Una instrucci¨®n que dura ya dos a?os

El procesamiento del concejal Emilio Garc¨ªa Horcajo es el d¨¦cimo de los decretados por presunta imprudencia temeraria con resultado de muerte por el juez Jacobo L¨®pez Barja de Quiroga, en relaci¨®n con el incendio de la discoteca Alcal¨¢ 20. En la madrugada del 17 de diciembre de 1983, d¨ªa en que ardi¨® la discoteca a causa de un chispazo que prendi¨® en unos cortinajes, Jacobo L¨®pez Barja de Quiroga, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Madrid, estaba de guardia. El juez se present¨® de inmediato en el lugar de la tragedia y comenz¨® una compleja labor de instrucci¨®n.Los cinco empresarios de la discoteca, Doroteo Mart¨ªn, Juan Antonio Iglesias, Emilio Urdiales, Pedro Rasc¨®n y Carlos Mendoza, ingresaron por orden del juez en la prisi¨®n de Carabanchel el mismo d¨ªa de la tragedia. El 3 de enero de 1984 fueron procesados por presunta imprudencia temeraria, y el siguiente, tras prestar cada uno fianza de 10 millones de pesetas, quedaron en libertad provisional, situaci¨®n en la que siguen en la actualidad.

El ¨²nico seguro por responsabilidad civil de Alcal¨¢ 20 conocido es una p¨®liza que cubre da?os por cinco millones de pesetas, a nombre de Lido, denominaci¨®n del local antes de convertirse en discoteca.

Cuando estaba a punto de cumplirse el primer aniversario del suceso, Jacobo L¨®pez Barja de Quiroga decret¨® cuatro nuevos procesamientos por presunta imprudencia temeraria: los del decorador Carlos Giganto, el arquitecto Juan Velasco, el ingeniero t¨¦cnico industrial Miguel Gabald¨®n y el funcionario p¨²blico Guillermo Herranz. El juez, como ha hecho con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, decret¨® la prisi¨®n para todos ellos o el pago de una fianza de 100.000 pesetas por cabeza. A los cuatro se les acusa tambi¨¦n de falsedad en sus dict¨¢menes sobre la situaci¨®n de Alcal¨¢ 20, en los que no daban cuenta de numerosas irregularidades.

El m¨¢s significativo de estos procesamientos fue el de Guillermo Herranz, miembro de la Junta Consultiva Inspectora de Espect¨¢culos, dependiente del Ministerio del Interior, porque ello signific¨® que se declaraba al Estado como responsable civil subsidiario en este asunto. Esta decisi¨®n supone que, en caso de que el funcionario sea condena do y ni ¨¦l ni los otros posibles condenados re¨²nan dinero suficiente para pagar las indemnizaciones a las v¨ªctimas y sus familiares, ¨¦stas correr¨ªan a cargo del Estado. La fianza establecida por el juez L¨®pez Barja de Quiroga para afrontar esas eventuales indemnizaciones es de 950 millones de pesetas.

El siguiente paso de la instrucci¨®n consisti¨® en determinar si el Ayuntamiento de Madrid tiene responsabilidad en la tragedia, como afirma el abogado Antonio Garc¨ªa de Pablos, representante de las familias de 46 de los 82 fallecidos. El pasado octubre, el juez llam¨® a declarar al alcalde de Madrid, Enrique Tierno. El juez comprob¨® que era cierta la afirmaci¨®n de Tierno seg¨²n la cual desde seis meses antes del incendio ten¨ªa delegadas sus funciones en materia de seguridad en Emilio Garc¨ªa Horcajo. Garc¨ªa de Pablos se?al¨® ayer que con el pro cesamiento del concejal, son dos los posibles responsables civiles subsidiarios: el Ayunta miento y el Estado.