Polic¨ªa vasca
EL ACUERDO entre el Gobierno del Estado y el Gobierno del Pa¨ªs Vasco para modificar -mediante una enmienda transaccional que ser¨¢ aprobada en el Senado- el proyecto de ley Org¨¢nica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no s¨®lo garantiza la supervivencia del pacto de legislatura suscrito por nacionalistas vascos y socialistas sino que rectifica uno de los puntos mas criticables de ese texto. Sin embargo, el proyecto de ley de polic¨ªa seguir¨¢ conservando, a menos que los senadores socialistas -mayoritarios en la C¨¢mara Alta- decidieran rectificarlos, otros graves defectos.No se trata s¨®lo del papel predominante concedido a la Guardia Civil, que mantiene su caracter militar y su doble dependencia del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y que incorpora adem¨¢s a sus competencias los servicios de vigilancia mar¨ªtima. El proyecto Barrionuevo ofrece serios motivos para la cr¨ªtica: desde la insuficiente regulaci¨®n de la polic¨ªa judicial hasta la imprecisa articulaci¨®n de la dependencia de los diversos cuerpos de seguridad respecto a la autoridad civil, pasando por las implicaciones de la equ¨ªvoca denominaci¨®n dada al cuerpo nacional de polic¨ªa (definida como instituto armado de naturaleza civil) y por la regulaci¨®n de las polic¨ªas municipales.
La negociaci¨®n entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Vitoria ha logrado, al menos, que la normativa sobre la polic¨ªa aut¨®noma del Pa¨ªs Vasco -la ertzantza- quede sustancialmente alterada. Una disposici¨®n final del primitivo proyecto de ley daba un sombrerazo cort¨¦s a la regulaci¨®n estatutaria de las polic¨ªas auton¨®mas para establecer, a rengl¨®n seguido, que ser¨ªan de aplicaci¨®n directa una serie de art¨ªculos que seg¨²n el Gobierno vasco vaciaban en la pr¨¢ctica las competencias policiales concedidas por el Estatuto de Guernica a las instituciones de autogobierno.
La cla¨²sula de salvaguarda ahora negociada limita el alcance de las atribuciones que se reservaba el Ministerio del Interior. Aunque el acuerdo s¨®lo ser¨¢ firme cuando el Senado apruebe la enmienda, los negociadores adelantan que la nueva disposici¨®n final de la Ley respetar¨¢ expl¨ªcitamente las competencias definidas por el art¨ªculo 17 del Estatuto de Guernica, limitar¨¢ la aplicaci¨®n directa de la norma sobre las polic¨ªas aut¨®nomas a los .principios de caracter general de su texto y ratificar¨¢ el papel de la Junta de Seguridad definida por el Estatuto de Guernica -formada por igual n¨²mero de representantes del Estado y de la Comunidad Aut¨®noma- como ¨®rgano de coordinaci¨®n entre la eztzantza y la polic¨ªa estatal.
El Estatuto de Guernica encomienda a la polic¨ªa vasca "la protecci¨®n de las personas y bienes y el mantenimiento del orden p¨²blico dentro del territorio aut¨®nomo", reservando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "los servicios policiales de caracter extracomnunitario y supracomunitario". Hasta el presente, un doble movimiento de desconfianza, nacido de la desdichada experiencia hist¨®rica de los recientes a?os, ha impedido llevar hasta sus ¨²ltimas consecuencias ese planteamiento y realizar una interpretaci¨®n un¨¢nime del significado de los t¨¦rminos extracom unitario y supracomunitario. Mientras el Ministerio del Interior desconf¨ªa de la voluntad o de la eficacia de la polic¨ªa aut¨®noma para luchar contra el terrorismo (sin que falten incluso altos funcionarios que recelen de una eventual infiltraci¨®n de ETA en las filas de la eztzantza), el Gobierno de Vitoria se?ala que la falta de apoyos sociales a los cuerpos estatales -especialmente a la Guardia Civil- dificulta las colaboraciones institucionales a su tarea. Esas dos l¨ªneas de desconfianza s¨®lo podr¨¢n llegar a desparecer cuando la erradicaci¨®n del terrorismo y la plena adaptaci¨®n de los cuerpos policiales a los principios democr¨¢ticos y constitucionales permitan una plena aplicaci¨®n del art¨ªculo 17 del estatuto de Guernica.
El final de la negociaci¨®n sobre el proyecto de ley de la polic¨ªa coincide con el primer aniversario de la designaci¨®n de Jos¨¦ Antonio Ardanza como lendakari del Pa¨ªs Vasco. Durante esos doce meses, las dudas sobre la idoneidad del nuevo presidente del Gobierno de Vitoria, que sustituy¨® en su cargo a Carlos Garaicoetxea (dimitido o cesado a consecuencia de conflictos internos del PNV todav¨ªa no suficientemente aclarados), se han difuminado notablmente. El lendakari Ardanza inaugur¨® su mandato en medio de una profunda crisis de la familia nacionalista y de una situaci¨®n pol¨ªtica crispada. La irregular defenestraci¨®n de Carlos Garaicoetxea hab¨ªa escindido al PNV en dos tendencias. El empate de fuerzas dentro del parlamento vasco produc¨ªa el bloqueo de los trabajos legislativos y parlamentarios. La ausencia de entendimiento con el Gobierno socialista hab¨ªa interrumpido las transferencias de la Administraci¨®n Central a la Comunidad Aut¨®noma. La discusi¨®n sobre la interpretaci¨®n de la Ley de Territorios Hist¨®ricos enfrentaba a las tres diputaciones forales con el Gobierno de Vitoria.
Aun sin capacidad para influir decisivamente sobre las pugnas internas del PNV, Jos¨¦ Antonio Ardanza ha logrado, al menos, ¨¦xitos considerables en los dem¨¢s ¨¢mbitos conflictivos. El pacto de legislatura con los socialistas ha desbloqueado las actividades del parlamento vasco. Las transferencias han sido reanudadas. El Gobierno de Vitoria ha alcanzado acuerdos satisfactorios con las diputaciones de Guip¨²zcoa, Vizcaya y Alava. Y el di¨¢logo con el Gobierno socialista, aunque no haya desembocado siempre en conclusiones positivas, ha dado una salida negociada a dos cuestiones que afectan a la autonom¨ªa vasca: la incidencia de la aplicaci¨®n del Impuesto del Valor A?adido, que se relaciona con el concierto econ¨®mico, y el proyecto de ley org¨¢nica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que afecta a la polic¨ªa aut¨®noma.
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