La clase religiosa en Italia

Una circular del Ministerio de Instrucci¨®n P¨²blica con la que su titular, la democristiana Franca Falcucci, trataba de llevar a la pr¨¢ctica el acuerdo firmado con el cardenal Poletti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha polarizado el debate p¨²blico en la Prensa y en el Parlamento la semana pasada.La guerra religiosa aflora en Italia como en Espa?a en cuanto se avivan los rescoldos de la confesionalidad y la laicidad del Estado. El filo de la navaja amenaza a ese doble intento de que las dos poderosas instituciones de la Iglesia y el Estado colaboren en campos comunes sin que pierda cada una su propia entidad y libertad.

La cuesti¨®n planteada ahora, como consecuencia de la reforma del Concordato (1929), firmado hace casi dos a?os, el 18 de febrero de 1984, ha sido la clase de religi¨®n cat¨®lica en la escuela p¨²blica. Despu¨¦s de largas conversaciones entre el Ministerio y los obispos, Falcucci y Poletti estamparon su firma en un documento el pasado 14 de diciembre.

Las fuerzas laicas de la Prensa y del Parlamento, incluidos los partidos socialista, liberal y republicano del pentapartito gobernante, plantearon la doble cuesti¨®n del procedimiento seguido y el de los contenidos concretos de dicha circular. Los m¨¢s radicales descalificaban a la ministra. El secretario de la DC telegrafi¨® desde Managua amenazando con una crisis de Gobierno. Las palabras del presidente de la CEI, Ugo Poletti, no fueron menos acusadoras: "Estamos asistiendo en Italia a la resurrecci¨®n de un anticlericalismo que intenta justificar legalmente aut¨¦nticos atentados contra la libertad". El cardenal de Mil¨¢n, en t¨¦rminos m¨¢s moderados, con una carta al Corriere della Sera, habl¨® de "empalizadas verdaderamente anacr¨®nicas".

Por su proximidad a nuestra situaci¨®n espa?ola, interesa analizar el conflicto de fronteras entre la laicidad del Estado y la presencia institucional de la Iglesia en pa¨ªses tradicionalmente confesionales. El nuevo Concordato italiano compromete a las dos partes a "colaborar rec¨ªprocamente por la promoci¨®n del hombre y el bien del pa¨ªs" (art¨ªculo 1). Y en el art¨ªculo 9, p¨¢rrafo 2?, se dice que "la Rep¨²blica italiana, reconociendo el valor de la cultura religiosa y teniendo en cuenta que los principios del catolicismo forman parte del patrimonio hist¨®rico del pueblo italiano, continuar¨¢ asegurando, en el marco de la finalidad de la escuela, la ense?anza de la religi¨®n cat¨®lica en la escuela p¨²blica no universitaria de cualquier orden y nivel.

Por respeto a la libertad de conciencia y a la responsabilidad educativa de los padres, se garantiza a cada uno el derecho a decidir si se ha de servir o no de dicha ense?anza. En el acto de la inscripci¨®n los estudiantes o sus padres ejercer¨¢n dicho derecho, a petici¨®n de la autoridad escolar, sin que dicha decisi¨®n pueda dar lugar a ninguna forma de discriminaci¨®n".

Se trata, pues, de una oferta com¨²n de la Iglesia y del Estado que puede ser utilizada libremente. Se legitima con el juicio positivo, aunque gen¨¦rico, que hace el Estado de la cultura religiosa y por el hecho hist¨®rico espec¨ªfico de que el catolicismo forma parte del acervo com¨²n del pueblo italiano.

La Constituci¨®n espa?ola y los acuerdos firmados con la Santa Sede son m¨¢s expl¨ªcitos. No se invoca el hecho cultural, sino "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones" (art¨ªculo 27.3). En el acuerdo parcial con la Santa Sede sobre ense?anza y asuntos culturales, en su art¨ªculo 12 se invoca el principio de la libertad religiosa y el derecho fundamental de los padres sobre la educaci¨®n moral y religiosa de sus hijos en el ¨¢mbito escolar.

Un servicio

El Estado italiano ofrece un servicio de mera instrucci¨®n; el espa?ol se compromete con la formaci¨®n moral y religiosa, reconocida como un derecho de los padres. El acuerdo espa?ol dice, adem¨¢s, que la ense?anza de la religi¨®n debe figurar en los planes educativos "en condiciones equiparables a las dem¨¢s disciplinas fundamentales". El acuerdo italiano se mueve en m¨¢rgenes m¨¢s amplios, no s¨®lo por los objetivos meramente instructivos que afectan a los contenidos, sino porque no llega a especificarse la categor¨ªa de dicha disciplina dentro del programa escolar.

Uno y otro acuerdo coinciden, sin embargo, en la voluntad de evitar cualquier discriminaci¨®n. Surge, pues, en la pr¨¢ctica la cuesti¨®n del horario, la de la alternativa para el alumno durante ese espacio escolar, y la del procedimiento concreto de la elecci¨®n y del sujeto de esa elecci¨®n. Estos cuatro puntos son los que han centrado el debate en el hemiciclo de Montecitorio. Como se sabe, el nuevo Concordato italiano fue ampliamente ratificado por el Parlamento.

El presidente Craxi super¨® la tormenta de las mociones contrarias, convirtiendo en cuesti¨®n de confianza un documento votado nominalmente por el que se reformaban algunos puntos de la circular Falcucci: concretamente, se retrasa del 25 de enero al 7 de julio la aplicaci¨®n del acuerdo, se propone la primera o la ¨²ltima hora de clase para la religi¨®n, aunque esto va a complicar el n¨²mero de profesores de religi¨®n y se rebaja a los 14 a?os, es decir, a lo que aqu¨ª llamar¨ªamos BUP, la posibilidad de que sea el propio alumno quien decida sobre la participaci¨®n en la hora de religi¨®n.

Alguna confesi¨®n protestante, como la Valdense, se ha manifestado en favor de la utilizaci¨®n de un servicio parecido, pero pagando ellas mismas a los profesores. El proceso de desconfesionalizaci¨®n del Estado no se encarrila hacia la ignorancia del hecho religioso.

Las confesiones son centros de irradiaci¨®n de valores ¨¦ticos y c¨ªvicos, cuya prestaci¨®n de servicios a la sociedad, realizada en un r¨¦gimen de exquisito respeto a la libertad religiosa creyente o no creyente, puede ser valorada como necesaria y positiva, siempre que se logre la paridad de opciones en un sistema aut¨¦nticamente laico, neutral, por tanto, ante todas las creencias y colaborador con todas aquellas que promueven el orden constitucional y el civismo de todos los ciudadanos.