Denuncia contra el Gobierno regional por los retrasos en las subvenciones para menores tutelados

Enrique Mart¨ªnez Reguera, psic¨®logo, miembro del Colectivo Promesa, entidad privada sin fines de lucro dedicada a la atenci¨®n de menores dif¨ªciles o con problemas familiares, ha presentado una denuncia cada d¨ªa, desde el mi¨¦rcoles de la semana pasada, contra el director general de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, Joaqu¨ªn Guill¨¦n, a quien responsabiliza del retraso en el pago de la subvenci¨®n para la subsistencia de los menores. Mart¨ªnez Reguera denuncia el deterioro que ha sufrido la asistencia a los menores en toda Espa?a.

Enrique Mart¨ªnez Reguera reconoci¨® que las denuncias presentadas son, fundamentalmente una forma de sacar a la luz p¨²blica la deteriorada situaci¨®n creada en torno a los menores que, en su opini¨®n, se encuentran hoy m¨¢s desprotegidos que nunca, "precisamente ahora, bajo un Gobierno socialista", seg¨²n un escrito enviado a Joaqu¨ªn Leguina el 3 de febrero.En Madrid, y en toda Espa?a existen una serie de entidades privadas sin ¨¢nimo de lucro, como el colectivo Promesa o Mensajeros de la Paz, que colaboran con la Administraci¨®n en la atenci¨®n de menores con problemas familiares y que a menudo est¨¢n considerados como peligrosos. La primera de las situaciones que se denuncia es precisamente la discriminaci¨®n de las subvenciones: mientras los menores atendidos directamente por la Administraci¨®n en centros de internado reciben una asignaci¨®n de entre 4.000 y 5.000 pesetas diarias, m¨¢s cantidades fijas trimestrales para ropa y otras necesidades, los acogidos a la tutela de estas entidades o de personas privadas, como es el caso del sacerdote Enrique de Castro, reciben 600 pesetas diarias, "cantidad tan insuficiente que no hace falta ni comentarla", dice Mart¨ªnez Reguera.

Las asignaciones, seg¨²n las fuentes citadas, se han cobrado siempre con retraso, pero la situaci¨®n se ha agudizado en Madrid en los ¨²ltimos meses, desde que las competencias en este campo fueron transferidas a la Comunidad. "No hemos recibido ninguna cantidad desde septiembre", dice Mart¨ªnez Reguera.

Enrique de Castro y Enrique Mart¨ªnez Reguera hicieron hincapi¨¦ en que esta desatenci¨®n es s¨®lo un s¨ªntoma m¨¢s de la degradaci¨®n de la asistencia al menor que se viene produciendo en Espa?a. La Administraci¨®n, seg¨²n afirmaron, ha emprendido una pol¨ªtica presuntamente progresista pero que se revela como antisocial para los menores con problemas. "La pol¨ªtica actual de sacar a los menores de los internados-guetos nos parece muy positiva, siempre que se les ofrezca una alternativa beneficiosa. Los menores deben estar en primer lugar con sus familias, luego en una casa-hogar y s¨®lo en ¨²ltimo extremo en un internado. Pero nos encontramos con que las asignaciones llegan tarde y son insuficientes, y no se han puesto los medios para supervisar los cuidados que estos menores reciben en sus casas. Conocemos casos de familias que se gastan la asignaci¨®n en sus vicios particulares, mientras los supuestos menores protegidos est¨¢n en la calle, a su aire".

Para los denunciantes de esta situaci¨®n, lo que la Administraci¨®n ha hecho realmente es quitarse el problema de encima. Se echa a los chicos a la calle y a los declarados peligrosos se les encierra en los internados. La nueva ley del menor, ya redactada pero a¨²n no vigente, establece incluso penas de prisi¨®n para menores de 15 a?os y es, en opini¨®n de los citados, la pieza que culmina la nueva pol¨ªtica represiva adoptada por el Estado.

500 protegidos

Tan s¨®lo en Madrid, existen 500 menores adscritos a la tutela de 19 entidades privadas altruistas, seg¨²n datos de la Direcci¨®n General de Bienestar Social. Su titular, Joaqu¨ªn Guill¨¦n, reconoci¨® la existencia de dificultades, pero neg¨® que ese hecho pudiera interpretarse como un desinter¨¦s de la Administraci¨®n por el menor: "Las dificultades han surgido porque la direcci¨®n general, al hacerse cargo de las nuevas competencias, tuvo que revisar primero los casos a nuestro cargo, para conocer la situaci¨®n real de cada uno. Los retrasos se han producido siempre, por la propia tramitaci¨®n de los pagos, que ahora se hacen a mes vencido y deben ser comprobados y enviados a intervenci¨®n para que se autoricen. A partir de marzo haremos lo contrario, pagar la asignaci¨®n a principios de mes, y luego cotejar los gastos al final"."Atendemos las denuncias que se nos presentan", a?adi¨® Guill¨¦n, "y hacemos lo posible por seguir todos los casos. La Comunidad ha destinado este a?o 480 millones a la atenci¨®n de colectivos marginados".

La Direcci¨®n General de Bienestar Social emiti¨® ayer una nota oficial en la que se?ala que el Colectivo Promesa "se mostr¨® reticente al control" que el servicio regional establece para tener una relaci¨®n actualizada de los menores. La demora en los pagos se debe a "los l¨®gicos tr¨¢mites administrativos", seg¨²n la misma nota, que niega que se haya producido una retenci¨®n de fondos p¨²blicos.