Sobre el refer¨¦ndum
El debate de las ¨²ltimas semanas sobre el refer¨¦ndum que se va a celebrar pr¨®ximamente en Espa?a ofrece buenos ejemplos de esa inclinaci¨®n, tan frecuente en los pol¨ªticos -y en quienes se mueven en su entorno-, a confundir su mundo con el mundo. ?sta es fuente de la que nacen casi siempre los m¨¢s sonados errores de los dirigentes, que, sin embargo, aciertan con frecuencia cuando son capaces de escapar a la atracci¨®n que ejerce sobre ellos la atm¨®sfera cerrada del invern¨¢culo pol¨ªtico.La primera confusi¨®n deriva de que casi nunca se establece con precisi¨®n de qu¨¦ se est¨¢ hablando. Las actitudes ante la celebraci¨®n del refer¨¦ndum aparecen confusamente mezcladas con toda clase de elementos subjetivos, que podr¨¢n ser m¨¢s o menos leg¨ªtimos o espurios, pero que poco o nada tienen que ver con lo que pretendidamente se debate: ?es o no razonable que el pueblo espa?ol sea consultado a la hora de tomar una decisi¨®n como la de permanecer o salir de la Alianza Atl¨¢ntica? El contestar a esta cuesti¨®n con un ojo puesto en las encuestas y otro en el calendario electoral podr¨¢ ser comprensible desde el punto de vista de la estrategia partidista a corto plazo, pero no parece que sea la forma m¨¢s rigurosa de responder.
La confusi¨®n aumenta si se a?ade la que deriva del cruce entre actitudes ante el hecho de la consulta -el refer¨¦ndum- y actitudes ante lo consultado -permanencia en la Alianza- Hay alg¨²n medio de comunicaci¨®n que, despu¨¦s de haber publicado en los ¨²ltimos a?os decenas de editoriales sobre el asunto (en todos los cuales se ha criticado acerbamente la pretendida ambig¨¹edad del Gobierno), a¨²n no nos ha dejado saber si est¨¢ a favor, en contra o se abstiene. Lo mismo cabe decir de algunos l¨ªderes pol¨ªticos, que adoptan la ventajosa filosof¨ªa: "Con barba, san Ant¨®n, y si no, la Pur¨ªsima Concepci¨®n".
En todas las construcciones argumentales en contra de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum parece faltar siempre una respuesta a los datos b¨¢sicos del problema, a saber: a) que la Constituci¨®n ha establecido el mecanismo del refer¨¦ndum consultivo precisamente para las "decisiones pol¨ªticas de especial trascendencia"; b) que todav¨ªa nadie ha puesto en duda que la decisi¨®n de permanecer o abandonar la Alianza Atl¨¢ntica reviste una especial trascendencia para Es1la?a; c) que la decisi¨®n de someter este asunto a refer¨¦ndum popular est¨¢ tomada y anunciada por el Gobierno desde 1982, sin que jam¨¢s se haya cuestionado su cumplimiento (otra cosa es que algunos, confundiendo sus deseos con la realidad, se hayan cre¨ªdo su propia propaganda contraria al refer¨¦ndum y ahora se sorprendan ante la confirmaci¨®n de que se va a hacer lo que siempre se dijo que se har¨ªa), y d) que la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles, al margen de su ubicaci¨®n ideol¨®gica o de su opini¨®n sobre la permanencia en la OTAN, desea ser consultada sobre esta cuesti¨®n.
El papel de Espa?a en el mundo
Con estos cuatro datos de la realidad deber¨ªa ser suficiente para que un Gobierno responsable considerara necesario consultar a los ciudadanos. Pero hay m¨¢s: Espa?a sale de un prolongado per¨ªodo de indefinici¨®n y vacilaciones en cuanto a su papel en el mundo. La ausencia de un marco de relaciones internacionales m¨¢s all¨¢ de la ret¨®rica ha supuesto hasta ahora una permanente r¨¦mora para nuestro desenvolvimiento como naci¨®n. El refer¨¦ndum es el mejor modo de resolver profundas escisiones, hasta ahora existentes en nuestra sociedad, sobre el papel, los intereses y la seguridad de Espa?a en el contexto internacional. Escisiones equivalentes, desde el punto de vista interno, quedaron resueltas en el proceso que culmin¨® con la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, con el establecimiento definitivo de un marco adecuado de convivencia entre espa?oles. No parece que tenga menor trascendencia obtener ahora el definitivo asentamiento internacional de Espa?a; esto es, completar las l¨ªneas, establecer las condiciones y defender los intereses de su posici¨®n en el mundo como naci¨®n democr¨¢tica y occidental.
El refer¨¦ndum permitir¨¢, mejor que cualquier otro procedimiento, hacer de esta cuesti¨®n, hasta ahora conflictiva e incierta, una cuesti¨®n en el futuro pac¨ªfica y segura. Que la legitimidad de una decisi¨®n pol¨ªtica est¨¢ en funci¨®n, antes que de su contenido, del procedimiento por el que tal decisi¨®n se adopta es algo que ya resulta un axioma para la filosof¨ªa pol¨ªtica m¨¢s actual. Este principio de la legitimidad por el procedimiento o, si se prefiere, de la aceptaci¨®n de la decisi¨®n pol¨ªtica en virtud de la forma en que se toma y en que recibe el apoyo popular es, en ¨²ltimo t¨¦rmino, lo que explica esa especial adecuaci¨®n, prevista por nuestra Constituci¨®n, del refer¨¦ndum para las cuestiones de especial trascendencia. Parece claro que la pol¨ªtica de paz y seguridad que Espa?a ha de establecer se ver¨¢ considerablemente fortalecida, incluso frente a nuestros interlocutores exteriores, por el hecho de haber sido directamente refrendada por el pueblo.
Paternalismo y soberan¨ªa popular
Se alude a veces a la especial naturaleza de tan delicada cuesti¨®n para justificar la inconveniencia de que sea sometida a consulta de los ciudadanos. Peligroso argumento. Tras ¨¦l subyace una concepci¨®n de la democracia y de la soberan¨ªa popular que, con suavidad, debe calificarse al menos de paternalista. Desde la perspectiva de profundizaci¨®n de la democracia, el refer¨¦ndum sobre la permanencia en la Alianza Atl¨¢ntica adquiere, a mi juicio, un valor a?adido: la demostraci¨®n pr¨¢ctica de que en Espa?a no hay cuestiones que puedan sustraerse a la soberan¨ªa del pueblo y que, por el contrario, queda siempre abierta la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en todas las materias que les afectan. Cuando la Constituci¨®n dice que "la soberan¨ªa reside en el pueblo" no establece a continuaci¨®n un cat¨¢logo de excepciones. La consideraci¨®n, que late debajo de ciertas posiciones, de que los temas relativos al marco de la seguridad de Espa?a o de su posici¨®n en el mundo han de ser coto privado de los profesionales de la pol¨ªtica o de la defensa choca con los principios constitucionales y con una concepci¨®n integral de la democracia pol¨ªtica, y ah¨ª s¨ª entramos ya en una aut¨¦ntica cuesti¨®n de principios sobre la que ser¨ªa bueno que se clarificaran las posturas.
El refer¨¦ndum, asunto del Gobierno
Por otra parte, ?qu¨¦ se quiere decir cuando se afirma que el refer¨¦ndum es un asunto del Gobierno? Naturalmente que lo es: el refer¨¦ndum consultivo, previsto en el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n, ha de tener por objeto, necesariamente, una decisi¨®n pol¨ªtica del Gobierno. El Gobierno es el ¨®rgano constitucional que ha de proponer y promover la consulta popular y es tambi¨¦n el ¨®rgano que compromete una decisi¨®n suya mediante dicha consulta. Las cosas no pueden ser, en t¨¦rminos constitucionales y legales, de otra forma.
L¨®gicamente, las decisiones consultadas no pueden ser cualesquiera que el Gobierno desee, sino solamente aquellas que tengan especial trascendencia. Para garantizar esto ¨²ltimo, precisamente, se establece que la celebraci¨®n de la consulta y los t¨¦rminos en que se produce sean algo que ha de autorizar el Congreso de los Diputados. Ambos elementos -naturaleza especial de las decisiones objeto de consulta y autorizaci¨®n del Congreso- son los que determinan que tales decisiones se configuren como verdaderas cuestiones de Estado, respecto a las que pueden y deben comprometerse, en uno u otro sentido, todas las fuerzas pol¨ªticas, y no s¨®lo las que apoyan al Gobierno.
Un razonamiento contrario nos conduce al absurdo: puesto que lo que se ha de someter a consulta es una decisi¨®n del Gobierno, puesto que el presidente del Gobierno es quien tiene la iniciativa para promover la consulta, siempre ser¨¢ posible arg¨¹ir que un refer¨¦ndum es "un asunto del Gobierno" y descomprometerse as¨ª del "sino.
Semejante c¨ªrculo vicioso s¨®lo podr¨ªa romperse mediante la exclusi¨®n de la posibilidad ni?sina del refer¨¦ndum, es decir, creando una situaci¨®n de reforma constitucional de hecho o de derecho. Y quien tal cosa pretenda debe decirlo as¨ª.
Lo que busca el Gobierno al consultar a los ciudadanos sobre su decisi¨®n de que Espa?a permanezca en la Alianza Atl¨¢ntica en ciertas condiciones no es, desde luego, incrementar el apoyo popular a su pol¨ªtica general. Entre otras cosas, porque, afortunadamente, no precisa este Gobierno para ello de semejantes medios. Nadie puede pensar seriamente que de lo que se trate sea de plebiscitar al Gobierno. Si ¨¦sa fuera la idea, a cualquiera se le pueden ocurrir muchos temas en los que este Gobierno podr¨ªa buscar un plebiscito en condiciones de mayor comodidad.
Es precisamente la postura de boicoteo al refer¨¦ndum por parte de ciertos partidos lo que determina un incremento de la responsabilidad y, por tanto, del protagonismo del Gobierno. Esa actitud ser¨ªa, en todo caso, la que podr¨ªa conducir a una situaci¨®n plebiscitaria no buscada por el Gobierno, sino provocada por quienes se niegan a hacer frente a su responsabilidad ante el electorado.
Los enemigos de la consulta a los ciudadanos
El oportunismo latente en la postura de quien dice propugnar el boicoteo, su endeble base te¨®rica, se evidencia en cualquier caso recordando las posiciones defendidas por AP al debatirse en las Cortes lo que hoy es el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n. Tronaba entonces el se?or Fraga Iribarne en defensa de la democracia directa con palabras como ¨¦stas: "Partidario como soy de la democracia representativa, y respaldando como respaldo la inclusi¨®n de los partidos pol¨ªticos en el t¨ªtulo preliminar de la Constituci¨®n, es una compensaci¨®n necesaria, de ra¨ªz profundamente populista y de ra¨ªz profundamente democr¨¢tica, el que haya determinadas atribuciones otorgadas al pueblo como tal a trav¨¦s de las instituciones de la y a indicada iniciativa legislativa popular y del refer¨¦ndum en un sentido amplio". Se quejaba amargamente el propio se?or Fraga cuando, por una enmienda (justamente del partido comunista), el refer¨¦ndum pas¨® de ser decisorio a considerarse consultivo, y citaba ejemplos:
"La entrada en las Comunidades Europeas o la eventual retira-
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Sobre el refer¨¦ndum
Viene de la p¨¢gina 13 da de las mismas, o tal vez el tema tan pol¨¦mico como la entrada en una organizaci¨®n internacional de defensa, pudieran y debieran ser sometidas a refer¨¦ndum". Y conclu¨ªa su alegato -mediante el que, no sin cierta coherencia ideol¨®gica personal, pretend¨ªa combatir lo que ¨¦l llamaba "los riesgos de la partitocracia"- con una en¨¦rgica afirmaci¨®n de identidad pol¨ªtica: "Pertenezco a un partido populista que no acepta el desprecio a la plebe que implica el desprecio de los plebiscitos" (Diario de Sesiones, 6 de junio y 13 de julio de 1978).
En todo caso, y teniendo en cuenta que, aun despu¨¦s de haberse hecho p¨²blica la intenci¨®n de los se?ores Fraga Iribarne, Alzaga y Segurado de boicotear el refer¨¦ndum, casi el 70% de la poblaci¨®n se manifiesta a favor de que ¨¦ste se celebre, cabe dudar de la rentabilidad electoral de una actitud que m¨¢s parece una trampa de elefantes que alguien le ha tendido a alguien, y no precisamente al Gobierno.
El refer¨¦ndum, pues, es conveniente para Espa?a porque otorga una especial legitimidad a la pol¨ªtica de paz y seguridad. Es democr¨¢tico porque hace a los ciudadanos responsables y les permite intervenir en una materia que afecta a todos. Es respetuoso con la voluntad de los espa?oles, que desean en su gran mayor¨ªa ser consultados sobre esta cuesti¨®n. Es constitucional porque se ajusta estrictamente a lo previsto en el art¨ªculo 92 de nuestro texto b¨¢sico; y es coherente con el compromiso electoral de los socialistas, reiterado en el programa de investidura del presidente del Gobierno y mantenido hasta hoy.
Adem¨¢s, no hemos de tener miedo a la expresi¨®n de la voluntad popular: ?qu¨¦ hace pensar a algunos que los espa?oles, que desde el final de la dictadura han sabido acertar en el rumbo m¨¢s conveniente para sus destinos, van en esta ocasi¨®n a ir contra sus propios intereses? ?D¨®nde est¨¢n las reiteradas alusiones a "la demostrada madurez del pueblo espa?ol"? M¨¢s discutible ser¨ªa la madurez de algunos pol¨ªticos, que, estando convencidos de la conveniencia de una decisi¨®n, orillan el inter¨¦s nacional en funci¨®n de un muy dudoso ejercicio de quiromancia electoral cuyo principal defecto es que empieza por no convencer a aquellos a quienes se dirige. Como no pod¨ªa ser menos trat¨¢ndose de un guiso procedente de las cocinas democristianas.
No hay mejor forma, por tanto, de explicar el alcance y el contenido del refer¨¦ndum que con el texto de la Constituci¨®n en la mano. Se trata, en efecto, de someter a refer¨¦ndum consultivo de todos los ciudadanos una decisi¨®n pol¨ªtica de especial trascendencia. Tiene que haber, pues, una decisi¨®n pol¨ªtica, y tal decisi¨®n ha de tomarla el Gobierno. No se consulta a los ciudadanos sobre la paz y la guerra (s¨®lo habr¨ªa un resultado: ciento por ciento a favor de la paz), ni sobre la situaci¨®n geoestrat¨¦gica del mundo, ni siquiera sobre los bloques militares; hasta ser¨ªa un error pensar que se trata de opinar sobre la OTAN como tal. No son ¨¦sas cuestiones que se solventen mediante un refer¨¦ndum. Se trata de determinar si una decisi¨®n concreta del Gobierno es o no considerada conveniente, en un momento hist¨®rico determinado, por los ciudadanos.
En este caso, la decisi¨®n se refiere a la permanencia de Espa?a en la Alianza Atl¨¢ntica con ciertas condiciones. Tiene, sin duda, especial trascendencia y, aceptando esa valoraci¨®n (que nadie ha discutido hasta ahora), ha de aceptarse que el Gobierno pueda y deba someterla a consulta de los ciudadanos. No es razonable decir que el refer¨¦ndum ten¨ªa sentido si era para salir (es decir, en el supuesto de que la voluntad del Gobierno hubiera sido abandonar la Alianza), pero no lo tiene si es para permanecer. Eso puede afectar a la opini¨®n que merezca la postura del Gobierno o incluso al sentido del voto, pero no al hecho mismo de la consulta, que se justifica por la importancia de la cuesti¨®n.
El refer¨¦ndum, en consecuencia, no es que pueda ser m¨¢s o menos claro; es que la propia Constituci¨®n lo hace claro. El Gobierno, adoptada una decisi¨®n pol¨ªtica sobre la permanencia en la Alianza Atl¨¢ntica, la considera de especial trascendencia y pide autorizaci¨®n al Congreso de los Diputados para someterla a refer¨¦ndum. A los ciudadanos corresponde decir s¨ª o no a esa decisi¨®n. ?Qu¨¦ ocurre despu¨¦s? Si la mayor¨ªa ha dicho s¨ª, l¨®gicamente el Gobierno lleva adelante su decisi¨®n. Si, por el contrario, la mayor¨ªa de los votantes considera que la decisi¨®n del Gobierno no es la m¨¢s adecuada para los intereses nacionales, ¨¦ste, por l¨®gica democr¨¢tica, no debe aplicar tal decisi¨®n.
En esta situaci¨®n cabe ya predecir que en el futuro los libros de historia recoger¨¢n el a?o 1986 como aquel en que los espa?oles, adem¨¢s de incorporarse a las instituciones de la Europa democr¨¢tica superando un aislamiento de siglos al que les hab¨ªan condenado, entre otros, los malos gobernantes, pudieron determinar su papel en el mundo y su participaci¨®n en un sistema de seguridad colectiva por el procedimiento m¨¢s democr¨¢tico que se conoce: el sufragio universal. Y parece que no ser¨¢n precisamente los que hoy, por mezquindad o por miop¨ªa, regatean su contribuci¨®n al inter¨¦s de todos quienes ocupen el mejor lugar en esa historia. es vicepresidente del Gobierno.
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