplicatorio. En torno al tema se debati¨® p¨²blicamente la cuesti¨®n de la inmunidad y la inviolabilidad (por la cual los parlamentarios no pueden ser enjuiciados por los discursos o intervenciones hechos en el curso de su funci¨®n). Se siguieron unos tr¨¢mites: denegaci¨®n del suplicatorio, recurso del querellante, sentencia del Tribunal Constitucional determinando que la inmunidad no puede alegarse "si el delito no tiene nada que ver con la actividad normal de las C¨¢maras de los parlamentarios", nueva votaci¨®n del Senado, que concedi¨® lo pedido en el suplicatorio, y ahora, procesamiento y decisi¨®n de la Sala Segunda del Supremo por la cual el procesado queda en libertad bajo fianza y fija ¨¦sta en 50 millones de pesetas, en espera de juicio.La protecci¨®n del ciudadano frente a los abusos de la libertad de expresi¨®n debe estar garantizada en todos los casos. Pero existe un exceso de legislaci¨®n acerca de esos derechos, y hay en nuestros d¨ªas una abundancia de demandas, algunas disparatadas, acerca de la propia imagen, el honor, el de los antepasados... y demasiadas suspicacias con respecto a los conceptos de injuria y calumnia. Todo ello debe formar parte de un proceso de transici¨®n, de reajuste psicol¨®gico y jur¨ªdico. Debe dar lugar tambi¨¦n a una jurisprudencia en la que los jueces hagan valer el bien com¨²n de la libertad de expresi¨®n sobre los intereses parciales e individuales, sin que por ello queden desportegidos los derechos de las personas.

En este marco, asombra la cuant¨ªa de la fianza impuesta a Barral y la dureza de las condiciones de su procesamiento. Cincuenta millones de pesetas para asegurar unas responsabilidades pecuniarias que podr¨ªan imponerse en el caso de que el proceso terminase en condena es una cifra que no suele decidirse ni aun en imputaciones de delitos mucho m¨¢s graves. Podr¨ªa parecer, incluso, el fruto de la pol¨¦mica entre el Senado y la justicia. M¨¢s que una prevenci¨®n representa en s¨ª una condena, puesto que el escritor carece de fortuna, y el embargo preventivo de sus bienes supone una cat¨¢strofe personal y familiar que no debe perseguir a quien, a¨²n procesado, goza de la presunci¨®n de inocencia. Que recaiga sobre alguien que desde el principio del asunto quiso renunciar voluntariamente a la inmunidad y someterse a la justicia hace m¨¢s incomprensible el tema.

En suma, la decisi¨®n podr¨ªa volverse en favor de la idea corporativista de la inmunidad y hacer pensar a algunas personas con poca fe que, efectivamente, el escritor Carlos Barral es perseguido por ser senador o porque el Senado ha defendido a ultranza un privilegio.