Privilegios y violencia

LA PROTESTA violenta de los aspirantes a ingenieros superiores ha vuelto a poner de manifiesto que el derecho a la pedrada o a la barricada de fuego en esta sociedad de libertades no es patrimonio exclusivo de los llamados radicales. Centenares de estudiantes de escuelas superiores, centros que se han distinguido siempre -y desde luego en los a?os dif¨ªciles de la lucha contra la dictadura- por su falta de conflictividad, se movilizan ahora ante el temor de que sus futuros t¨ªtulos queden devaluados en la competencia del mercado de trabajo frente a los ingenieros t¨¦cnicos. La devaluaci¨®n acad¨¦mica que temen y contra la que airadamente protestan no tiene su origen en su descontento por una falta escandalosa de medios en las aulas, en unos planes de estudios obsoletos o con un profesorado vitalicio que no siempre evoluciona en sus conocimientos al ritmo del avance de las ciencias. Sus temores vienen de que el Estado conceda a los antiguos peritos competencias que antes ten¨ªan ellos en exclusiva. La radicalizaci¨®n responde, pues, a la defensa de unos intereses de gremio, en este caso potenciales, puesto que los protagonistas son estudiantes y no profesionales. Extra?a que estos ¨²ltimos no se encuentren en la protesta, o quiz¨¢ m¨¢s bien se encuentran, como profesionales y profesores que son a la vez muchos de ellos, empujando a sus alumnos al riesgo callejero de la algarada y defendiendo as¨ª sus privilegios.El Ministerio de Educaci¨®n, que debe velar por los planes de estudio, la calidad de la ense?anza y las titulaciones, nada ha tenido que ver con este proyecto de ley que regula las atribuciones profesionales. El ministro Maravall ha marcado distancias entre la iniciativa legislativa del grupo parlamentario y la del Gobierno, recordando que esta conflictiva proposici¨®n de ley no parti¨® del Ejecutivo, sino del Grupo parlamentario Socialista, y ha recordado de paso que se trata de una proposici¨®n que viene estudi¨¢ndose desde hace dos a?os y que cont¨® desde el principio con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Parece evidente que el Grupo Socialista no consult¨® la opini¨®n de Maravall y tampoco tuvo en cuenta el actual proceso de reforma de los planes de estudio de las carreras universitarias que est¨¢ siendo impulsado por el Consejo de Universidades. Pese a todo ello, el conflicto ha quedado reducido a una lucha entre los estudiantes de ingenier¨ªa -y en menor medida de arquitectura- y el Departamento de Educaci¨®n y Ciencia.

En tal conflicto es sorprendente que una ley que algunos han bautizado como ley Guadiana por su larga historia de apariciones y desapariciones haya salido una vez m¨¢s a la luz en un momento pol¨ªtico particularmente tenso. Aunque el enemigo a batir es la ley de atribuciones, a estas alturas ya casi nadie se acuerda de que fueron los colegios profesionales los que iniciaron la protesta. Todo parece haber quedado reducido al clamor de los estudiantes por una adecuaci¨®n entre los planes de estudio, el t¨ªtulo que alcanzar¨¢n y las atribuciones profesionales consecuentes, mientras poderosas corporaciones se limitan a comprender paternalmente la indignaci¨®n de los j¨®venes estudiantes.

Es lugar com¨²n de encuentro entre la izquierda y la derecha el t¨®pico de que la modernizaci¨®n de la sociedad pasa por reducir el papel del Estado en favor de un mayor protagonismo de la sociedad civil. Las voces que constantemente claman contra ese intervencionismo del Estado exigen libertad de contrataci¨®n y despido y libre juego de los factores econ¨®micos. Muestran ahora su a?oranza por el corporativismo protegido desde el poder. Ayer los m¨¦dicos, hoy los ingenieros y arquitectos, ma?ana los periodistas, los notarios o los registradores de la propiedad. No es infrecuente que los que en ocasiones se hacen pasar por liberal-conservadores, y aun por progresistas, s¨®lo quieran conservar privilegios y tiendan a asociar la idea de libertad con la de recibir amparos legales para tapar su eventual falta de esfuerzo o de competencia. El ordenamiento social debe tender, sin embargo, a que se vaya creando una coincidencia entre la cualificaci¨®n real y la cualificaci¨®n legal en el trabajo que se realiza. Que por la virtud de poseer una titulaci¨®n acad¨¦mica se pueda disfrutar de recompensas econ¨®micas no provenientes del propio trabajo hace recordar los viejos modos de la producci¨®n asi¨¢tica y esas anacr¨®nicas figuras de nuestra sociedad que tras haber ganado una oposici¨®n pueden vivir opulentamente con el solo esfuerzo de colgar su diploma en el despacho. El ejemplo, en el actual conflicto, de algunos arquitectos o ingenieros que han medrado como par¨¢sitos de la labor que realizaban los de grado inferior es una indignidad de la que deber¨ªan abominar todos aquellos que pretendieran honrar el nombre de la profesi¨®n que representan. No desconocemos y valoramos la existencia de buenos y admirables arquitectos e ingenieros espa?oles. Pero cuando uno contempla la destrucci¨®n del medio ambiente, la especulaci¨®n criminal de nuestro suelo firmada por arquitectos proyectistas, el trazado de nuestras carreteras y autopistas, no puede dejar de preguntarse sobre cu¨¢l ser¨¢ esa ciencia infusa y vedada a los dem¨¢s que en las escuelas superiores se ha ense?ado a esta otrora elite social que le permite hoy d¨ªa protestar por la llegada de los intrusos. Por cada Fisa?, Moneo, Bofill. o Manrique -estos dos, necesitados de que alguien firme los proyectos por ellos- podemos encontrar un mont¨®n de mediocridades repletas de t¨ªtulos acad¨¦micos y de garant¨ªas colegiales. No decimos que los t¨ªtulos no sean necesarios, sino que la demagogia corporativa llevada a las barricadas callejeras no es la mejor manera de que los j¨®venes arquitectos e ingenieros sean capaces de reparar tanto desastre ecol¨®gico como los doctores que les precedieron han producido en este pa¨ªs.