La magnitud del d¨¦ficit p¨²blico

LAS RECIENTES declaraciones oficiales anunciando que el d¨¦ficit del Estado alcanz¨® en 1986 la cifra de 1,6 billones de pesetas no han hecho sino a?adir una dosis adicional de confusi¨®n a la ya existente en esta materia. Los repetidos anuncios de que el d¨¦ficit p¨²blico disminuy¨® en 1985 parecen cada vez menos veros¨ªmiles y no ser¨¢n las nuevas aseveraciones las que permitan zanjar la cuesti¨®n. De lo que se ha venido hablando hasta ahora ha sido del d¨¦ficit del Estado seg¨²n las definiciones de la contabilidad nacional; de lo que conviene hablar es de las necesidades financieras del conjunto de la administraciones p¨²blicas, que es de lo que se habla en el mundo cuando se discuten los problemas del d¨¦ficit p¨²blico.La diferencia entre una y otra definici¨®n es bastante considerable. La segunda es m¨¢s amplia que la primera puesto que incluye, adem¨¢s del Estado, la Seguridad Social, los organismos aut¨®nomos y los entes territoriales. Tambi¨¦n es la m¨¢s significativa desde el punto de vista econ¨®mico cuando se quieren discutir las consecuencias del d¨¦ficit p¨²blico. Desde esta perspectiva, lo que en definitiva cuenta es la cantidad de recursos que absorbe la financiaci¨®n del conjunto de las administraciones.

Seg¨²n la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB), la necesidad de financiaci¨®n del conjunto de las administraciones p¨²blicas alcanz¨® en 1985 la nada desde?able cifra de 2,4 billones de pesetas, lo cual significa unos 300.000 millones m¨¢s que en 1984. Esta cifra comprende todas las operaciones del sector p¨²blico y, por consiguiente, incluye la operaci¨®n Rumasa en 1984 (440.000 millones) y la asunci¨®n de deuda del INI en 1985 (180.000 millones). Si descontamos estas cifras, el deterioro de las cuentas p¨²blicas es a¨²n mayor del que parece la primera vista y necesita, obviamente, una explicaci¨®n. El margen de acci¨®n que ha procurado la baja de los precios del petr¨®leo podr¨ªa ser bastante menor del hasta ahora previsto," y el permanente anuncio de nuevas medidas econ¨®micas tendr¨ªa una lectura distinta, al menos desde el punto de vista de la racionalidad econ¨®mica.

De confirmarse las cifras avanzadas por el Estado ser¨ªan los otros agentes p¨²blicos los responsables del fuerte incremento del d¨¦ficit. De entre ¨¦stos aparece en primer lugar la Seguridad Social que, tras varios a?os de abstinencia, increment¨® su recurso al Banco de Espa?a en 70.000 millones de pesetas en los dos ¨²ltimos meses de 1985. Se trata de una pr¨¢ctica evidentemente rechazable (el Banco de Espa?a no est¨¢ para eso), pero sobre todo se trata de un indicio de por d¨®nde han podido ir las cosas. Otros candidatos, que han podido contribuir al deterioro, son los ayuntamientos y las comunidades aut¨®nomas. De unos y otros sabemos poco a estas alturas del a?o la urgencia con que reclaman fondos de la Administraci¨®n central podr¨ªa tambi¨¦n utilizarse en informar a los administrados sobre el estado de sus propias cuentas.

Todo esto podr¨¢ discutirse con mayor rigor el d¨ªa en que por fin se publiquen las cuentas del conjunto de las administraciones en 1985, incluso si ¨¦stas son provisionales, pues m¨¢s vale una estimaci¨®n realizada por los propios gestores p¨²blicos que las indirectas a las que se ven abocados los organismos privados. En este sentido, podr¨ªa incluso suceder que los economistas de la AEB se hayan quedado cortos. En cualquier caso, esos 2,4 billones de pesetas est¨¢n muy lejos de los 1,6 billones del Estado (aunque las definiciones sean diferentes) y representan, en porcentaje del producto interior bruto (PIB), la preocupante, cifra del 8,5%, medio punto m¨¢s que en 1984. La magnitud de las cifras requiere una completa y urgente explicaci¨®n p¨²blica.