La participaci¨®n de los sindicatos
UN RECIENTE acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Uni¨®n General de Trabajadores permitir¨¢ a los representantes de esa central sindical participar en los consejos de administraci¨®n de las empresas p¨²blicas. La idea no es nueva; en otras sociedades de capitalismo avanzado, como Estados Unidos o la Rep¨²blica Federal de Alemania, se han ensayado procedimientos de este g¨¦nero incluso en las compa?¨ªas privadas. Lee Iacocca, el presidente de la Chrysler Corporation, cuenta c¨®mo integr¨® a alg¨²n sindicalista en el consejo de la transnacional del autom¨®vil sin que crujiesen los esquemas de funcionamiento de la empresa. Por lo dem¨¢s, la letra de este tipo de acuerdos puede resultar f¨¢cilmente burlada cuando no exista voluntad suficiente para aplicarlos. Experiencias similares han sido boicoteadas en la pr¨¢ctica mediante el truco de doblar los consejos de administraci¨®n oficiales con otros restringidos e informales, donde se adoptan en paralelo las verdaderas decisiones en ausencia de los consejeros -sindicalistas o no- molestos.El acuerdo ilustra algunas actitudes del Gobierno hacia el movimiento sindical. Para justificar la anomal¨ªa de que la participaci¨®n en las empresas p¨²blicas haya sido negociada exclusivamente con la central socialista, el poder ejecutivo argumenta que esa medida no hace sino desarrollar el Acuerdo Econ¨®mico y Social (AES), suscrito con UGT. Aunque ese dato sea cierto, tambi¨¦n es verdad que decisiones como la participaci¨®n en la gesti¨®n de las empresas p¨²blicas -o la reforma de la Seguridad Social- deber¨ªan exigir el consenso m¨¢s amplio posible de las organizaciones sindicales.
Es posible que Comisiones Obreras no advirtiera en su d¨ªa todas las consecuencias negativas implicadas en su decisi¨®n de no firmar el AES. Desde entonces, las relaciones entre el Gobierno y el sindicato comunista no han guardado siquiera las formas elementales de la cortes¨ªa. Uno de los peores efectos de ese distanciamiento hostil es que el poder ejecutivo haya ignorado sistem¨¢ticamente a un sindicato que ostenta la representaci¨®n de cientos de miles de trabajadores. No deja de ser significativo que, ante las ocupaciones de locales del patrimonio sindical realizadas por CC OO, la reacci¨®n del Ministerio de Trabajo sea apelar al ministerio fiscal. Si el Gobierno hubiera agilizado la devoluci¨®n del patrimonio sindical, las centrales -ahogadas por su situaci¨®n financiera- tal vez no hubieran elegido la criticable v¨ªa de la ocupaci¨®n. A pesar de esa quiebra financiera -artificialmente inducida en buena parte- de los sindicatos, el Gobierno amenaza con retenerles la subvenci¨®n estatal para cobrar as¨ª las deudas que las organizaciones obreras mantienen con la Seguridad Social. Esa medida que, dicho sea de paso, nunca se ha pensado aplicar a los partidos pol¨ªticos, afectar¨ªa con especial dureza a CC OO, la central que tiene mayor endeudan¨²ento con la Seguridad Social. De todas maneras, el hecho invita a reflexionar sobre las denuncias de impago dirigidas contra ciertas empresas por unos sindicatos que tampoco cumplen sus obligaciones legales.
El acuerdo sobre la participaci¨®n en los consejos de las empresas no puede ser abstra¨ªdo de la pol¨ªtica global del Gobierno respecto a las centrales obreras y de la situaci¨®n que ocupan los sindicatos dentro de nuestro sistema de relaciones industriales. No se trata s¨®lo de que la negociaci¨®n de los convenios colectivos contin¨²a siendo la tarea b¨¢sica de las centrales. Adem¨¢s, la fijaci¨®n de la cuant¨ªa de los salarios sigue recabando tambi¨¦n la atenci¨®n primordial -cuando no ¨²nica- de las partes implicadas en esos acuerdos. La especializaci¨®n de los sindicatos en esos objetivos -importantes, pero no necesariamente excluyentes de otras preocupaciones- explica el subalterno papel desempe?ado por las organizaciones de trabajadores en nuestra sociedad.
Las relaciones industriales en Espa?a se hallan todav¨ªa reguladas en gran parte por un conjunto de ordenanzas sectoriales heredadas del anterior r¨¦gimen. Hasta ahora los sindicatos -cuyos bajos ¨ªndices de afiliaci¨®n constituyen un s¨ªntoma de su d¨¦bil arraigo- no han sido capaces todav¨ªa de cambiar esta situaci¨®n, tal vez porque ello implicar¨ªa poner en tela de juicio algunas ventajas otorgadas por el paternalismo de aquel r¨¦gimen. El precio de ello ha sido elevado, puesto que las funciones de los sindicatos en Espa?a casi han quedado confinadas al asesoramiento legal de los trabajadores y a la negociaci¨®n de los salarios en los convenios. Temas de gran importancia para la vida cotidiana y para el futuro de los trabajadores (como el impacto de las nuevas tecnolog¨ªas sobre el empleo) no han sido abordadas hasta ahora con el rigor que ser¨ªa necesario. Eso explica que en un pa¨ªs con tres millones de parados, a pesar de que la pol¨ªtica global de los sindicatos es contraria al pluriempleo y las horas extraordinarias, sean muy pocos los convenios que recogen medidas en este sentido y menos, los que, a pesar de lo firmado, las pongan en pr¨¢ctica.
Los malos empresarios -privados o p¨²blicos- se felicitan por el declinar de la militancia y el debilitamiento de las organizaciones obreras, deslumbrados por las ventajas a corto plazo de ese fen¨®meno para la gesti¨®n cotidiana de la econom¨ªa. Pero una sociedad moderna necesita una participaci¨®n efectiva de los ciudadanos, y los sindicatos son -deber¨ªan ser- uno de los cauces fundamentales para ello. El anuncio de que el 34 Congreso de UGT se propone someter a discusi¨®n cuestiones altamente pol¨¦micas (ya sea la disminuci¨®n salarial para compensar la reducci¨®n de la jornada laboral siempre que se traduzca en mayor empleo, f¨®rmulas de gesti¨®n frente a las propuestas empresariales de flexibilidad del mercado de trabajo o el dise?o de una pol¨ªtica global de rentas) podr¨ªa ser el inicio de ese nuevo camino. Junto a ello ser¨ªa tambi¨¦n necesario que el Gobierno mostrara una disposici¨®n m¨¢s positiva en la relaci¨®n con los sindicatos y sus problemas. La din¨¢mica que, en el conjunto de los factores, genera el fortalecimiento sindical parece imprescindible para lograr un marco social m¨¢s arm¨®nico y justo.
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