Esp¨ªas y ladrones

RESULTA INADMISIBLE que el secuestro frustrado de Manuel Antonio S¨¢nchez P¨¦rez -un alto funcionario del Estado cubano- en pleno centro de Madrid pueda ser archivado por el Gobierno espa?ol tras la expulsi¨®n de los cuatro miembros de la representaci¨®n de Cuba que realizaron -pistola en mano y a plena luz del d¨ªa- la criminal intentona. Como ya dijimos (v¨¦ase EL PA?S de 15 de diciembre), la decisi¨®n ministerial de reclamar al juzgado de instrucci¨®n la entrega de los responsables directos del incidente para ponerlos inmediatamente en la frontera fue lamentable. De un lado, la precipitada medida gubernativa ha privado a la opini¨®n p¨²blica de la posibilidad de obtener una informaci¨®n completa sobre lo sucedido; de otro, la resoluci¨®n de sustraer a los acusados de la acci¨®n de los tribunales desdice de la capacidad de la justicia espa?ola para conocer de los delitos cometidos en nuestro territorio.Tal vez nuestras autoridades creyeron que la expulsi¨®n de los cuatro agresores (de los cuales s¨®lo el vicec¨®nsul ten¨ªa derecho a la inmunidad diplom¨¢tica, y el juez estim¨® que ni aun ¨¦l, dadas las circunstancias) constitu¨ªa la salida menos comprometida para un conflicto en el que andaban en juego las relaciones internacionales y los intereses de una naci¨®n extranjera. Pero el respeto debido a las normas jur¨ªdicas y a las reglas de una ordenada convivencia no ha sido preservado, en cambio. Aunque el art¨ªculo 21 de la ley de extranjer¨ªa admite la posibilidad de una dejaci¨®n de jurisdicci¨®n y permite la expulsi¨®n gubernativa de extranjeros en casos de delitos menos graves, no est¨¢ claro que el secuestro frustrado de Manuel Antonio S¨¢nchez P¨¦rez, susceptible de ser calificado como un delito de detenci¨®n ilegal (castigado con la pena de prisi¨®n mayor, que oscila entre seis a?os y un d¨ªa y 12 a?os), pueda entrar en la categor¨ªa de menos grave. El juez Bento, que atendi¨® a la petici¨®n del Gobierno, no est¨¢ a salvo de la cr¨ªtica en este caso. La opini¨®n p¨²blica y el Parlamento tienen derecho a una explicaci¨®n. Y las revelaciones de la propia v¨ªctima del suceso que hoy publica EL PA?S ponen de relieve que ¨¦sta ser¨¢ casi imposible, toda vez que el Gobierno se ha dedicado a escamotear de la escena a los principales actores, que podr¨ªan corroboraro desmentir ante el tribunal la versi¨®n del agredido.

Por otra parte, una ins¨®lita nota de protesta dada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, que adoptaba el papel de ofendido y acusaba al Gobierno espa?ol de asociarse con "un vulgar ladr¨®n" y de brindar amparo a su "imnoral conducta", fue rechazada con plena l¨®gica por las autoridades espa?olas, que denunciaron las afirmaciones falsas" y las "calificaciones intolerables" de su contenido. Pero las declaraciones del funcionario asilado y agredido indican que, al margen de la intemperancia del Gobierno de La Habana y de lo inadmisible del intento de secuestro, cabe cuando menos un margen de duda sobre el fondo real de esta historia. Quede, sin embargo, claro que, aun si el alto funcionario hubiera decidido exiliarse con el ¨²nico prop¨®sito de apoderarse il¨ªcitamente de unos fondos de su Gobierno, nada puede justificar a esos cuatro miembros de la representaci¨®n cubana en Espa?a que decidieron asumir la cu¨¢druple condici¨®n de legisladores, polic¨ªas, jueces y carceleros de un compatriota sospechoso de un delito contra la propiedad.

La Embajada cubana deber¨ªa haber puesto el caso en manos de la polic¨ªa y no ten¨ªa necesidad -ni, por supuesto, el derecho- de utilizar matones. El anuncio de que las autoridades cubanas, una vez frustrado el secuestro de Manuel Antonio S¨¢nchez P¨¦rez, se proponen solicitar su extradici¨®n, acus¨¢ndole de haberse apoderado de fondos de una cuenta bancaria a la que recientemente se hab¨ªa transferido medio mill¨®n de d¨®lares, se compagina mal con el poco respeto a las normas jur¨ªdicas por parte de quienes resolvieron sustituir la aplicaci¨®n de la ley por la acci¨®n directa de un comando. Y, con independencia de las previsiones del tratado de extradici¨®n firmado entre ambos pa¨ªses, sorprende todav¨ªa m¨¢s que el Gobierno de La Habana pretenda que sean los jueces de su pa¨ªs, y no los tribunales espa?oles, quienes conozcan de un supuesto delito perpetrado en nuestro suelo.

En declaraciones a EL PA?S, Manuel Antonio S¨¢nchez P¨¦rez ha negado el extendido rumor de que formaba parte de los servicios secretos cubanos. Su decisi¨®n de expatriarse se deber¨ªa, seg¨²n ¨¦l mismo dice, a profundas discrepancias con el sistema castrista y a los deseos de escribir en libertad una investigaci¨®n sobre el modelo econ¨®mico cubano. Pero tambi¨¦n reconoce su intenci¨®n de servirse de ese medio mill¨®n de d¨®lares -fruto de comisiones comerciales que seg¨²n ¨¦l le pertenecen- para vivir en el exilio mientras acomete esa tarea. S¨¢nchez P¨¦rez parece haber tardado casi 20 a?os en darse cuenta de la falta de libertades imperante en Cuba y de la imposibilidad de instrumentar una oposici¨®n pol¨ªtica al castrismo. Otros necesitaron menos tiempo, pero no se encontraron en su exilio, como ¨¦l, con m¨¢s de 70 millones de pesetas. O sea, que el Gobierno espa?ol har¨ªa bien en instrumentar una investigaci¨®n en torno a las verdaderas claves del asunto. Pero en realidad esta investigaci¨®n va a ser imposible porque los agresores del ahora acaudalado exiliado pol¨ªtico fueron enviados a La Habana por la v¨ªa m¨¢s r¨¢pida posible.